TC establece que el embarazo no puede ser considerado como falta o inconducta en instituciones educativas [Sentencia 785/2021]

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TC establece que el embarazo no puede ser considerado como falta o inconducta en instituciones educativas

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EXP. N.° 00374-2017-PA/TC 
LIMA 
KÍMBERLY ÁNGELA CHAPOÑÁN 
MEZA

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Wálter Chinchay Carbajal, abogado de doña Kímberly Ángela Chapoñán Meza, contra la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 72, de fecha 2 de agosto de 2016, que declaró la nulidad de la sentencia apelada, nulo todo lo actuado e improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS RELEVANTES 

§. DELIMITACIÓN DEL PETITORIO Y DETERMINACIÓN DEL ASUNTO CONTROVERTIDO 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 566- 2014-MGP/DGP de fecha 02 de julio de 2014, así como la Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 0563-2014-CGMG de fecha 04 de septiembre de 2014, a través de las cuales le dieron de baja del Instituto Naval CITEN debido a su embarazo y, en consecuencia, se disponga su reincorporación en el Instituto Superior Tecnológico Naval – CITEN. Alega la vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.

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2. En el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley 282371 , se establece la competencia territorial del juez competente para conocer el proceso de amparo. Esta disposición indica: “Es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de hábeas data y del proceso de cumplimiento el Juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elección del demandante (…)”.

3. En el presente caso, el domicilio principal de la demandante está ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de Comas, conforme se encuentra consignado en su DNI (f. 2).

4. De otro lado, en la Resolución Directoral N° 566-2014-MGP/DGP y la Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 0563-2014-CGMG, no se indica el lugar de su emisión, por lo que no se encuentra consignado el lugar donde se habría afectado el derecho de la recurrente. Frente a esta omisión, se tendrá como lugar de emisión de dichas resoluciones, el domicilio de la demandada. Así, se advierte que la demanda de amparo ha sido interpuesta contra el director general del Personal de la Marina de Guerra del Perú, el comandante General de la Marina y el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales de la Marina de Guerra del Perú (f. 16). A fojas 28 se aprecia que la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales de la Marina de Guerra del Perú domicilia en la Av. Javier Prado Oeste N° 2355 San Isidro, Lima; por lo que esta dirección sería tomada como lugar de afectación del derecho.

5. En base a lo expuesto, se concluye que el juez de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se interpuso la demanda de amparo, es competente para conocer el proceso de autos, en tanto que es del lugar de donde se tiene como afectado el derecho.

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6. Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal también advierte que, debido a las circunstancias particulares de la recurrente [se trata de una mujer embarazada, y entre los derechos alegados se encuentra la igualdad y no discriminación de una persona que se encuentra en el grupo de sujetos en situación de vulnerabilidad estructural], y en la medida que existe la posibilidad de que se esté incumpliendo una línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional, resulta conveniente que se emita un pronunciamiento sobre el fondo.

8. No hay discusión de que en el Estado constitucional existe un compromiso serio con la igualdad, el mismo que encuentra reconocimiento en los textos constitucionales, y que las autoridades tienen el deber de materializar con hechos concretos, a fin de contrarrestar las desigualdades manifiestas y hacer posible que todas las personas disfruten de sus derechos en la misma medida.

9. A pesar de lo dicho, tampoco hay duda, y el paso de la historia lo ha demostrado, de que las diferentes perspectivas, participaciones y voces características de las mujeres han sido excluidas sin justificación razonable del discurso público y del contexto social. Aún hay rezagos de las diferencias entre hombres y mujeres culturalmente creadas en muchas sociedades. Y el Perú no escapa a tal realidad. Sin embargo, como Estado constitucional tiene el deber de combatir las desigualdades de manera efectiva, por ello, además del reconocimiento del derecho a no ser discriminado por razón de sexo, ha constitucionalizado otras obligaciones como el deber del Estado de ofrecer una especial protección a las madres (artículo 4), el deber estatal de establecer políticas públicas a favor de las libertades reproductivas (artículo 6), el principio de igualdad de oportunidades laborales sin discriminación (artículo 26) y el deber de establecer cuotas de género en aras de asegurar una representación más igualitaria en los gobiernos regionales y municipales (artículo 191).

[Continúa…]

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