Revocación del acto administrativo: Definición, supuestos, procedimiento e indemnización

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El acto administrativo es un aspecto fundamental en el marco de las normas del derecho administrativo. Por ello, en esta nota te explicaremos sobre qué es la revocación del acto administrativo y cuáles son supuestos, así como cuál es su procedimiento e indemnización.

¿Qué es la revocación de un acto administrativo?

La  revocación del acto administrativo es una potestad excepcional que tiene la Administración para modificar, reformar, sustituir o extinguir los efectos jurídicos futuros de un acto administrativo válido. El ejercicio de esta potestad se sustenta en un cambio de las circunstancias (fácticas o jurídicas) que dieron lugar a la emisión del acto declarativo o constitutivo de derechos y a que el interés público exija la revocación de dicho acto. A continuación se desarrollará cada uno de los supuestos habilitantes para la revocación de un acto administrativo.

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En nuestro ordenamiento jurídico, como regla general, no es posible que la autoridad administrativa revoque, modifique o sustituya un acto administrativo declarativo o constitutivo de derechos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

Supuestos habilitantes para revocar un acto administrativo

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 203 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los supuestos habilitantes para revocar un acto administrativo son los siguientes: 

(i) La existencia de una norma con rango de legal que autorice la revocación del acto; 

(ii) La modificación de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto, cuya permanencia resulta indispensable para la existencia de la relación jurídica creada; o, 

(iii) La apreciación de elementos de juicio sobrevinientes que favorezcan legalmente a los destinatarios del acto y no generen perjuicios a terceros.

Cabe precisar que la decisión de revocar un acto administrativo lleva implícito el deber que tiene la autoridad de proteger el interés público. Será la prioridad que se otorga al interés público lo que justificará que se pueda revocar un acto administrativo aun cuando dicho acto declare u otorgue un derecho a un administrado. 

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Procedimiento de la revocación de un acto administrativo

Un aspecto a tener en cuenta es que, antes de revocar cualquier acto, la autoridad debe garantizarle un debido procedimiento al administrado perjudicado con esa decisión, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional respecto de que las garantías mínimas de un debido proceso deben ser observadas en sede administrativa.

Como puede apreciarse en este caso, el Tribunal Constitucional ha señalado que no se puede dejar sin efecto un acto administrativo (una licencia en este caso), sin antes haberle iniciado un procedimiento al administrado donde éste pueda ejercer su derecho de defensa frente a la decisión que pretende adoptar la autoridad. 

De igual manera, la Sala Nº 1 del Tribunal del Indecopi señaló que, entre las garantías mínimas, se encontraría el que se le comunique al administrado perjudicado que se considera revocar un acto administrativo que le concede un derecho; cuáles serían las razones que sustentarían esa decisión y el otorgamiento de un plazo razonable para que el particular presente sus argumentos y pruebas para, si fuera el caso, oponerse a la revocación. La idea de fondo es garantizarle al administrado la facultad de contradecir la decisión de la administración en un tiempo razonable.

Indemnización por la revocación de un acto administrativo

De conformidad con el Numeral 205.1 del Artículo 205 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la resolución que la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización correspondiente en sede administrativa. 

Así, el Tribunal del Indecopi ha señalado que dicha resolución deberá contener, como mínimo, la cuantía de la compensación y la autoridad encargada del pago. 

La cuantía de la compensación debe comprender el daño emergente y lucro cesante causados al administrado producido hasta la notificación de la resolución de revocación, lo que implica que también “(…) comprenderá las inversiones realizadas para emprender la actividad habilitada, la expectativa razonable de ingresos esperados y el hecho de que dejara [sic] de percibir debido a la revocación(…)”, toda vez que la finalidad de la compensación es que patrimonialmente el particular se encuentre en la misma situación en la que hubiera estado de no haber sufrido los perjuicios de la revocación. 

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Así, las inversiones efectuadas con posterioridad a la notificación no deben ser contempladas en la resolución de revocación como parte de la indemnización. 

La indemnización de la revocación de un acto administrativo se justifica en que el acto administrativo que le otorgaba un derecho al administrado era un acto válido, motivo por el cual éste no debe verse perjudicado por situaciones que no eran de su responsabilidad. 

Finalmente, es necesario advertir que, de acuerdo al Numeral 205.2 del Artículo 205 de la LPAG, los actos incursos en causal de revocación o nulidad de oficio cuyos efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, la cual será dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación.

De esta manera, frente a actos cuyos efectos ya se produjeron o que habiendo tenido efectos durante algún tiempo su objeto se haya cumplido, podrá únicamente la Administración Pública pretender un resarcimiento compensatorio ante la sede judicial, por resultar inoficioso declarar la nulidad o revocación de dicho acto a estas alturas del proceso.

Algo más

De acuerdo al Numeral 203.3 del Artículo 203 de la LPAG, la revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor. 

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