Retos y desafíos del compliance gubernamental

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 Dr. Rubén Darío Merchant Ubaldo
 Posdoctorado en investigación jurídica

Hoy en día, el compliance tiene una mayor aceptación a nivel mundial, y en Latinoamérica, no es la excepción, debido a que a través de dicho modelo se alertan, previenen y mitigan riesgos, garantizando el correcto funcionamiento del manejo y destino de los recursos, así como evitando pérdidas financieras, e incluso, la reputación. Además, como lo señala el colega Jorge Luis Martínez Ocampo, permite establecer estándares de buenas prácticas y códigos de conducta.

En un plan de acción de cumplimiento integral, es posible abarcar distintos escenarios; por ejemplo, aspectos corporativos, administrativos, económicos, presupuestarios, fiscales, civiles, laborales, seguridad social, penales y criminología, así como en temas ambientales, sanitarios, bancarios, seguridad privada; por citar algunos. Todo lo anterior, depende del giro, entorno y dimensión de la empresa, negocio, sociedad u asociación.

Ahora bien, si bien la naturaleza del compliance, es de índole privado y surgió en los años setenta en Estados Unidos de Norte América, también lo es, que ya es posible aplicarlo en el sector público, con el denominado “Compliance Gubernamental”, ya sea para servidores públicos en funciones o electos. Por supuesto, que tiene otras características y herramientas, inherentes a las instituciones del Estado, comprendiendo lo siguiente:

La corrupción en el sector público

Para la implementación de un plan estratégico de compliance, primero debemos atender el problema de la corrupción con detección, coordinación, prevención, sanción y fiscalización, e ir formando una cultura de la legalidad, pues ningún modelo funcionará, por muy bueno que sea, si de por medio existe dicho cáncer. Aunque, es más visible y mediático en el sector público a diferencia del privado, sin embargo, en este último, también existe, aunque con menor dimensión.

Uno de los objetivos del compliance, es un cambio de paradigma en las dependencias, es decir, en lugar de considerar un “Sistema Nacional de Anticorrupción”, sustituirlo por un “Sistema de Política de integridad, ética y probidad pública”, desde luego, que incluya la participación de la sociedad.

Diagnóstico de riesgos en el gobierno

Son comunes las quejas o reclamos en contra de los entes públicos, ello guarda relación con los servicios prestados; verbigracia, en salud, movilidad, educación, mantenimiento de calles y avenidas, seguridad pública, alumbrado, agua potable y alcantarillado; etc. Consecuentemente, se debe hacer un diagnóstico de riesgos e investigación, para conocer dónde están las fallas, errores, omisiones y corregirlos.

De no ser así, implicaría pago de indemnizaciones a víctimas o usuarios hasta por cantidades millonarias, como la que deriva de la “Responsabilidad Patrimonial del Estado”, encontrándose implícito el daño moral, afectando las arcas públicas; inclusive, podrían derivarse distintos tipos de responsabilidad de servidores públicos, ya sea penales, administrativas y laborales.

Existen casos mediáticos y que se hacen virales, en donde se tienen los reflectores de la sociedad, esto ha provocado la renuncia o despido de altos funcionarios, lo cual se podría haber prevenido con un programa de cumplimiento gubernamental, así como con protocolos de actuación para el manejo de crisis.

Aplicación de los sistemas de control interno

Las instituciones del Estado, regularmente se encuentran muy endebles en la aplicación irrestricta de los sistemas de control interno, lo anterior, obedece a múltiples factores, que se pueden corregir a través del compliance, en el entendido de que su aplicación, requiere una independencia del oficial de cumplimiento en sus funciones y contar con el personal idóneo.

Implementación estratégica de mecanismos de prevención

Si bien, en la legislación nacional como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por citar algunas. Todas ellas obligan a las autoridades y demás servidores públicos, para adoptar mecanismos de prevención, la realidad es que, no se aplican por desconocimiento, corrupción o ausencia de un plan estratégico.

Po otro lado, la Secretaría de la Función Pública, las Contralorías locales y Órganos Internos de Control, tradicionalmente se han focalizado a la investigación y fincamiento de responsabilidad administrativa, empero, ahora representa un gran reto que, como órganos garantes del control y vigilancia gubernamental, ajusten de manera adecuada los citados mecanismos, partiendo por dotarlos de autonomía constitucional y fáctica, para que realmente cumplan sus funciones.

Resalta el comentario de la funcionaria judicial e investigadora Zulema Mosri Gutiérrez, cuando cita públicamente la figura de la “acción de remediación”, que consiste en construir una administración pública efectiva, para identificar las limitaciones de la responsabilidad patrimonial del Estado, corregir las anomalías burocráticas que afectan la relación de los ciudadanos con su gobierno y ofrecer una posibilidad complementaria a la sanción de servidores públicos e indemnización de los afectados.

Crear canales de denuncia

Es conveniente que cada ente público diseñe y establezca un canal de denuncias, el cual brinde secrecía y protección de datos sensibles que provengan de los denunciantes, así como facilidad en el llenado, y que puede ser digital en la plataforma de la institución, correo electrónico, vía telefónica o en físico. Una vez conocido el hecho, da motivo a una investigación imparcial y respetando ante todo los derechos humanos.

La socialización de las normas jurídicas

En otro momento he propuesto, que es prioritario socializar las normas jurídicas con el fin de prevenir su incumplimiento; esto es, conocer el marco jurídico de la institución pública, así como los procesos y estructura; denunciar y generar propuestas de los vacíos, errores, incongruencias y faltas de actualización; aplicación irrestricta de la ley por los directivos; capacitación constante; solicitar asesoría jurídica y concientizar a los servidores públicos de las consecuencias legales, por incumplimiento o trasgresión de las mismas.

Código de conducta y comité de ética

Los códigos de ética y conducta, abonan a lograr buenas prácticas en las instituciones, pues contienen principios y valores, incluye la institucionalización de comités éticos, cuyos integrantes deben gozar de honorabilidad y congruencia desde la alta dirección. Recordando siempre que, los servidores públicos, únicamente pueden hacer aquello que expresamente les faculta la ley, a diferencia de los ciudadanos, se ciñen con el aforismo de que “lo que no está prohibido, les está permitido”.

La profesionalización del servicio público

Un sistema de profesionalización representa un cambio positivo en el actuar de los funcionarios y servidores públicos, lo compone una selección adecuada de personal; un sentido de responsabilidad y pertenencia; meritocracia y oportunidad de asensos; actualización y capacitación; la dotación de herramientas de trabajo; una actitud positiva; líderes en lugar de jefes; conocer y respetar los derechos humanos; fomentar la transparencia, ética y valores; salarios justos y acicates; innovación y buen trato a la ciudadanía.

Administración inteligente y gestión estratégica

El compliance en el sector público, no sólo se limita a un aspecto jurídico, sino a un modelo más integral y que he denominado “Administración Inteligente y Gestión Estratégica”, el cual se compone de voluntad política como base fundamental; meritocracia; dignificar el servicio público; escuchar a expertos para encontrar soluciones; compactación de puestos innecesarios; aplicar una política de simplificación administrativa y conocer las necesidades fácticas de la población.

Así mismo, asignar puestos acorde al perfil; inversión y uso efectivo de recursos públicos; manejo adecuado del equipo de trabajo; implementación del gobierno digital; mejorar la calidad de los servicios públicos; visión a futuro del desarrollo gubernamental; capacitación; premiar los resultados, la honestidad e innovación; transparencia, protección de datos, rendición de cuentas y participación ciudadana; informe de logros; autonomía de las instituciones de contraloría pública; combate a la corrupción y conocer las acciones asertivas de otros gobiernos.

Visión y vanguardia en el sector público

Cuando se implementa un modelo compliance gubernamental, se tiene la posibilidad de considerar referentes mundiales vanguardistas, que se están aplicando en otros países como la economía circular, ciudades inteligentes, gobernanza 4.0 y 5.0, con la visión de cumplir con los compromisos de la agenda 2030, tanto para el sector privado como el público.

Una propuesta interesante del experto Martínez Ocampo, Jorge Luis, es un modelo de compliance en el sector público, con cuatro aspectos torales: a) Blindaje de personas, para que se desempeñen con integridad; b) Transparencia en los procesos y efectiva rendición de cuentas; c) Contención oportuna y estratégica de personas en riesgo, y 4) Manejo correcto de la información, para la defensa estratégica y adecuada.

Consecuentemente, instituir el compliance gubernamental, aun requiere de propuestas para que se materialice e ir construyendo una cultura de prevención, entre ellas, que las instituciones públicas contraten los servicios de una consultoría externa; crear un departamento de cumplimiento o capacitar a las contralorías para que lo ajusten como un traje a la medida, y porque no, dar nacimiento a una Secretaría de Estado o Ministerio Compliance en el sector público, ello dependiendo del presupuesto y nivel de gobierno de que se trate en el ámbito federal, estatal o municipal.

DATOS DEL AUTOR

NOMBREDR. RUBÉN DARÍO MERCHANT UBALDO
GRADO ACADÉMICOLicenciatura en Derecho (Ced. Prof. 4102769).
Especialidad en Derecho Penal (Ced. Prof. 10703405).
Maestro en Derecho Civil (Ced. Prof. 8224338)
Maestro en Alta Dirección Empresarial (Ced. Prof. 11268703).
Doctor en Derecho (Ced. Prof. 12843551).
Doctor el Alta Dirección Estratégica Internacional (Ced. Prof. 11878546).
Posdoctorado en Investigación Jurídica (Acdo. Secretaría de Educación Pública. 20121935). Posdoctorado en “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” en la Universidad de Buenos Aires y con el auspicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.
ESTANCIAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓNUniversidad de San Petersburgo (Rusia).
Instituto de Latinoamérica Academia de Ciencias en Moscú (Rusia).
Universidad de Helsinki (Finlandia).
Universidad Rey Juan Carlos (España).
ACTIVIDAD PROFESIONALEscritor, catedrático, investigador y columnista: Derecho, Criminología y Alta Dirección.
CONFERENCISTA Y FACILITADOR NACIONAL E INTERNACIONALLicencia internacional CIC MS-101. Cámara Internacional de Conferencistas con sede en Perú. Conferencias, cursos y talleres presenciales: México, Paraguay, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil, Rusia, Ecuador, Finlandia y Perú.
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