Secuestro de menor y responsabilidad del sentenciado [Recurso de Nulidad 165-2020, Lima Norte]

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Secuestro de menor y responsabilidad del sentenciado

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Secuestro de menor y responsabilidad del sentenciado

Sumilla. En los delitos de secuestro, los intervinientes tienen como objetivo principal obtener beneficios a cambio de la liberación del secuestrado y cuando esto último sucede, ello se realiza en lugares con poco riesgo de ser descubiertos, lugares despoblados o con poca iluminación, lo que en este caso no ocurrió. Se trató, como bien lo indicó la Sala Penal Superior, de un secuestro atípico, no convencional debido al contexto en que ocurrieron los hechos. En ese sentido, se acreditó su responsabilidad en el delito imputado.

Lima, dos de marzo de dos mil veintidós

VISTO: el re de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado Walter Pardo Andía contra la sentencia del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve (foja 659) emitida por la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que lo condenó como coautor del delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro, en perjuicio de Luís Aldair Guzmán Sobrino. Le impuso veinticinco años de pena privativa de libertad y fijó en diez mil soles la reparación civil a favor del citado agraviado, con lo demás que contiene. De conformidad con la opinión del fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema SUSANA CASTAÑEDA OTSU.

[Lee también: Secuestro: ¿Cómo se configura el error de prohibición vencible? [Casación 61-2020, Lambayeque]

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y CALIFICACIÓN JURÍDICA

PRIMERO. Conforme fluye de la acusación fiscal escrita y ratificada en juicio oral (fojas 374 y 634, respectivamente), se atribuyó a Pardo Andía haber participado en la privación de libertad del adolescente Luis Aldair Guzmán Sobrino (15 años de edad), lo que sucedió el 15 de agosto de 2012, cuando transitaba a la altura de la calle Los Olivos mz. H2 de la urbanización Los Jazmines de Naranjal en el distrito de San Martín de Porres, con su hermano menor (seis años de edad) en dirección a su centro de estudios. Fue interceptado por dos sujetos desconocidos, quienes descendieron de un vehículo color plomo, provistos de armas de fuego, y en forma violenta y con amenazas lo subieron al vehículo, vendaron sus ojos, lo ataron de las manos y lo llevaron con rumbo desconocido.

Tres días después, el 18 de agosto de 2012, en horas de la noche, por indicación y comunicación del acusado Walter Prado Andía (a) “Corona”, Luis Enrique Guzmán Sánchez entregó la suma de seis mil quinientos dólares americanos a una persona de apelativo “Sica” después de la liberación del menor agraviado, quien es su hijo, el mismo que fue dejado por inmediaciones del Colegio Fátima, ubicado a siete cuadras de su casa.

SEGUNDO. Por estos hechos, el fiscal superior de la Séptima Fiscalía Superior Penal acusó a Pardo Andía como autor del delito contra la libertad en la modalidad de secuestro previsto en el artículo 152 del Código Penal (CP)con la agravante prevista en el numeral 11, segundo párrafo referida a la comisión de dos o más personas, en concordancia con el numeral 1, último párrafo, del citado artículo, que establece la pena de cadena perpetua.

Solicitó se le imponga treinta años de pena privativa de la libertad y se fije en diez mil soles (S/10 000,00) la reparación civil en favor del agraviado.

[Lee también: Disminución prudencial de la pena en el delito de secuestro extorsivo [Casación 801-2020, Piura]

SENTENCIA MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO

TERCERO. La Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte emitió la sentencia que es materia del recurso de nulidad, la que dio por probada la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado Pardo Andía. Sus argumentos fueron los siguientes:

3.1 La condena se sustentó probatoriamente en las declaraciones realizadas en juicio oral por el acusado Pardo Andía, la madre del menor agraviado Fresia Sobrino Tupiño, el agraviado Guzmán Sobrino y por los efectivos policiales Gerson Rojas Fernández y Pedro José Tello Trujillo. Asimismo, de los datos obtenidos a nivel preliminar por las manifestaciones policiales del menor y de su padre, el Certificado Médico Legal N.º 27903-L, la pericia psicológica realizada al menor, el parte pericial de indentifac N.° 409-2012, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el Informe N.° 02-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINSEC-DEPAN, y de las siguientes actas: acta de verificación y recorrido, acta de reconocimiento fotográfico a través de ficha Reniec, actas de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares.

3.2 Con base en las pruebas actuadas concluyó que quedó acreditado: a) El día 15 de agosto de 2012, el menor Guzmán Sobrino fue secuestrado, por inmediaciones del distrito de Los Olivos, por dos sujetos no identificados, por el periodo de tres días. b) Los secuestradores a fin de realizar las negociaciones, se comunicaron con los padres del menor desde distintos celulares (987 385 045, 940 028 880, 962 294 195, 940 028 849, 940 028 857, 989 547 886, 994 326 648, 962 293 672 y 940 028 887), los cuales provenían de la zona de Piedras Gordas–Ancón. c) Los padres cancelaron la suma de USD 6500,00 al sujeto conocido como “SICA” después que el menor fue liberado el 18 de agosto de 2012. d) El sentenciado Pardo Andía, quien tiene el apelativo de “Corona”, a la fecha de los hechos, estaba recluido en el penal Piedras Gordas, cumpliendo condena por los delitos de secuestro y robo agravado. Se comunicó desde el celular N.º 962 294 195, el mismo que también fue empleado por los negociadores. e) Pardo Andía y el padre del menor se conocían con anterioridad a la fecha de los hechos. f) El padre del agraviado, luego de la liberación, no respondió las llamadas ni textos amenazadores de Pardo Andía, en los que le exige que cumpla con el acuerdo, le reclamó la falta de atención a sus llamadas telefónicas.

3.3 El delito de secuestro es de naturaleza clandestina (privación de libertad y ubicación en cautiverio) en el que los intervinientes cumplen distintos roles a fin de obtener un beneficio económico (etapa de negociación) para su entrega (liberación). En este caso, Pardo Andía, entabló amistad y generó confianza con el padre del menor a quien conoció en el centro penitenciario Lurigancho en el 2006, donde tenía un restaurante y Guzmán Sánchez solía visitar el penal.

[Continúa…]

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