ROBO: suficiencia de la prueba de cargo [Recurso de Nulidad 634-2021, Pasco]

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ROBO suficiencia de la prueba de cargo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

SUFICIENCIA DE LA PRUEBA DE CARGO/CONVERSIÓN DE LA PENA

1. La prueba de cargo actuada en juicio tiene mérito probatorio para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al acusado. Si los argumentos del recurso de nulidad no encuentran respaldo objetivo, deben ser desestimados.

2. La pena concreta final y su conversión a prestación de servicios a la comunidad se implementaron en armonía con los fines de la pena (filosofía de reinserción).

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la defensa de Waldir Sáenz Povis Calderón y la Primera Fiscalía Superior Penal de Pasco contra la sentencia del dieciséis de diciembre de dos mil veinte (folios 681-703) expedida por la Sala Mixta y Sala Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Pasco. Mediante dicha sentencia se condenó a Waldir Sáenz Povis Calderón como autor del delito tentado de robo con agravantes (previsto y sancionado en el artículo 188, en concordancia con el inciso 2 del primer párrafo e inciso 1 del segundo párrafo del artículo 189 del Código Penal), en perjuicio de Edith Elsa Caro Calero. Se le impuso cinco años de pena privativa de libertad y se fijó en mil soles el monto por concepto de reparación civil que pagará a favor de la agraviada.

Intervino como ponente el juez supremo GUERRERO LÓPEZ.

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CONSIDERANDO

1.1. El recurso de nulidad es el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios que regula el Código de Procedimientos Penales. En términos del profesor García Rada: “Se trata de un medio de impugnación suspensivo, parcialmente devolutivo y extensivo que se interpone a efectos de alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión superior”1. De acuerdo con nuestro ordenamiento procesal, el recurso de nulidad permite la revisión total de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema.

1.2. La Sala Penal de la Corte Suprema tiene facultades para modificar o revocar la sentencia o auto dictados por la instancia inferior. Previa a la resolución final de la Sala Suprema, el Ministerio Público debe emitir pronunciamiento y lo hará si la causa se encuentra dentro de los supuestos taxativamente contemplados en el artículo ochenta y tres de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Frente a la decisión adoptada no cabe recurso alguno y, por lo tanto, la causa se agota procesalmente dado que la ejecutoria genera estado definitivo del proceso.

Segundo. Imputación fáctica

Según los términos de la acusación fiscal (folios 159-166), el dos de agosto de dos mil once, aproximadamente a las 21:45 horas, cuando la agraviada Edith Elsa Caro Calero se dirigía a comprar medicinas a dos cuadras y media de su domicilio (ubicado en la avenida José Ferreyra García, Tinyahuarco, Colquijirca, en el departamento de Pasco) se percató de que la seguían por lo que volteó y se percató que el denunciado, Waldir Sáenz Povis Calderón intentaba esconderse. Luego, este comenzó a correr hacia ella, por lo que la agraviada buscó un lugar seguro y se dirigió a la casa del señor Eladio Trinidad, golpeó la puerta y pidió auxilio. 

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Al alumbrar con la linterna del celular identificó al acusado quien pretendía robarle el teléfono, le propinó golpes en el rostro, cabeza y en el brazo derecho con lo que le ocasionó las lesiones descritas en el Certificado Médico Legal N.° 001635-PF-AR (que determinó cinco días de atención facultativa por quince días de incapacidad médico legal). En esas circunstancias se acercó otro sujeto, pero como el dueño de la casa salió a la ventana y prendió las luces de su casa, el acusado y el otro sujeto se dieron a la fuga. La agraviada fue auxiliada por la señora Horminda de la Cruz, quien le proporcionó agua y luego en la farmacia le suministraron una pomada para el rostro y le aplicaron ampollas.

Tercero. Fundamentos de los recursos

3.1. La defensa del sentenciado solicita la nulidad de la sentencia y se proceda a su absolución, sobre la base de los siguientes fundamentos (folios 716-725):

3.1.1. El Colegiado Superior tuvo por acreditada la imputación fiscal con la “denuncia policial” que realizó la agraviada, la cual no existe, puesto que solo obra el atestado policial, al que se adjunta la declaración de la agraviada (tomada sin presencia del Ministerio Público). En esta la agraviada sostuvo que forcejeó con el recurrente y fue una tercera persona quien apareció con la finalidad de robarle su celular. Estas agresiones fueron ratificadas por los testigos Horminda de la Cruz Palacios y Ángel Iván Caro Arias, razón por la que en dicho atestado se concluyó que no estaba acreditado el delito de robo pero sí de lesiones. En consecuencia, se afectó el derecho a tener una decisión motivada, tanto más si se citan pruebas inexistentes.

3.1.2. La Sala determinó que está acreditado el delito tentado de robo con agravantes sobre la base del atestado policial, que como se ha dicho concluyó es que se trató de un delito de lesiones leves, pues no se acreditó el robo con agravantes, por lo que no puede basarse una condena en un atestado que tiene otra conclusión.

3.1.3. Otra apreciación errónea de los jueces superiores fue consignar como prueba que acredita el delito de robo, la declaración de la testigo Horminda de la Cruz, quien claramente sostuvo que no vio nada del presunto robo pues todo estaba oscuro, solo vio a la agraviada en su puerta a quien prestó ayuda y llevó a la botica.

3.1.4. Tampoco consideraron que el testigo Ángel Iván Caro Arias (padre de la agraviada) solo señaló que se dirigió directamente a la botica (por llamada de Horminda de la Cruz), donde encontró a su hija y esta le dijo que la habían atacado dos personas, e inmediatamente salió a buscarlos, es decir, que nunca afirmó que se hubiera intentado robar a la agraviada.


[Continúa…]

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