TC ordena liberación de Fujimori desacatando sentencia de la Corte IDH

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Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL

Lo que no entienden los magistrados del TC

1. La Corte IDH está exigiendo el cumplimiento de sus sentencias Barrios Altos y La Cantuta donde ordenó a los Estados abstenerse de recurrir al indulto en caso de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

2. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano, prohíbe expresamente a éste conceder indulto o aprobar leyes que tengan estos efectos. En el caso La Cantuta ha precisa que “el Estado no podrá volver a aplicar las leyes de amnistía, las cuales no generarán efectos en el futuro […], ni podrá argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem[…], o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables” (párrafo 226). 

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Esta regla jurisprudencial ha sido reiterada desde la sentencia del Caso Barrios Altos, cuando el tribunal interamericano señaló que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (párrafo 41).

3. La función de un juez constitucional que protege derechos humanos, no acaba cuando expide la sentencia sino cuando esta es cumplida. Mientras la sentencia no es cumplida mantiene la competencia.

4. La Corte IDH está ordenando que se cumplan sus sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, que prohibieron los indultos a condenados por graves violaciones a los derechos humanos o por cometer delitos de lesa humanidad.

5. Es escandaloso que magistrados del Tribunal Constitucional que en señan derecho constitucional en universidades nacionales promuevan el desacato y el incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH.

6. Los magistrados violan el artículo 205 de la Constitución que reconoce la Jurisdicción internacional, a la cual pude recurrirse una vez agotada la jurisdicción interna, “Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte”.

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7. Los magistrados violan el artículo 139.2 de la Constitución que establece la prohibición de cualquier autoridad de interferir en el cumplimiento de sentencias con calidad de cosa juzgada, “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución”. 

8. Los Magistrados del TC que incumplen sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han cometido delito de prevaricato. El artículo 418 del Código Penal dice que “El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”.

9. En este caso además de incumplir el artículo 205 de la Constitución, los magistrados del TC violan la Ley No 27775, que aprobó la “Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales”.

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