Además, exhorta a su regulación en las concesiones mineras. Más detalles aquí.
Con ocasión de resolver el Expediente N° 03326-2017-PA/TC, el Tribunal Constitucional (TC) precisó que el derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, constituye fuente de derecho interno conforme al artículo 55° de la Constitución, es de aplicación obligatoria y constituye un derecho fundamental tutelable mediante el proceso de amparo.
[Lee también: Juez debe garantizar que todo procesado indígena cuente con un intérprete [Expediente 00367-2016-PHC/TC]
Asimismo, reiteró que la existencia legal de las comunidades campesinas y nativas no requiere de inscripción previa, pues esta última es un acto administrativo declarativo y no constitutivo de ella.
Así lo decidió el TC al declarar infundada la demanda de amparo planteada por la comunidad campesina de Asacasi contra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Dirección Regional de Energía y Minas de Apurímac (DREM de Apurímac), por la sistemática omisión de realizar consultas previas, libres e informadas antes de la expedición de concesiones mineras en el área geográfica que forma parte del territorio ancestral de la comunidad campesina de Asacasi, descendiente del pueblo indígena andino quechua.
[Lee también: 4 criticas a sentencias del TC sobre el derecho a intérpretes]
También puntualiza que cuando la concesión se solicita u otorga respecto a territorios de pueblos indígenas u originarios, ello debe ser puesto a conocimiento de estas con la finalidad de que estén plenamente enteradas de la eventual modificación de la situación jurídica del suelo en que habitan y de los posibles cambios que eventualmente podrían generarse en el futuro, lo cual actualmente no se encuentra regulado.
[También te puede interesar: Defensoría rechaza sentencia del TC que desconoce consulta previa a los pueblos indígenas]
