TC: parámetros para determinar el costo y distribución de arbitrios municipales [Expediente N°0041-2004-AI/TC]

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TC parámetros para determinar el costo y distribución de arbitrios municipales

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Expediente N°0041-2004-AI/TC
LIMA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ASUNTO 

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra las Ordenanzas Ns. 171-MSS y 172-MSS expedidas por la Municipalidad de Santiago de Surco, que aprueban el régimen legal tributario y los importes de arbitrios municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2004; las Ordenanzas N.oS 003-96-0-MSS, 006-97-0- MSS, 002-98-0-MSS y 01-0-MSS; el artículo 4° de la Ordenanza N.O 024-MSS (2000), el artículo 4° de la Ordenanza N.O 55-MSS (2001), el artículo 6° de la Ordenanza N.O 92- MSS (2002), los artículos 7° y 8° Y la Segunda Disposición Final de la Ordenanza N.O 128- MSS (2003), así como el artículo 5° de la Ordenanza N.O 130-MSS (2003), por contener vicios de inconstitucionalidad. 

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FUNDAMENTOS RELEVANTES 

§ Delimitación del petitorio

l. La Defensoría del Pueblo, mediante la presente acción de inconstitucionalidad contra diversas Ordenanzas de la Municipalidad de Santiago de Surco que establecieron el pago de arbitrios por concepto de Serenazgo, Limpieza Pública, Parques y Jardines, para los periodos fiscales 1996, 1997, 1998, 1999,2000, 2001,2002,2003 Y 2004, solicita a este Colegiado la revisión constitucional de las mismas, básicamente por 10 siguientes argumentos:

1. Respecto a la impugnación de ordenanzas ya derogadas, demanda el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, debido a que los efectos de las mismas aún perviven en el tiempo.

2. La Municipalidad de Santiago de Surco, en la emisión  de las Ordenanzas Municipales impugnadas, no ha respetado el mecanismo formal de ratificación para su validez, establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.

3. La Municipalidad de Santiago de Surco ha cobrado arbitrios utilizando criterios no admisibles para su cuantificación. 

§ Marco del análisis constitucional 

II. Partiendo de los tres temas que delimitan el petitorio, este Tribunal desarrollará el correspondiente análisis de constitucionalidad sobre la base de una interpretación desde la Constitución y las normas integrantes del parámetro o bloque de constitucionalidad. En ese sentido, a fin de verificar si en este caso se han violado los principios de legalidad y no confiscatoriedad alegados, se pronunciará respecto a lo siguiente:

– La facultad del Tribunal para la revisión de normas derogadas.

– El fundamento constitucional de la ratificación de las ordenanzas distrita1es por parte de la Municipalidad Provincial, el parámetro de constitucionalidad y el principio de legalidad; en cuyo caso se esclarecerá 10 siguiente:

– Si la ratificación es un elemento esencial de validez de la ordenanza. 

– Si la ratificación de las ordenanzas distritales por las provinciales es un requisito constitutivo o declarativo de la vigencia de la norma.

– Tomando en cuenta el marco legal aplicable a las ordenanzas impugnadas, ¿ desde qué momento debieron generarse los efectos jurídicos de las ordenanzas ratificadas, es decir, desde cuándo fueron exigibles a los contribuyentes?

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57. Al respecto, el Tribunal Constitucional sostuvo en el Exp. N.O 2727-2002-AAlTC, que el principio de confiscatoriedad tiene la estructura propia de lo que se denomina un ‘concepto jurídico indeterminado’. Es decir, su contenido constitucionalmente protegido no puede ser precisado en términos generales y abstractos, sino que debe ser analizado y observado en cada caso, teniendo en consideración la clase de tributo y las circunstancias concretas de quienes estén obligados a sufragarlo. No obstante, teniendo en cuenta las funciones que cumple en nuestro Estado democrático de derecho, es posible afirmar, con carácter general, que se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad. 

58. Por ello, conforme se declaró en el Exp. N.O 0004-2004-AI/TC (acumulados), es preciso distinguir la eventual inconstitucionalidad de un tributo en atención a su incidencia concreta en las circunstancias particulares en las que se encuentre cada uno de los obligados a sufragarlo, y la inconstitucionalidad en la que pueda incurrir la ley que lo regula, la cual sólo podría ser determinada, en sentido abstracto, analizando los elementos constitutivos del tributo, y particularmente la materia imponible y la alícuota, cuyos contenidos o dimensiones podrían ser muestras evidentes de un exceso de poder tributario.

63. Esperamos que, en lo subsiguiente, el Tribunal Fiscal no evite efectuar este análisis ;’ bajo la excusa de estar supeditado “únicamente a la ley”; incluso, de admitirse ello, no I debe’ eludirse el análisis de una ordenanza municipal de conformidad con la Ley de / Tributación Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades. De esta manera, tomando en cuenta que estas normas establecen los requisitos de fondo y forma para las Ordenanzas en materia tributaria, lo adecuado para el contribuyente frente a presuntos cobros arbitrarios es que dicha situación sea resuelta 10 antes posible, y es evidente que un Tribunal especializado en materia tributaria se encuentra plenamente facultado para realizar esta labor de manera efectiva.

[Continúa…]

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