TC ordena liberar a persona con Síndrome de Asperger internado sin su consentimiento [EXPEDIENTE N.° 01004-2021-PHC/TC]

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TC ordena liberar a persona con Síndrome de Asperger internado sin su consentimiento

EXP. N.° 01004-2021-PHC/TC 
LIMA 

ALVARO MARTÍN LINARES CANO, 
representado por MARÍA ROCÍO CANO GUERINONIMadre 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María Rocío Cano Guerinoni, a favor de don Álvaro Martín Linares Cano, contra la resolución de fojas 459, de fecha 29 de diciembre de 2020, expedida por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos

FUNDAMENTOS RELEVANTES

Delimitación del petitorio 

1. La presente demanda tiene como objeto que: (i) se ordene la invalidez del internamiento involuntario de don Álvaro Martín Linares Cano realizado por la Clínica Pinel SRL; (ii) se ordene a la clínica demandada que libere de forma inmediata Álvaro Martín Linares Cano sin la exigencia de los requisitos adicionales, en razón de que su internamiento fue inválido; (iii) se ordene a la clínica demandada la entrega del historial médico completo de don Álvaro Martín Linares Cano; y, (iv) se declare que la clínica demandada y los médicos tratantes del favorecido cometieron tratos crueles en perjuicio de su integridad. Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal y a la integridad física. Análisis de la controversia

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3. En el caso de autos, este Tribunal advierte que la demanda de habeas corpus está dirigida a cuestionar el hecho concreto de que al favorecido, quien es una persona con síndrome de Asperger, se le haya internado en una clínica en contra de su voluntad, vulnerándose así su derecho a la libertad individual. En consecuencia, se trata de un caso en el que se hace patente recordar ciertas consideraciones sobre el derecho a la libertad personal, como contenido del derecho a la libertad individual, de las personas con discapacidad.

4. Pues bien, lo primero que se debe señalar es que en el pasado este Tribunal ha tenido oportunidad de conocer casos que indirectamente estaban vinculados con el derecho a la libertad personal de personas con discapacidad mental en contextos de tratamientos médicos llevados a cabo en algún un centro de salud. Así, en la sentencia recaída en el Expediente 3081-2007-PA/TC se reconoció que “[d]esde una perspectiva panorámica del derecho internacional de los derechos humanos en materia de salud mental, se advierte que los principios que lo inspiran están destinados al logro de la rehabilitación y a un tratamiento que estimule la independencia personal, la autosuficiencia y la integración social del discapacitado con proscripción del método intramural y a ser tratado en igualdad de condiciones, sin discriminación y en estricto respeto de sus derechos fundamentales” (sic). De igual forma, en la sentencia recaída en el Expediente 02480-2008-PA/TC este Tribunal estableció que la familia también debe asumir una posición de garante para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad mental, al ser la más indicada para activar los servicios de salud a favor de sus familiares [Cfr. fundamento 18]. Por lo tanto, se reiteró que las personas con discapacidad mental tienen derecho a una atención de salud no intramural [Cfr. fundamento 26].

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5. En esa línea, si bien es cierto que en el fundamento 58 de la sentencia recaída en el Expediente 00194-2014-PHC/TC este Tribunal dejó evidenciado que “desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no existe aún un consenso absoluto en cuanto a la comprensión del derecho a la libertad personal de las personas con discapacidad, en general, y la interpretación del artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular, en lo referente a la posibilidad de restringir dicho derecho por motivos conducentes a garantizar la seguridad de la propia persona y de terceros”, es oportuno ahora recordar lo señalado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental: “El Relator Especial (…) reitera su llamamiento anterior a favor de un cambio de paradigma en el terreno de la salud mental, que deje de lado medidas superadas cuya consecuencia es el internamiento forzoso en instituciones psiquiátricas de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Insta a los Estados, las organizaciones internacionales y otros interesados a que emprendan iniciativas concertadas para reducir radicalmente la utilización de la institucionalización en situaciones de atención de la salud mental, con miras a eliminar esas medidas e instituciones. (…)” [Cfr. ONU. Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. A/HRC/38/36, 10 de abril de 2018, párrafo 51]

6. En consecuencia, recogiendo lo que se había señalado en las sentencias recaídas en los Expedientes 03081-2007-PA/TC y 03426-2008-PHC/TC, en el fundamento 38 de la sentencia recaída en el Expediente 00194-2014-PHC/TC este Tribunal expuso la necesidad de contar “con un marco legislativo adecuado, coherente y específico que regule lo concerniente a la salud mental en nuestro país, atendiendo siempre al respeto de la dignidad de la persona humana”. Es así que, recién el 23 de mayo de 2019 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 30947, Ley de Salud Mental. Posteriormente, con fecha 5 de marzo de 2020, se publicó el Decreto Supremo 007- 2020-SA que aprobó el reglamento de dicha ley.

[Continúa…]          

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