Servidumbre minera en comunidades campesinas

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De: Joel Martín Cárdenas Lizárraga

La servidumbre minera en relación a las comunidades campesinas es un tema aun poco conocido y que representa una potencial fuente de conflictos al incidir específicamente en la propiedad de estas comunidades.

Sobre el particular es necesario revisar lo señalado por el artículo 7 de la Ley 26505, Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de las Tierras, el cual expresa:

Artículo 7.- La utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre que se precisará en el Reglamento de la presente Ley.

     En el caso de servidumbre minera o de hidrocarburos, el propietario de la tierra será previamente indemnizado en efectivo por el titular de actividad minera o de hidrocarburos, según valorización que incluya compensación por el eventual perjuicio, lo que se determinará por Resolución Suprema refrendada por los Ministros de Agricultura y de Energía y Minas.

     Mantiene vigencia el uso minero o de hidrocarburos sobre  tierras eriazas cuyo dominio corresponde al Estado y que a la fecha están ocupadas por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros y de hidrocarburos. (Subrayado nuestro).

La regulación de este artículo, la encontramos en el Decreto Supremo N° 017-96-AG, Reglamento del Artículo 7 de la Ley Nº 26505, referido a las servidumbres sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos, mismo que señala que

a) El acuerdo entre las partes deberá constar en documento extendido ante Notario Público o Juez de Paz, el que deberá ser puesto en conocimiento del órgano competente del Ministerio de Energía y Minas[1]. Esto es importante porque se le da formalidad a un acuerdo que repercute en el futuro y desarrollo posterior de la comunidad campesina y puede hipotecar su futuro.

b) La etapa de trato directo entre las partes se inicia mediante carta notarial, en la cual el solicitante de la servidumbre propone al propietario del predio el trato directo[2]. En el caso de que no se produzca el acuerdo en un plazo de 30 días hábiles, el solicitante podrá dirigirse a la Dirección General de Minería poniendo en conocimiento que se agotó la etapa de trato directo, a efectos de que esta Dirección llame a las partes, invocándolas a conciliar con la participación de un Centro de Conciliación. Esta Conciliación será sufragada por el solicitante de la servidumbre.

La Dirección General de Minería tiene además la obligación de instruir al propietario del terreno acerca de la legislación minera y de la servidumbre legal minera. Se encargará además de tramitar la tasación del área solicitada, a través del cual se analizará también si la servidumbre es posible de realizarse sin causar algún perjuicio al resto del predio sirviente, de tal manera que lo haga inútil para el uso al cual estaba destinado.

c) El establecimiento de la servidumbre de tierras para actividad minera, se debe basar en las siguientes normas:

– TUO de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-92-EM.
– Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 020-2020-EM[3].

Asimismo, tanto el Director General de Minería como el Director General de Promoción Agraria, dentro del plazo de 30 días útiles de recibidas las pericias, emitirán su opinión, pronunciándose sobre el cumplimiento del procedimiento indicado en la Ley General de Minería y en las disposiciones vigentes, indicando sobre todo si la servidumbre es posible sin enervar el derecho de propiedad.

En este ultimo caso, el Director General de Minería preparara la Resolución Suprema que fije la indemnización.

Expedida la Resolución Suprema que impone la servidumbre, el solicitante consignara en un plazo máximo de 10 días hábiles el monto de la indemnización en el Banco de la Nación, bajo pena de declararse abandonada la solicitud.

En el caso que la servidumbre enerve el derecho de propiedad, se denegará el pedido del concesionario minero mediante Resolución Ministerial expedida por el Ministerio de Energía y Minas.

d) En el caso que el conductor no acredite su derecho de propiedad sobre la tierra objeto de servidumbre, el solicitante depositara el monto indemnizatorio en una cuenta del Banco de la Nación[4].

e) No procede el establecimiento de servidumbres sobre tierras de uso agrícola o ganadero para el desarrollo de actividades mineras no metálicas[5].

f) La servidumbre se extinguirá en los siguientes casos[6]:

a) Cuando se destine la servidumbre, sin autorización previa, a fin distinto para el cual se estableció; o,

b) Cuando se concluya la finalidad para la cual se constituyó la servidumbre.

g) El monto indemnizatorio por la servidumbre, deberá comprender[7]:

a) El valor del área de las tierras que vayan a sufrir desmedro, que en ningún caso será inferior al del doble del arancel de tierras aprobado por el Ministerio de Agricultura.

b) Una compensación monetaria por el eventual lucro cesante durante el horizonte de tiempo de la afectación, calculado en función a la actividad agropecuaria más rentable que pueda desarrollarse en el predio.

c) El valor de reposición de las obras civiles y edificaciones afectadas por la servidumbre minera.

En el caso de los honorarios por el peritaje, estos deberán ser abonados por el solicitante de la servidumbre.

A modo de conclusión

  1. Tenemos entonces que se la servidumbre sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos se encuentra normada en el artículo 7 de la Ley Nº 26505, y que este artículo ha sido reglamentado de conformidad al Decreto Supremo N° 017-96-AG.
  2. Entre los aspectos reglamentados más importantes, debemos señalar el procedimiento de trato directo, que esta solo se producirá cuando no se enerve el derecho de propiedad, así como las causales para la extinción de la servidumbre.

[1] Artículo 2 del Reglamento del Artículo 7 de la Ley Nº 26505.

[2] Artículo 3 del Reglamento del Artículo 7 de la Ley Nº 26505.

[3] Este Decreto Supremo reemplaza a los artículos 43 y 44 del Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-92-EM.

[4] Artículo 5 del Reglamento del Artículo 7 de la Ley Nº 26505.

[5] Artículo 6 del Reglamento del Artículo 7 de la Ley Nº 26505.

[6] Artículo 8 del Reglamento del Artículo 7 de la Ley Nº 26505.

[7] Artículo 9 del Reglamento del Artículo 7 de la Ley Nº 26505.