Robo agravado: TC inaplicó el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal [Sentencia 863/2021]

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Robo agravado: TC inaplicó el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal

EXP. N.° 00413-2021-PHC/TC 
PIURA 
MANUEL ALEJANDRO ZARATE LAZO, 
REPRESENTADO POR MANUEL ENRIQUE
ZARATE GARAY, ENRIQUE BERNAL 
SOLANO, PRESIDENTE DE CONAN PERÚ Y OTROS

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Enrique Zárate Garay y don Enrique Bernal Solano, en representación de la Coordinadora Nacional Anticorrupción del Perú, contra la resolución de fojas 721, de fecha 18 de noviembre de 2020, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.

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FUNDAMENTOS RELEVANTES 

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de: (i) la resolución de prisión preventiva, expedida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana; (ii) la sentencia, Resolución 7, de fecha 7 de marzo de 2016, que condenó a don Manuel Alejandro Zárate Lazo como autor del delito de robo agravado y le impuso catorce años de pena privativa de la libertad efectiva; (iii) la Resolución 13, de fecha 21 de septiembre de 2016, que confirmó la citada sentencia en el extremo de la condena, la revocó en cuanto a la pena, la reformó y le impuso doce años de pena privativa de la libertad (Expediente 00258-2016-0-3102-JR-PE-01; (iv) la Resolución 14, de fecha 17 de octubre de 2016, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de vista; y, (v) la Resolución de fecha 23 de octubre de 2017, que declaró infundado el recurso de queja de derecho por denegatoria del recurso de casación (Queja NCPP 695-2016).

4. La demanda, en un extremo, refiere que don Manuel Alejandro Zárate Lazo no fue autor del robo agravado y fue involucrado por rencor por parte del comisario contra su padre; que los hechos consignados en el acta de denuncia verbal no tienen relación con los hechos ocurridos el 30 de enero de 2016 entre las 03:00 a 03:15 horas, pero sí con la ampliación de denuncia que se realizó a las 15:00 horas; que el agraviado (proceso penal) no reconoce a las personas que le robaron y golpearon; que no existe comprobante del dinero robado; que el agraviado (proceso penal) afirmó que no vio a los dos delincuentes, ni los tatuajes, y que todo ocurrió en un lugar oscuro, pero en la ampliación de la denuncia declaró que vio los tatuajes, pero no acertó en el lugar en que estos se encontraban; y que del certificado médico legal no se acredita de que el favorecido hubiese participado en una pelea.

5. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que le corresponde a la judicatura ordinaria subsumir una conducta determinada en un tipo penal específico, verificando los elementos constitutivos del delito y dilucidando la responsabilidad penal o la valoración de las pruebas y su suficiencia. El proceso constitucional de habeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional final, en la medida en que esta implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigadoras y de valoración de pruebas.

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6. En cuanto a la resolución de fecha 23 de octubre de 2017 (www.pj.gob.pe), que declaró infundado el recurso de queja de derecho contra la Resolución 14, de fecha 17 de octubre de 2016, este Tribunal Constitucional considera que se pretende cuestionar el criterio de los magistrados supremos, puesto que si bien estimaron que en el recurso de casación se invocó la causal del artículo 429, inciso 1, y alternativamente el artículo 429, inciso 4, del Código Procesal Penal; sin embargo, sus argumentos cuestionaban la no realización de actos de investigación, la valoración, de las pruebas documentales ofrecidas por la defensa legal, la verosimilitud de la declaración del agraviado y la valoración de las pruebas testimoniales; es decir, se consideró que se pretendía que mediante un recurso extraordinario se habilite una tercera instancia en la que se haga una revaloración probatoria.

7. Por consiguiente, respecto a lo reseñado en losfundamentos 4 a 6,supra, corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 7, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, toda vez que los hechos y los fundamentos que lo sustentan exceden el ámbito de control constitucional que se puede efectuar a través del habeas corpus.

8. Respecto a los alegatos de ausencia de flagrancia así como al cuestionamiento de la prisión preventiva que le habría sido impuesta al favorecido, cabe señalar que a la fecha de interposición de la demanda, aquel se encontraba privado de su libertad en mérito a las sentencias condenatorias impugnadas en autos, por lo que dicho extremo debe ser desestimado conforme a lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, toda vez que la privación de la libertad del favorecido se sustenta en una sentencia condenatoria, y no en una detención en flagrancia o por mandato de una resolución que ordena la prisión preventiva.

[Continúa…]

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