SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA EN EL PERÚ Y MECANISMOS DE DESHACINAMIENTO FRENTE AL COVID-19

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Por: André Carrasco Mamani, Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres.

Sumario: 1. Introducción, 2. Situación carcelaria en el Perú, 3.Exigencia internacional,  4. Esfuerzos para deshacinar los penales, 5.  Instrumentos jurídicos frente al hacinamiento penitenciario, 6. Conclusión

  1. Introducción

Ahora más que antes, las cárceles han recobrado bastante notoriedad debido a la aguda crisis que vienen atravesando. El hambre, la sobrepoblación y las condiciones inhumanas hacen que los reos luchen todos los días para proteger la salud y la vida.

En esa línea, en enero del 2017, el Poder Ejecutivo declaró la emergencia del Sistema Nacional Penitenciario[1] con la finalidad de adoptar una serie de medidas orientadas a mejorar la salud de los internos, la infraestructura, la seguridad; así como implementar planes anticorrupción y lograr el fortalecimiento de la gestión penitenciaria.

No obstante ello, las metas no se alcanzaron y la pandemia del COVID-19 empezó a castigar con implacable severidad todos los rincones del país, de ahí que en diferentes penales se suscitaron encarnizados amotinamientos con muertos y heridos por temor al COVID-19.

Los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) anunciaron atender el problema. Hubo buenas intenciones, pero nada efectivo que pueda solucionar de manera transversal la sórdida situación penitenciaria. Quizá porque a los “políticos” no les resulte ‘popular’ deshacinar los centros de reclusión.

No obstante,  luego de muchas tensiones, el Poder Ejecutivo promulgó dos Decretos Legislativos[2] que buscan reducir la sobrepoblación penitenciaria, a fin de salvaguardar la salud y la vida de los internos y del personal que labora en los recintos carcelarios.

  • Situación carcelaria en el Perú

De acuerdo con los reportes estadísticos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a febrero del 2020, los 68 penales del Perú albergaban a 96 870 internos, cuando su capacidad de albergue es de 40 137  internos. Dicho exceso (56 733 internos) constituye la sobrepoblación penal, y que a nivel país en promedio significa una tasa de sobrepoblación global de 141%.

Empero, la situación es mucho más crítica cuando se observa cada penal en concreto, ya que a febrero del 2020 la sobrepoblación en algunos penales oscilaba entre el 350 y el 500 %. Entre ellos se encuentran los penales de Chanchamayo (553%), Jaén (552%), Camaná (452%), Callao (471%), Abancay (397%) y Miguel Castro Castro (374%).

No obstante, sí sólo nos enfocamos en los penales más grandes, es decir en aquellos que cuentan con una población penal superior a los 3 000 internos, podremos notar que suman en total 11 establecimientos penitenciarios (ver cuadro) y en total albergan a 51 303 internos cuando su capacidad conjunta es de sólo 15 782 internos, es decir la tasa de sobrepoblación es del orden de 225 %.

Dentro de estos “megapenales” la situación más crítica se encuentra en los penales del Callao (sobrepoblación del 471%), Miguel Castro Castro (374%), Chiclayo (309%), Trujillo (263%) y Lurigancho (208%)[3], lo que evidentemente genera un hacinamiento crítico del cual derivan una serie de problemas, entre ellos, grave riesgo a la salud e integridad física, los que actualmente se vienen incrementando debido a la pandemia del COVID-19.

Este riesgo se ha elevado aún más en aquellos internos vulnerables como los mayores de 65 años (5,1% de la población penitenciaria total), con enfermedad grave o incurable, aquellos que sufren grave incapacidad física permanente, madres gestantes, entre los principales.

Lo más alarmante es que del total de 96 870 internos en el país; el 37,7% o el equivalente a 36 515 internos tienen la condición jurídica de procesados; es decir, no se ha declarado su responsabilidad de un hecho punible mediante sentencia firme debidamente motivada. En otras palabras, les asiste el principio de presunción de inocencia amparado en el artículo 2, inciso 24, literal e) de la Constitución Política del Estado.

  • Exigencia internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado de prensa del 31 de marzo del 2020, exhortó a los Estados a que aseguren las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad y reducir la sobrepoblación penitenciaria como medida de contención de la pandemia.

Asimismo, dicho Órgano Internacional,  mediante Resolución N.° 1/2020 titulada “Pandemia y derechos humanos en las américas”[4]  formuló las siguientes recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros a fin de proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas privadas de libertad:

  • Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento penitenciario y reevaluar los casos de prisión preventiva, dando prioridad a las poblaciones vulnerables del COVID-19.
  • Evaluar la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada de personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas de cumplir condenas.
  • Mejorar las condiciones de alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19 y garantizar que todas la unidades cuenten con atención médica.
  • Establecer protocolos para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia, respetando los estándares interamericanos en la materia.
  • Esfuerzos para deshacinar los penales

Los tres poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) vienen realizando esfuerzos “incomprendidos” para enfrentar esta aguda crisis de hacinamiento penitenciario; sin embargo, en la práctica no se han materializado resultados positivos que impacten de manera directa en la problemática.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo ha tratado de ‘apagar el incendio’ a través de la emisión de  un Decreto Legislativo que optimiza la conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar[5], un Decreto Supremo[6] referido a la recomendación de gracias presidenciales (indulto humanitario, indulto común y conmutación de penas) y un proyecto de ley[7] que fue desestimado por el Congreso de la República, pero que buscaba, entre otras cosas, el cese de la prisión preventiva para delitos de  mínima lesividad.

En segundo lugar,  el Poder Legislativo había impulsado dos proyectos de ley, uno referido a ejecución humanitaria de la pena[8] y otro sobre la variación de la prisión preventiva por comparecencia con restricciones[9]; sin embargo, ambas propuestas legislativas fueron desestimadas por el Congreso de la República, fracasando una vez más el intento político de reducir la sobrepoblación penitenciaria.

En tercer lugar, el Poder Judicial aprobó una Directiva de medidas urgentes con motivo de la pandemia del COVID-19[10] que establece una serie de lineamientos para evaluar y dictar, si correspondiere, la reforma o cesación de la prisión preventiva. Este instrumento legal, aunque no tiene carácter vinculante, debería ser tomado en consideración por los Jueces al momento de resolver los casos.

Asimismo, este importante Poder del Estado, a fin de deshacinar los centros de reclusión, presentó ante el Legislativo dos proyectos de ley, uno referido a la remisión condicional de la pena[11] y otro sobre la revisión excepcional de la prisión preventiva[12]; sin embargo, también fueron desestimados por el Congreso de la República.

En cuarto lugar, el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia[13] declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” el permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de infraestructura, instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional.

Finalmente, luego de muchas tensiones políticas, el Congreso delegó facultades legislativas al Ejecutivo en materia penal, procesal penal  y penitenciaria[14]. De ahí que el  Gobierno promulgó los Decretos Legislativos 1513 y 1514. El primero se refiere al cese excepcional de la prisión preventiva, la remisión condicional de la pena y algunos beneficios penitenciarios. El segundo, aborda principalmente sobre la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal.

  • Instrumentos jurídicos frente al hacinamiento penitenciario

En el ámbito nacional, actualmente se han puesto en vigencia diferentes instrumentos jurídicos para menguar el hacinamiento penitenciario. Algunos fracasaron a tal punto de quedar en ‘letra muerta’ y otros, al parecer, podrían ser una luz al final del túnel que podría aliviar en algo la descomunal carga penitenciaria.

  • Decreto Legislativo 1513[15]

Este Decreto establece disposiciones de carácter excepcional para impactar de manera directa en el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio del COVID-19, de tal forma que se preserve la integridad, vida y salud  de los internos y los servidores que trabajan en dichos centros de reclusión.

En esta norma, principalmente se aborda cuatro temas: el cese automático de la prisión preventiva, la revisión de oficio de la prisión preventiva, la remisión condicional de la pena y beneficios penitenciarios.

  1. Cese automático de la prisión preventiva

Como primera medida se busca que los presos preventivos por la comisión de delitos de mínima lesividad como el hurto, la usurpación, los disturbios, entre otros,  egresen de los penales para que el proceso lo lleven en libertad, pero con otra medida alternativa a la prisión preventiva como la comparecencia con restricciones.

En esa línea, se ha establecido un catálogo de delitos que hacen imposible la cesación automática de la prisión preventiva. Es decir, sólo se beneficiarán del cese automático de la prisión, aquellos que no se encuentren procesados por cualquiera de los siguientes delitos regulados en el Código Penal (C.P.)[16]:

Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (Título I de C.P.) Homicidio, parricidio, sicariato, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, etc.
Delitos contra la familia (Título III del C.P.) Participación en pandillaje pernicioso.
Delitos contra la libertad (Título IV del C.P.)   Secuestro, trata de personas, explotación sexual, violación sexual, tocamientos indebidos, acoso sexual, favorecimiento a la prostitución, pornografía infantil, etc.
Delitos contra el patrimonio (Título V del C.P.) Robo, robo de ganado, extorsión, etc.
Delitos contra la seguridad pública (Título XII del C.P.) Fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligroso; propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, formas agravadas del tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de migrantes, etc.
Delitos contra la tranquilidad pública (Título XIV del C.P.) Apología, apología del terrorismo, organización criminal, marcaje y banda criminal.
Delitos contra la Humanidad (Título XIV-A del C.P.) Genocidio, desaparición forzada de personas y tortura.
Delitos contra los Poderes del Estado (Título XVI del C.P.) Rebelión y sedición.
Delitos contra la Administración Pública (Título XVIII del C.P.) Abuso de autoridad, concusión, colusión, peculado, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, etc.
Delitos del Decreto Ley N° 25475 Terrorismo,  afiliación a organizaciones terroristas, apología al terrorismo, etc.
Delito de Lavado de Activos (Decreto Legislativo 1106)   Actos de conversión, transferencia, ocultamiento, traslado de dinero de origen ilícito, omisión de comunicación de operaciones sospechosas, etc.
Cualquier delito cometido en el marco de la Ley 30077 (crimen organizado).

Cabe precisar que la cesación de la prisión preventiva será reemplazada por la comparecencia con restricciones y se impondrá de manera conjunta el impedimento de salida del país y de la localidad de su domicilio, la obligación de reportarse de manera virtual ante el juzgado una vez al mes y asistir a toda citación fiscal y judicial.

  • Revisión de oficio de la prisión preventiva

La revisión de oficio de la prisión preventiva es una posibilidad jurídica que se encuentra regulada en el artículo 255.2 del Código Procesal Penal. Dicho precepto normativo señala que las medidas cautelares son reformables, aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo.

En esa línea, la reciente norma establece la revisión de oficio de la prisión preventiva de todos los casos que no se encuentran comprendidos en el supuesto del cese automático de la prisión, por no catalogarse como delito de mínima lesividad. Es decir, serán revisadas aquellas prisiones que fueron impuestas por una probable comisión de delitos considerados graves (extorsión, violación sexual, crimen organizado, lavado de activos, etc.).

Sin embargo, esta revisión de oficio se realizará sobre la base de las exigencias establecidas en el artículo 283 del Código Procesal Penal; es decir, será necesario que existan nuevos elementos de convicción que demuestren que no concurren los motivos que determinaron la imposición de la prisión; además de las características personales del imputado, el tiempo transcurrido y el estado de la causa.

La innovación que se establece en este Decreto Legislativo es la exigencia al Juez de que se valore adicionalmente los siguientes aspectos que guardan relación con la problemática de la emergencia sanitaria que estamos viviendo:

  • El plazo de prisión preventiva ampliada una o más veces, sin fecha para el juicio oral.
  • La vulnerabilidad del interno frente al COVID-19.
  • El riesgo a la vida y la afectación a la salud de los internos, y el riesgo de contagio y propagación al COVID-19 al interior del penal donde se encuentre recluido.
  • Las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el Estado de Emergencia Nacional y Estado de Emergencia Sanitaria que disponen el aislamiento social obligatorio, inmovilización social obligatoria y cierre de fronteras .
  • Remisión condicional de la pena

Se entiende por remisión condicional de la pena como un perdón parcial de la pena impuesta, pero sujeta a determinados requisitos que justifican su aplicación[17]. En otras palabras, se suspende el cumplimiento de la pena.

Se aplica en función  de la pena concreta y circunscrita a los casos de mínima o mediana gravedad. Asimismo, están excluidos a través de un sistema de numerus clausus aquellos delitos graves o que afecten seriamente la seguridad colectiva.

En ese orden de ideas, el Decreto Legislativo 1513 refiere que la novísima institución de la remisión condicional de la pena opera en dos supuestos:

El primero, cuando se impuso una pena privativa de libertad efectiva no mayor a ocho años y se haya cumplido con la mitad de la pena. Además, el  interno debe encontrarse en la etapa de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario.

El segundo, cuando se impuso una pena efectiva no mayor de 10 años y  se haya cumplido 9 años de la pena impuesta. Al  igual que el caso anterior, el interno debe encontrarse ubicado en la etapa de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario.

Cabe precisar que la aplicación de esta institución no procede cuando se trate de sentenciados por los delitos señalados en los supuestos de prohibición del cese automático de la prisión preventiva (delitos graves) o cuando el reo cuente con otro mandato de prisión preventiva vigente o con sentencia condenatoria con pena privativa de libertad efectiva vigente[18].

Con la remisión condicional de la pena, el juez suspende la ejecución de la pena privativa de libertad e impone reglas de conducta por el mismo plazo que le falte por cumplir al condenado.

Las reglas de conducta a imponer son las establecidas en el art. 58 del Código Penal; es decir, prohibición de frecuentar determinados lugares, prohibición de ausentarse del lugar donde reside, comparecer mensualmente al juzgado, reparar los daños ocasionados, entre otros. No obstante, preferentemente se impondrá como regla de conducta la obligación de reportarse virtual o presencialmente ante el juez por lo menos una vez al mes para ratificar el domicilio que haya consignado al momento del egreso del penal.

Es importante señalar que el auto de remisión condicional de la pena es impugnable  y puede ser revocado cuando no se cumpla las reglas de conducta impuestas o el penado es condenado por nuevo delito doloso cuya pena privativa de libertad sea superior a 3 años.[19]

  • Beneficios penitenciarios

El otro aspecto importante que se aborda en el Decreto se refiere a los beneficios penitenciarios de semilibertad, libertad condicional y redención excepcional de la pena.

Estos beneficios permiten que el interno egrese del Establecimiento Penitenciario; puesto que forma parte del objeto de la ejecución penal que es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

  • Semi libertad y libertad condicional:

El beneficio penitenciario de semi libertad permite que el interno con primera condena efectiva egrese del penal para efectos de trabajar o estudiar, siempre que haya cumplido la tercera parte de la pena. Mientras que la libertad condicional permite el egreso de internos con segunda condena, también para trabajar o estudiar y que hayan cumplido la mitad de la pena.

Para estos casos se ha establecido un procedimiento simplificado mediante el cual, el Director de cada penal, de oficio, conforma los expedientes electrónicos de internos que se encuentren en mínima y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario.

Estos beneficios tienen supuestos de exclusión y son los establecidos en el art. 50 del Código de Ejecución Penal; es decir, aquellos delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077 o por delitos graves como el homicidio calificado, secuestro, extorsión, violación sexual, etc.

Para que se inicie con el trámite correspondiente, el expediente debe contener la siguiente documentación: antecedentes judiciales, informe sobre la pena cumplida, documento que acredite la etapa de tratamiento (mínima o mediana seguridad), declaración jurada de domicilio y documento que detalle las incidencias favorables y desfavorables del interno durante su internamiento.

Luego, el Consejo Técnico Penitenciario, remite el expediente a la mesa de partes virtual del Poder Judicial, desde donde se reenvía en el día, al juzgado a cargo de la ejecución de la sentencia.

Acto seguido,  en el plazo de 1 día, el juez verifica si la documentación está completa. Si está incompleta, el juez comunica al INPE para subsanar la omisión también en el plazo de 1 día.

Una vez completo el expediente se fija audiencia virtual única e inaplazable y se decide si otorga o no el beneficio penitenciario solicitado. Cabe precisar que el beneficio penitenciario no exime de las obligaciones de pago de reparación civil y/o días multa, subsistiendo el derecho al cobro de las mismas en el procedimiento de ejecución.

  • Redención excepcional de la pena[20]

Se trata de un beneficio penitenciario a través del cual un interno puede reducir los días de prisión efectiva de su condena mediante el trabajo o la educación.

El Decreto Legislativo establece dos requisitos para que los condenados accedan a este beneficio: que tengan la condición de primarios y que se encuentren en la etapa de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario.

De cumplirse tales requisitos, el interno redime la pena mediante la educación o trabajo a razón de 1 día de pena por 1 día de estudio o labor efectivos.

Como toda norma tiene su excepción, en este caso se excluyen del régimen de redención excepcional los casos de improcedencia y de redención especial de pena enumerados en el art. 46 del Código de Ejecución Penal; es decir, delitos vinculados al crimen organizado, actos de lavado de activos, actos de terrorismo y delitos graves como la trata de personas, violación sexual, pornografía infantil, etc.

  • Decreto Legislativo 1514[21]

Este Decreto busca principalmente optimizar la aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal como medida coercitiva personal y sanción final a fin de reducir el hacinamiento penitenciario. Para ello, se han modificado algunos artículos del Código Penal, el Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo 1322[22].

Al igual que el Decreto Legislativo 1513, la finalidad es disminuir la sobrepoblación penitenciaria a fin de que las personas procesadas y condenadas por delitos de menor lesividad puedan egresar de los establecimientos penitenciarios y evitar el contagio masivo del COVID 19 tanto de los internos como de los servidores que laboran en los centros de reclusión.

La vigilancia electrónica personal es un mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear el tránsito tanto de procesados como de condenados, dentro de un radio de acción y desplazamiento, teniendo como punto de referencia el domicilio o lugar que señalen estos.

Para el caso de procesados, la vigilancia electrónica personal es una alternativa de restricción de la comparecencia que será dispuesta por el juez a petición de parte como alternativa a la prisión preventiva. Para el caso de condenados, la vigilancia electrónica personal es un tipo de pena, aplicable por conversión luego de impuesta una sentencia de pena privativa de libertad efectiva, que será dispuesta por el juez a fin de garantizar el cumplimiento de la pena y la resocialización del condenado.

Para el caso de condenados que obtengan los beneficios penitenciarios de semi libertad o liberación condicional, la vigilancia electrónica personal es un mecanismo de monitoreo impuesta por el juez a fin de garantizar el cumplimiento de la pena y la resocialización del condenado.

En esa línea, el Decreto Legislativo 1514 establece que  el Juez de oficio o a pedido de parte, puede convertir la pena privativa de libertad en pena de vigilancia electrónica personal cuando la pena impuesta no sea mayor de 10 años, adicionalmente se puede imponer la pena de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.

Además, se enfatiza que en todos los delitos culposos previstos en el Código Penal, se impone preferentemente la pena de Vigilancia Electrónica Personal. Cabe precisar que en todos los casos, el cómputo de la conversión de pena privativa de libertad por la de vigilancia electrónica es a razón de un día de privación de libertad por un día de vigilancia electrónica personal.

La vigilancia electrónica personal se cumple en el domicilio o lugar que señale el condenado, a partir del cual se determina su radio de acción, itinerario de desplazamiento y tránsito, sujeto a aprobación del juez. No procede imponer esta medida a los reos reincidentes o habituales.

Otro aspecto importante que se aborda es la preferencia de la vigilancia electrónica con comparecencia con restricciones, antes que la medida de prisión preventiva; es decir, se enfatiza que la prisión preventiva es una medida excepcional.

  • Decreto Legislativo 1459[23]

Este decreto busca optimizar la aplicación de la conversión automática de la pena para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar.

Para  que opere la conversión automática de la pena a una medida alternativa como la prestación de servicios a la comunidad[24] o limitación de días libres[25] es imprescindible el pago íntegro del pago de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que se solicita la conversión.

Sin embargo, este Decreto resultó ser una ‘letra muerta’, ya que en la práctica resultó ser ineficaz, puesto que el reo tiene que pagar hasta el último centavo de la deuda total para egresar del penal.

Lo cierto es que la gran mayoría de sentenciados por el delito de omisión a la asistencia familiar se encontraban en la incapacidad económica de cumplir con la deuda al momento de ser sentenciados. Entonces, si en condiciones normales no pudieron agenciarse del dinero suficiente para cubrir la deuda, mucho menos lo podrán hacer en medio de la emergencia sanitaria donde lo que abunda es la escasez laboral y la economía nacional se encuentra en recesión incalculable.

Un caso bochornoso que evidencia el fracaso de dicha norma fue cuando un Juez del Tercer Juzgado Unipersonal de Lima Norte desestimó un pedido de conversión de la pena porque el sentenciado adeudaba el monto de S/ 19  aproximadamente.

En dicho caso, el pago debía ser por reparación civil (S/ 350) y devengados (S/ 3,799.38), por un total de S/ 4,149.38. La defensa del sentenciado acreditó un pago de S/ 4,130;  pero el juez decidió que esa diferencia de S/ 19.38 merecía que se declare la improcedencia de la conversión de pena por otra media alternativa[26].

  • Decreto Supremo 004-2020-JUS[27]

Este decreto establece supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de Gracias Presidenciales.

Mediante este Decreto se establecen supuestos especiales para que la Comisión de Gracias Presidenciales evalúe y proponga el otorgamiento de indultos comunes, por razones humanitarias; así como conmutaciones de pena. Así mismo se estable un procedimiento especial del indulto (común y humanitario) así como de la conmutación.

Sin embargo, este Decreto Supremo no es ninguna novedad; puesto que en nuestro sistema jurídico, desde el año 2007, ya existía la suficiente regulación normativa que habilitada el otorgamiento de las gracias presidenciales para los casos que actualmente se están suscitando. Me refiero a la Resolución Ministerial 193-2007-JUS[28] que aprueba el “Reglamento Interno de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena” del Ministerio de Justicia.

En dicho reglamento ya se estipulaban los supuestos que se han consignado en el Decreto Supremo 004-2020-JUS para el otorgamiento de gracias presidenciales. Lo único que se ha enfatizado es el problema de la pandemia generada por el COVID-19; además de que el Instituto Nacional Penitenciario, de oficio, disponga la remisión del expediente correspondiente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, a través de una mesa de partes virtual.

  • Directiva de medidas urgentes con motivo de la pandemia del COVID-19

Esta directiva fue aprobada por la Resolución Administrativa 138-2020-CE-PJ del 7 de mayo del 2020 y tiene como finalidad establecer supuestos especiales para que de oficio se evalúe y dicte el cese de la prisión preventiva. Aunque no tiene carácter vinculante, constituyen criterios orientadores que deben adoptar los jueces a nivel nacional. Dichos criterios son los siguientes:

  1. Vulnerabilidad del reo; es decir, si tiene más de 65 años, si padece de enfermedad grave riesgosa frente al coronavirus, si se trata de madre gestante o con hijos menores de tres años.
  • El juez tendrá en cuenta el estado de salud de la persona u ordenará una evaluación médico legal. Asimismo, tendrá en cuenta el nivel de salubridad del establecimiento  penitenciario; así como el grado de hacinamiento.
  • Otro factor a tomar en cuenta es si el interno se encuentra por cumplir el plazo de la prisión preventiva o si se encuentra bajo la prolongación de la prisión preventiva. En estos casos será preponderante considerar la posibilidad  de reformar o cesar la prisión preventiva; pues el tiempo de presión es un factor, en sí mismo, factible para disminuir el riesgo de fuga o de obstaculización, a menos que se evidencie lo contrario en función al caso concreto.

El cese de la prisión preventiva importará la imposición de las restricciones que establece el Art. 288 del Código Procesal Penal; es decir, no ausentarse de la localidad donde reside, prestación de una caución económica, no comunicarse con determinadas personas, etc. Además, se deberá reportar de manera virtual ante el juzgado competente.

  • Sentencia del Tribunal Constitucional 5436-2014-PHC/TC[29]

Como idea preliminar es importante precisar que el Estado de Cosas Inconstitucional es una técnica utilizada por el Tribunal Constitucional para solucionar la afectación de derechos de un grupo importante de personas. Se busca tutelar derechos fundamentales de manera inmediata a partir de un caso en concreto obligando a las instituciones públicas a resolver una problemática.[30]

En ese orden de ideas, a través de la reciente sentencia 5436-2014-PHC/TC, el Tribunal Constitucional declaró  la “existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional” el permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional.

Además se establece que las alternativas de solución a los problemas de hacinamiento carcelario merecen un trabajo conjunto y coordinado de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial),  así como la participación  de la sociedad en general.

Un aspecto que llama la atención es el plazo de 5 años (que vencerá el 2025) para solucionar el grave problema carcelario. De tal forma que sino no se han adoptado las medidas suficientes para superar dicho estado de cosas inconstitucional, los penales deberán cerrarse temporalmente por la autoridad administrativa hasta que se garanticen las condiciones indispensables de reclusión. Sobre el particular es importante precisar que los Establecimientos Penitenciarios ya se encontraban en emergencia desde enero del 2017, es decir, ha transcurrido más de tres años sin que existan resultados alentadores.

Otro aspecto bastante interesante que se relieva en esta sentencia se refiere a la exhortación al Poder Judicial para identificar un adecuado nivel de equilibrio entre los principios y derechos que se encuentran involucrados al dictar las prisiones preventivas. En otras palabras se exhorta que previo al dictado de una prisión preventiva se examine rigurosamente el principio de proporcionalidad.

Muchas veces en la práctica, el análisis del principio de proporcionalidad pasa desapercibido en las audiencias sobre prisión preventiva, cuando en realidad es un aspecto sumamente importante que determina la constitucionalidad de la medida. Sobre el particular, el artículo 253, inciso 2 del Código Procesal Penal establece que para imponer una medida de coerción personal -como la prisión preventiva-, se debe observar rigurosamente el principio de proporcionalidad. Este principio se ha enfatizado en la Casación 626-2013, Moquegua[31] donde se especifica, que el Ministerio Público tiene que demostrar porqué la medida de prisión preventiva resulta proporcional en el caso concreto.

Finalmente, el Tribunal Constitucional hace una reflexión interesante acerca de que las cárceles deben ser habitadas principalmente por personas que hayan cometido delitos graves que impliquen peligro social. En esa línea, resulta incoherente que aquellas personas que hayan cometido otros delitos y que pueden cumplir penas alternativas a la privación de libertad, terminen siendo privados de su libertad de la misma forma que aquellas personas que han cometido delitos graves.

  • Conclusiones
  • Una de las principales razones de la sobrepoblación y el  hacinamiento penitenciario ha sido el uso exagerado de la prisión preventiva por parte de algunos jueces y algunos fiscales. Pues, actualmente los presos preventivos representan más de la tercera parte de la población penitenciaria.
  • La pandemia generada por el COVID-19 ha visibilizado el estado catastrófico de las cárceles que por mucho tiempo fueron desatendidas. En esa línea, las condiciones carcelarias actuales despersonalizan a los internos y resulta sumamente difícil alcanzar los objetivos de la ejecución penal, es decir, la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
  • Luego de muchas tensiones entre los poderes del Estado para atender la crisis penitenciaria y varios proyectos de ley desestimados, quizá se pueda vislumbrar algo de luz al final del túnel del hacinamiento penitenciario que se plasman en dos decretos legislativos que tienen como finalidad privilegiar la vida, la salud y la integridad de los seres humanos, frente al terrible hacinamiento penitenciario y la severa crisis que vienen atravesando.

Sin embargo, la “pelota está en la cancha de los jueces” y de ellos dependerá que se logre disminuir la sobrepoblación carcelaria. Así, el Estado Peruano estaría acatando las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de respetar los derechos fundamentales de las personas recluidas en un centro penitenciario.


[1] Decreto Legislativo 1325 de fecha 6 de enero del 2017.

[2] Decretos Legislativos 1513 y 1514, ambos de fecha 4 de junio del 2020.

[3] Disponible en:  https://www.inpe.gob.pe/estad%C3%ADstica1.html.

[4] Resolución n.° 1/2020 adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril del 2020.

[5] Decreto Legislativo  1459, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de abril del 2020.

[6] Decreto Supremo  004-2020-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de abril del 2020.

[7] Proyecto de Ley  5110/2020-PE presentado al Congreso de la República el 5 de mayo del 2020.

[8] Proyecto de Ley  5115/2020-CR presentado al Congreso de la República el 6 de mayo del 2020.

[9] Proyecto de Ley  5139/2020-CR presentado al Congreso de la República el 7 de mayo del 2020.

[10] Aprobado mediante la Resolución Administrativa  000138-2020-CE-PJ del  7 de mayo del 2020.

[11] Proyecto de Ley 5149/2020-PJ presentado al Congreso de la República el 8 de mayo del 2020.

[12] Proyecto de Ley  5150/2020-PJ presentado al Congreso de la República el 8 de mayo del 2020.

[13] Exp. 05436-2014-PHC/TC, Tacna.

[14] Ley 31020, publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de mayo del 2020.

[15] Publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de junio del 2020.

[16] Artículo 2 del Decreto Legislativo 1513.

[17] Exposición de motivos del Proyecto de Ley 5149-2020/PJ presentado al Congreso de la República el 8 de mayo del 2020.

[18] Artículo 7.2 del Decreto Legislativo 1513.

[19] Artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo 1513.

[20] Art. 12 del Decreto Legislativo 1513.

[21] Publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de junio del 2020.

[22] Decreto Legislativo que regula la vigilancia electrónica personal.

[23] Publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de abril del 2020.

[24] La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, orfanatos, otras instituciones similares u obras, siempre que sean públicos (Art. 34.1 del Código Penal).

[25] La limitación de días libres consiste en la obligación de permanecer los días sábados, domingos y feriados, hasta por un máximo de diez horas semanales, a disposición de una institución pública para participar en programas educativos, psicológicos, de formación laboral o culturales (Art. 35.1 del Código Penal).

[26] Fuente: Diario Expreso del 2 de junio del 2020 (ver en https://n9.cl/ooyp4).

[27] Publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de abril del 2020.

[28] Publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de junio del 2007

[29] Publicada el 4 de junio del 2020.

[30] STC 89-2017-PA/TC [Sentencia del Tribunal Constitucional]

[31] Fundamento Jurídico 25.