Resocialización: conversión de pena privativa de libertad en pena de prestación de servicios a la comunidad [Recurso de Nulidad 204-2019, Lima]

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conversión de pena privativa de libertad en pena de prestación de servicios a la comunidad

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA

No haber nulidad en condena

Sumilla. Las pruebas que sustentan la sentencia condenatoria son válidas y generaron convicción sobre la responsabilidad penal del procesado, lo que autorizó revertir la inicial presunción de inocencia que le asistía.

Lima, diez de diciembre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Jorge Luis Benites Lazo contra la sentencia del doce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 740), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones, de la Corte de Justicia de Lima, que lo condenó como autor del delito contra la Administración Pública, en su modalidad de cohecho pasivo propio, en perjuicio del Estado, y le impuso una pena privativa de libertad de cuatro años y seis meses; con lo demás que contiene. Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.


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Intervino como ponente la jueza suprema Castañeda Otsu.

Considerando agravios formulados en el recurso de nulidad

PRIMERO. La defensa técnica del sentenciado Jorge Luis Benites Lazo, en su recurso de nulidad (foja 755), solicitó se declare nula la sentencia condenatoria y, reformándola, se le absuelva de los cargos imputados. Señaló como agravios los siguientes:

1.1. No se valoró adecuadamente el testimonio de los efectivos policiales Freddy Rodríguez Arias y Juan Diego Longa Gutiérrez, con relación a la amenaza que sufrió el sentenciado por parte del particular Francisco Alberto Tejada Burga; por el contrario, solo se consideraron sus declaraciones de manera parcializada.

1.2. No se consideró que el testigo Segundo Eusebio Burga Silva, excomandante de la PNP y servidor público de la Municipalidad de San Borja, incumplió sus funciones y acompañó a Francisco Alberto Tejada Burga, hijo del alcalde de dicho distrito, a la comisaría Apolo en La Victoria, donde presentó una denuncia. La versión del testigo, en el sentido de que habría presenciado que su patrocinado le devolvió dinero al presunto agraviado, momentos antes de interponer la denuncia, es falsa y se dio de favor al denunciante.

1.3. No se consideró que conforme con el Decreto Supremo N.° 016-2009- MTC, la infracción cometida por Tejada Burga (conducción en sentido contrario) ameritaba una multa equivalente al 12 % de la UIT; es decir S/ 432, sin retención de licencia. Por tanto, no es cierto lo dicho por el denunciante, en el sentido de que le habría impuesto una multa de 1200 o 840 soles.

Imputación fáctica y jurídica

SEGUNDO. Conforme con la acusación fiscal (foja 509) ratificada en juicio oral, los hechos materia de imputación consisten en que el diecisiete de febrero de dos mil diez, los efectivos policiales en actividad Jorge Luis Benites Lazo y Juan Diego Longa Gutiérrez, intervinieron a Francisco Alberto Tejada Burga por haber cometido supuestamente una infracción de tránsito cuando este conducía el vehículo de placa rodaje N.° IO-4811, por las inmediaciones de la cuadra 3, de la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria. Benites Lazo, en presencia de Longa Gutiérrez, solicitó al intervenido la entrega de dinero, a fin de evitar la imposición de una multa por la infracción cometida, la cual ascendía a la suma de S/ 1200 y la retención de su licencia de conducir, por lo que le indicó que podría devolverle su licencia, pero que la multa era de S/ 840 y lo presionó para que le entregue el dinero a cambio de su licencia. Finalmente Tejada Burga le entregó S/. 50 por su licencia.

Momentos después, Tejada Burga le comunicó a su hijo Alberto Tejada Noriega (en ese tiempo, alcalde de la Municipalidad de San Borja) lo sucedido, quien le aconsejó que presentara la denuncia. Para ello, fue acompañado por el agente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de San Borja, Segundo Eusebio Burga Silva, y presentó la denuncia en la comisaría de Apolo. Al llegar, vio a los dos efectivos policiales, y Benites Lazo se le acercó a pedirle disculpas y le devolvió los S/. 50.


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El fiscal superior imputó a Jorge Luis Benites Lazo ser autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, previsto en el segundo párrafo, del artículo 393 del CP, y solicitó la imposición de seis años de pena privativa de la libertad e inhabilitación de conformidad, conforme con los incisos 1 y 2, artículo 36, del Código Penal y S/ 1000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Fundamentos de la sala penal superior

TERCERO. La Primera Sala Penal de Apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de Lima, emitió sentencia el doce de diciembre de dos mil dieciocho (foja 740), y condenó a Jorge Luis Benites Lazo como autor del delito de cohecho pasivo propio en perjuicio del Estado; y, como tal, le impuso cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad.

Concluyó que su responsabilidad penal está probada, pues la tesis de la defensa no es verosímil; en esencia, señaló que no es creíble que la denuncia sea falsa. Aún si se considera que se produjo un altercado entre el acusado Benites Lazo y el agraviado Tejada Burga, no es posible considerar que se haya gestado un sentimiento de revancha en este último, que lo haya llevado a inventar un requerimiento de dinero, engañado a su hijo, movilizar a un personal y unidad móvil de la Municipalidad de San Borja, a efectos de presentar la denuncia, tanto más si se reconoció que cometió una infracción de tránsito y el efectivo policial –sentenciado– no le impuso multa o condujo a la comisaría, lo cual antes de generar enojo, le generaría agradecimiento (fundamentos jurídicos 9.7 y 9.8).


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