Responsabilidad Administrativa: Determinación, eximentes y atenuantes

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La responsabilidad administrativa forma parte importante dentro de la normativa administrativa, ya que tienen un impacto dentro del ejercicio del servicio público. Por ello, en esta nota te explicaremos en qué consiste la determinación, eximentes y atenuantes.

Determinación de la responsabilidad administrativa

Para determinar la responsabilidad administrativa el primer paso es identificar la existencia de un sujeto, quien sea responsable de un conjunto de funciones y/o atribuciones determinadas, de carácter público al que por dicha condición se le puede denominar funcionario, servidor, empleado público.

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No obstante cabe , precisar que la normativa administrativa ha establecido un criterio expreso respecto a la determinación de la responsabilidad administrativa estipulando que esta es subjetiva, salvo en los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. 

Este cambio normativo (producido conforme al artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272) recoge la postura que se ha venido sosteniendo por la doctrina mayoritaria y en la jurisprudencia comparada respecto de la aplicación del principio de culpabilidad, superando así la idea de que para sancionar una infracción administrativa bastaba solo la voluntariedad del sujeto. 

Cabe indicar que la introducción del principio de culpabilidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador, ha implicado un procedimiento en el que se ha ido superando las resistencias a adoptar principios característicos del Derecho Penal. 

Desde una perspectiva similar, el inciso 2 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estipula que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, evidenciando que, inclusive a nivel supranacional, se considera la existencia de un elemento subjetivo en la apreciación de la responsabilidad. 

En ese sentido, existen razones de orden constitucional que justifican la incorporación del principio de culpabilidad en el ámbito sancionador. La exigencia de la culpabilidad en la infracción tiene una indesligable vinculación con el principio de inocencia previsto en el inciso 24 del artículo 2 de la Carta de 1993, el cual establece toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

Eximentes y atenuantes de la responsabilidad administrativa

Al ejercer su potestad sancionadora, la autoridad administrativa debe valorar una serie de circunstancias vinculadas al caso concreto que le permitirán determinar si se ha configurado un supuesto de exclusión de responsabilidad (condiciones eximentes) o un supuesto de reducción de la sanción aplicada (condiciones atenuantes) en los casos en que así corresponda. 

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Estos supuestos se encuentran previstos en el artículo 255 del TUO de la Ley Nº 27444 en los siguientes términos:

Artículo 255.- Eximente y atenuante de responsabilidad por infracciones 

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 253. 

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe. b) Otros que se establezcan por norma especial”. 

Mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272 se incorporó en la normativa administrativa el inciso 1, referido a las condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones. Los literales a), b), d) y e) del inciso 1 son factores que tienen como objeto romper el nexo causal entre el sujeto y la conducta imputada, lo cual está directamente relacionado con la existencia del principio de causalidad en materia sancionadora. 

Conviene tomar en cuenta que estos supuestos no son novedad en el ordenamiento jurídico peruano. Así, el artículo 104 del Código de Protección y Defensa del Consumidor señala que “el proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado”. 

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De igual forma, los literales b) y c) del artículo 191 del Decreto Legislativo N° 1053, Decreto que aprueba la Ley General de Aduanas, señala que no serán sancionables las infracciones derivadas de “Hechos que sean calificados como caso fortuito o fuerza mayor; o fallas en los sistemas internos o falta de implementación informática, atribuibles a la Sunat”.

En tal sentido, como se ha señalado en el acápite anterior, cuando se aprecien supuestos de rompimiento del nexo causal del hecho infractor (sea que se trate de un supuesto de responsabilidad subjetiva o responsabilidad objetiva), ello determinará la ausencia de responsabilidad administrativa por parte del administrado imputado. 

Por su parte, el literal c) del inciso 1 referido a la incapacidad mental debidamente comprobada como eximente de responsabilidad se encuentra directamente relacionado con los supuestos de responsabilidad subjetiva, debido a que solo a una persona con discernimiento se le puede exigir un actuar con intencionalidad o negligencia. Las personas carentes de capacidad mental que no tienen la aptitud para comprender las infracciones no son personas inimputables en nuestro ordenamiento jurídico. 

El supuesto previsto en el literal f) tiene una naturaleza distinta a los anteriores, toda vez que prevé una conducta típica y antijurídica, con intencionalidad o culpa, en la que el administrado decide subsanar su infracción antes que la autoridad administrativa decida ejercer su potestad sancionadora. Es un supuesto sustentado en una decisión de política punitiva por proteger el bien jurídico, prefiere la acción reparadora espontánea del administrado responsable antes que realizar diligencias preliminares e iniciar el procedimiento sancionador con todos los costos que ello involucra. 

Cabe indicar que este supuesto no solo consiste en el cese de la conducta infractora sino que, cuando corresponda, la subsanación implica la reparación de las consecuencias o efectos dañinos al bien jurídico protegido derivados de la conducta infractora. Ello con la finalidad de no generar impunidad y evitar que el imputado se apropie del beneficio ilícitamente obtenido por la infracción. 

De otro lado, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272 también modifica el inciso 2 referido a las condiciones atenuantes de responsabilidad, las cuales permitirán a la autoridad administrativa aumentar o disminuir el quantum de la sanción a aplicar. 

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