Revisión de los actos en la vía administrativa: Definición y clasificación

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La revisión de los actos en vía administrativa forma parte fundamental en el procedimiento que el ordenamiento jurídico establece. Por ello, en esta nota te explicaremos qué es y cuál es la clasificación que se configura para la revisión de los actos en la vía administrativa.

¿Qué es la revisión de los actos en la vía administrativa?

La revisión de los actos en vía administrativa presupone la emisión de un acto administrativo sobre el cual recaerá, posteriormente, el acto revisor, a efectos de analizar y evaluar tanto los aspectos formales y procedimentales que se ha seguido para su emisión así como el contenido del acto para que no vulnere un derecho de los administrados y el interés público. El objetivo de esta actividad es garantizar que los actos administrativos que impacten en las situaciones y relaciones jurídicas de los administrados sean conforme al Derecho.

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Clasificación  de la revisión de los actos en la vía administrativa

Las resoluciones expedidas por la administración pueden ser revisadas de oficio por la autoridad o pueden ser contradichas por los administrados mediante recursos administrativos. 

a) Revisión de oficio:  

  • Rectificación de errores: Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.  
  • Nulidad de oficio: En caso que se hubiera incurrido en una nulidad – por ejemplo si el acto fuera contrario a la Constitución o a las leyes, si fue emitido por funcionario incompetente o si carece de alguno de los requisitos necesarios para su validez – puede declararse de oficio la nulidad, aun cuando el acto haya quedado firme, siempre que agravie el interés público. La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada por resolución del mismo funcionario (modificado por el Decreto Legislativo 1029 del año 2008 y por el 1272 del 2016). 

Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de  contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. 

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En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa. 

La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. Respecto de la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del Artículo 10, el plazo para declarar la nulidad de oficio se extiende hasta un (1) año después de la notificación de la resolución correspondiente a la sentencia penal condenatoria firme.

  • Revocación: La revocación del acto administrativo sólo procede de manera excepcional y con efectos hacia el futuro, en los siguientes casos: 

A. Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal. 

B. Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. 

C. Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 

D. Cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique la situación jurídica del administrado, siempre que no lesione derechos de terceros ni afecte el interés público. La revocación prevista en este numeral sólo puede ser declarada por la más alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para presentar sus alegatos y evidencias en su favor.

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La revocación sólo podrá ser declarada por la más alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencias en su favor. 

b) Recursos Administrativos

El administrado puede contradecir los actos administrativos que se supone violan, desconocen o lesionan un derecho o interés legítimo. La contradicción se realiza mediante los siguientes recursos administrativos:  

  • Recurso de reconsideración: Se interpone ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.  
  • Recurso de apelación: Se interpone cuando la impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.  
  • Recurso de revisión: Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia de competencia nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

El término para la interposición de los recursos es de quince días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta días. 

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