Se debe garantizar derecho de defensa de personas analfabetas y quechuahablantes [Expediente 03085-2019-PHC/TC]

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Se debe garantizar derecho de defensa de personas analfabetas y quechuahablantes

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 03085-2019-PHC/TC, LIMA

CLEMENCIA JARA AQUINO,
REPRESENTADA POR DIANA YAIMI ALANIA JARA

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Diana Yaimi Alania Jara, en representación de su señora madre doña Clemencia Jara Aquino, contra la resolución de fojas 266, de fecha 2 de mayo 2019, expedida por la Sexta Sala Penal – Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.

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FUNDAMENTOS RELEVANTES

2. La fundamentación de la presente demanda se basa medularmente en la Sentencia 07731-2013-PHC/TC, que declaró fundada la demanda de habeas corpus de la coprocesada de la favorecida, doña Carmen María Villanueva Polinar (fallecida), sosteniéndose que la favorecida se encontraría en la misma situación que su coprocesada. En tal sentido, la controversia en el presente caso está vinculada con el desarrollo del proceso penal seguido a la favorecida y las garantías otorgadas a su defensa tomando en cuenta su condición de quechuahablante. No obstante, este Tribunal observa que doña Clemencia Jara Aquino también es una persona analfabeta como su coprocesada doña Carmen María Villanueva Polinar, por lo que considera que dicha situación ha podido incidir de manera negativa en el ejercicio debido de su defensa, en la medida en que tendría limitaciones para la comprensión de su situación jurídica. Por ello, en atención a lo prescrito por el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal es de la opinión que el pronunciamiento a emitir en el presente caso, si bien tiene como eje principal el análisis de una supuesta afectación al derecho de defensa, ello no se podrá llevar a cabo sin verificar cuáles habrían sido las consecuencias de procesar penalmente a una persona quechuahablante y analfabeta, sin la debida asistencia técnica de un intérprete para el efecto.

3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, inciso d) reconoce el derecho de defensa como aquel “derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”. En tanto que el artículo 139, inciso 14 de la Constitución lo enuncia del siguiente modo: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente, y por escrito, de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”.

4. Sobre el derecho de defensa, este Tribunal ha dejado claro en su jurisprudencia que “constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés” (cfr. Sentencias 05085-2006-PA/TC, 04719-2007-PHC/TC, entre otras).

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5. Asimismo, cabe recordar que el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.

6. Lo establecido en los fundamentos precedentes sobre el derecho de defensa no sería posible si, en el seno de un proceso, no se nombra intérprete a aquella parte que tiene como idioma propio uno distinto al castellano y, en consecuencia, no tiene la posibilidad de entender el idioma usado en los tribunales, a fin de ejercer su derecho de defensa constitucionalmente protegido.

7. En esa línea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.3 ha dejado establecido las siguientes garantías mínimas para las personas: “a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”, y “f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal”. En tanto que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en el artículo 8.2.a el “derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”.

[Continúa …]

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