TC declaró fundado segundo recurso de apelación por salto para la correcta ejecución de sentencia en el caso de la Comunidad Tres Islas [Expediente N.° 01630-2018-PA/TC]

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TC declaró fundado segundo recurso de apelación por salto para la correcta ejecución de sentencia en el caso de la Comunidad Tres Islas

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EXP. N.° 01630-2018-PA/TC 
MADRE DE DIOS 
VILMA PAYABA CACHICHE, 
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD 
NATIVA TRES ISLAS 
(EXP. 1126- 2011-HC/TC y 1931-2013-PHC
AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2021 

VISTO 

El recurso de apelación por salto interpuesto por doña Vilma Payaba Cachique, presidenta de la comunidad nativa Tres Islas, contra la Resolución 86, de fecha 5 de marzo de 2018, de fojas 3012, expedida por el Primer Juzgado Mixto Permanente de Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que declaró improcedente la solicitud de obligación de hacer por tercero en el proceso de ejecución de la sentencia y auto recaídos en los Expedientes 1126-2011-PHC/TC y 1931-2013-PHC/TC, respectivamente; y, 

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ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 13 de noviembre de 2010, doña Juana Griselda Payaba Cachique interpuso demanda de habeas corpus contra la Policía Nacional del Perú, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa y la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. El Tribunal Constitucional, con sentencia de fecha 11 de setiembre de 2012, recaída en el Expediente 1126-2011- PHC/TC, y tras reconvertir el proceso iniciado como habeas corpus a uno de amparo, declaró fundada la demanda. En tal sentido, ordenó declarar nula la Resolución de fecha 25 de agosto de 2010, expedida por la Sala Mixta y Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios en curso del proceso de habeas corpus promovido por doña Lucía Apaza Apaza y otros contra doña Juana Griselda Payaba Cachique, en su condición de presidenta de la comunidad nativa Tres Islas (Expediente 00624-2010-0-2701-JR-PE-01). Por consiguiente, ordenó que se emita una nueva resolución conforme a los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional y que cesen los actos de violación del territorio de la propiedad comunal y de autonomía de la comunidad nativa Tres Islas.

2. Con fecha 19 de mayo de 2015, este Tribunal emitió el Auto en el Expediente 01931- 2013-PHC/TC, a través del cual resolvió declarar fundado el recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y dispuso, entre otros, ordenar a la Sala Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios o la que le pudiera corresponder, que cumpla con emitir nueva resolución disponiendo que la obligación de restituir la casa comunal y la tranquera, sea cumplida por Lucía Apaza Apaza y quienes conjuntamente con ella fueron demandantes en el proceso de habeas corpus recogido en el Expediente 00624-2010-0-2701-JR-PL-01, debiendo hacer uso de los apremios de ley.

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3. Alega la recurrente que mediante Resolución 85, emitida en el Expediente 00846- 2010-0-2701-JR-PE-01, el Primer Juzgado Mixto Permanente de Tambopata habría dado por cumplido lo dispuesto en el punto resolutivo dos del auto del Tribunal Constitucional de fecha 19 de mayo de 2015 (citado en el párrafo precedente), pues en sus considerandos noveno y décimo primero se señaló que se han aplicado todos los apremios posibles, los cuales, a criterio del juzgado, serían la imposición de multas y la presentación de una denuncia en sede fiscal.

4. Frente a la Resolución 85, la recurrente solicita, mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2018, que se autorice la obligación de hacer por tercero, pues considera que existen otras formas para ejecutar lo ordenado, como aquellas establecidas en los artículos 706, 707 y 708 del Código Procesal Civil (reglas para la ejecución de obligaciones de hacer), aplicable supletoriamente al caso de autos, en virtud de lo dispuesto en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, así como los referidos a la ejecución forzada de los bienes que conforman el patrimonio de los ejecutados. En tal sentido, solicita que se autorice la ejecución de la obligación de hacer por un tercero distinto a los demandados, referente a la restitución de la casa comunal y tranquera.

5. Señala que, mediante la Resolución 86, de fecha 5 de marzo de 2018, se declaró improcedente su solicitud de autorización de obligación de hacer por tercero, dejándole a salvo para que lo haga valer por la vía pertinente.

6. Así, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2018, interpone recurso de apelación por salto. Busca con ello asegurar la ejecución de la sentencia recaída en el Expediente 01126-2011-HC/TC y del auto recaído en el Expediente 1931-2013- PHC/TC. La actora alega que el juez ejecutor realiza una interpretación restringida sobre “el uso de apremios de ley” a la imposición de multas y la presentación de una denuncia en sede fiscal, toda vez que no se adecúa con los fines del proceso constitucional de amparo, cual es reponer las cosas al estado anterior a la violación de los derechos conculcados, pues nunca se efectivizó la construcción de la casa comunal y tranquera dispuesta por el Tribunal a quienes serían los llamados a tal obligación, esto es, a doña Lucía Apaza Apaza y a quienes conjuntamente con ella fueron demandantes en el proceso de habeas corpus recogido en el Expediente 00624-2010-0-2701-JR-PL-01. 

[Continúa…]

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