¿Qué es el «whistleblowing» en el marco del derecho a la información y lucha contra la corrupción? [Recurso de Nulidad 1934-2019, Lima]

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Qué es el «whistleblowing» en el marco del derecho a la información y lucha contra la corrupción

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

Conflicto entre derecho a la información y delito de difamación

Informar sobre actos realizados en ejercicio de la función pública con la mesura del caso no atenta contra el derecho al honor del funcionario denunciado.


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Lima, quince de octubre de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la querellante María Gisella Orjeda Fernández contra la sentencia de vista del veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que confirmando la sentencia de primera instancia, del treinta de noviembre de dos mil dieciocho, absolvió a Fernando Jaime Ortega San Martín de la imputación formulada en su contra por el delito de difamación con agravantes –por medios de comunicación social–, tipificado en el último párrafo del artículo 132 del Código Penal, en su agravio; con todo lo demás que al respecto contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

ANTECEDENTES

Primero. De la pretensión impugnatoria

La defensa de María Gisella Orjeda Fernández solicita que se declare la nulidad de la sentencia. Sus argumentos son los siguientes:

1.1. La sentencia impugnada adolece de motivación aparente porque: i) no respondió los agravios expuestos en el recurso de apelación referidos a la razón por la cual considera que la absolución en sede administrativa supone la exención de responsabilidad penal; ii) descartó la existencia de un quebrantamiento del deber de veracidad, y no fundamentó si lo informado por el querellado infringía los límites impuestos para la libertad de expresión al quebrantar los deberes de veracidad y

corroboración, y iii) señaló que el delito de difamación es uno de tendencia y se requiere el animus difamandi, pero no explicó los fundamentos de su postura.

1.2. La sentencia valoró como irrefutable el Informe número 027-2018-CONCYTEC-DEGC emitido en el ámbito administrativo, pese a que la absolución en sede administrativa no determina la inexistencia de responsabilidad penal. El Tribunal Constitucional estableció en su jurisprudencia que nunca habrá identidad de fundamento cuando se está ante un procedimiento de distinta naturaleza, puesto que los bienes jurídicos de cada ámbito tienen naturaleza distinta.

1.3. La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario número 3-2006/CJ-116, señaló que la protección constitucional al derecho a la libertad de información no alcanza cuando el autor es consciente de que no dice o escribe la verdad cuando atribuye a otro una determinada conducta –dolo directo– o cuando, siendo falsa la información en cuestión, no mostró interés o diligencia mínima en la comprobación de la verdad –dolo eventual– .

1.4. Si bien no es necesario que la información en sí misma sea cierta, se exige que quien la propala haya actuado con la diligencia debida al momento de proceder con su investigación conducente a la obtención de la noticia o un determinado hecho; de lo contrario, se actúa con menosprecio por la verdad y la dignidad de la persona afectada.


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1.5. El ordenamiento jurídico –Ley número 29542, Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito Administrativo y de Colaboración Eficaz en el Ámbito Penal y su Reglamento– exige que las denuncias estén debidamente sustentadas.

1.6. No puede justificarse la imputación de delitos e irregularidades a través de una señal de televisión abierta sobre la base de una verificación de su veracidad ex post, menos aún cuando el querellado tenía información a su disposición que evidenciaba la falsedad de sus imputaciones, lo que implica que deliberadamente procedió a propalar las mentiras.


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