Tercería de propiedad: Proceso especial [Casación 1234-2021, Lima] 

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  
SALA CIVIL PERMANENTE  

Lima, cinco de junio de dos mil veintitrés.  

VISTOS; con la razón que antecede, emitida por la secretaria de esta Sala Suprema, de folios treinta y seis; y el cargo de notificación de folios treinta; y, CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha quince de noviembre de dos mil veinte, interpuesto por la demandante María Elena Fernández Dávila Pérez, contra el auto de vista contenido en la resolución número cinco de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, expedido por la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, (el cual le fue notificado el tres de noviembre de dos mil veinte), que confirma el auto apelado, contenido en la resolución número uno de fecha diez de enero de dos mil veinte, que declaró improcedente la demanda de tercería excluyente de propiedad.  

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Por consiguiente, se deben examinar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1° de la Ley N° 29364 (los cuales, si bien fueron modificados recientemente por el artículo 1° de la Ley Nº 31591, todavía resultan aplicables a este caso en mérito a la Segunda Disposición Complementaria Final del Código Procesal Civil)1 .  

SEGUNDO.- Previamente a analizar los requisitos antes mencionados, es necesario precisar que en doctrina y algunas legislaciones se señalan como fines del recurso de casación, los siguientes: i) Controlar la correcta observancia (correcta interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley contra las arbitrariedades de los jueces en su aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido 

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de unifi car criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación de determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etc. (ejerce función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) Controlar el correcto razonamiento jurídico-fáctico de los jueces en la emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el derecho que apliquen al caso (ejerce función contralora de logicidad). iv) Contribuir con una de las fi nalidades supremas del proceso en general, como es la de obtener justicia en el caso en concreto, cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas como el nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe el reenvío de la causa (ejerce función dikelógica) 

[Continúa…]     

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