Situación típica en el delito de omisión de asistencia familiar [Apelación 235-2022, Lima Norte]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Prevaricato de derecho. Elementos. Situación típica en el delito de omisión de asistencia familiar 

Sumilla: 1. El delito de prevaricato de derecho castiga al juez que dicta resolución manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la ley o se apoya en leyes supuestas o derogadas. El supuesto de resolución manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la ley (elemento normativo del tipo de injusto) –que es la conducta típica atribuida al juez encausado– debe valorarse en función del caso concreto y en atención a postulados de justicia material y no puramente formalistas. Estriba, de un lado, en que la ley objeto de interpretación y aplicación por el juez ha de ser expresa y clara; y, de otro lado, en que la aplicación del derecho se ha realizado desconociendo los medios y los métodos de la interpretación aceptados en un Estado de Derecho, apartándose de todas las opciones jurídicamente defendibles, esto es, de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho, en aquellos casos en los que la norma pueda ser susceptible de distintas interpretaciones. 

[Lee también: Delito de omisión de asistencia familiar: prescripción de la acción penal]

2. El delito de omisión de asistencia familiar persigue el aseguramiento del cumplimiento de obligaciones que tienen como fin garantizar el bienestar de los alimentistas, en tanto en cuanto el sujeto activo tenga la capacidad para realizar el pago de la prestación económica alimentaria –posibilidad de pago como elemento del tipo en cuanto se trata de un delito omisivo (consiste en un “no hacer”), que, como tal, es de mera actividad y parte de la existencia de una resolución judicial firme–. La penalización de estas conductas pretende el aseguramiento de los deberes de carácter material más importantes (que tienen un carácter asistencial). Su esencia está en la omisión de la prestación de la pensión alimentaria y en la existencia de una resolución judicial expresa que establezca este deber, sin tener en cuenta la situación económica en que se encuentra el beneficiario de la pensión.

3. El Derecho penal tiene sus propios criterios, desde la perspectiva de protección del bien jurídico y de su rol en el ordenamiento y sistema social, por lo que no necesariamente pueden coincidir los alcances de los preceptos de Derecho civil con los que debe aplicar el Derecho penal. La prejudicialidad que se presenta en orden a la determinación de la obligación alimentaria y del monto de las pensiones devengadas no implica que necesariamente lo decidido en sede civil sea incontrovertible de cara a las funciones del proceso penal y a la interpretación en esta sede de los preceptos legales extrapenales.

4. El juez acusado consideró que la situación típica no se presentaba porque la obligación de alimentos no correspondía, en atención a la mayoría de edad del alimentista. Entendió, desde el bien jurídico tutelado, que no se estaba ante una persona vulnerable que necesitaba el apoyo económico de su padre dada su mayoría de edad. Tal interpretación, aun cuando no necesariamente puede ser la única válida, más aún frente a la opción hermenéutica adoptada por el Tribunal Superior, no puede calificarse de insólita y por completo al margen de una posible interpretación del citado artículo 149 del Código Penal, de su sentido literal posible y de la perspectiva teleológica de tutela del bien jurídico de esa figura penal.

Lima, doce de mayo de dos mil veintitrés.

[Lee también: Omisión a la Asistencia Familiar: Pago de devengados [Revisión de Sentencia 626-2019, Cusco]

AUTOS y VISTOS; en audiencia pública: el recurso de apelación interpuesto por el señor FISCAL SUPERIOR DE LIMA NORTE contra el auto de primera instancia de fojas quinientos cuarenta y cuatro, de ocho de noviembre de dos mil veintidós, que declaró fundada la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa del acusado Charles Talavera Elguera; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal seguido contra el citado encausado por delito de prevaricato en agravio del Estado. Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO 

§ 1. DE LOS CARGOS OBJETO DE IMPUTACIÓN 

PRIMERO. Que la acusación de fojas una, de veinticinco de abril de dos mil veintidós, atribuyó al encausado CHARLES TALAVERA ELGUERA que en el ejercicio de sus funciones como juez del Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte emitió la sentencia de uno de junio de dos mil diecisiete, por la que absolvió a Enrique Eliseo Núñez Flores de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de omisión de asistencia familiar en agravio de Elvis Enrique Núñez Canre (expediente 5828-2015), contravención al texto expreso y claro del artículo 149, primer párrafo, del Código Penal. Estimó que el tipo penal de omisión de asistencia familiar requiere para su materialización que el sujeto activo incumpla su obligación alimentaria establecida previamente en una resolución judicial, situación que no fue abordada por el imputado Talavera Elguera en la sentencia que emitió.

[Continúa…]

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