Terminación anticipada y reparación civil [Casación 2325-2021, Nacional]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Título. Terminación Anticipada. Reparación civil 

Sumilla. 1. El proceso especial de terminación anticipada está en función a un acuerdo entre el fiscal y el imputado respecto del hecho punible, de la pena, de la reparación civil y de las consecuencias accesorias. En estos aspectos el acuerdo debe ser pleno, salvo en cuanto a la reparación civil en que la agraviada o actora civil –en este caso la Procuraduría Pública Ad Hoc– pueden recurrir cuestionando la legalidad del acuerdo y el monto de la reparación civil –en el presente caso, se cuestionó, desde su ámbito de intervención procesal, el monto de la reparación civil acordada entre la Fiscalía y el imputado–. En este punto, la Sala Penal Superior puede incrementar la reparación civil dentro de los límites de la pretensión del actor civil –en este caso: setecientos mil soles–. Así lo estatuye el artículo 468, apartado 7, del CPP. 2. El marco jurídico de la reparación civil es claro. El ámbito de la misma está desarrollado en los artículos 93 y siguientes del Código Penal y 11, apartado 2, del CPP; y, asimismo, conforme al artículo 101 del Código Penal, con las disposiciones pertinentes del Código Civil: artículos 1969 al 1988. Este bloque normativo no puede ser soslayado cuando se trata de determinar la responsabilidad civil ex delicto y fijar el monto de la misma. La razonabilidad de la reparación civil no puede excluir las bases normativas que la constituyen y, en su caso, la cuantía respectiva en función a la entidad de los daños y perjuicios generados. 

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El criterio rector en la materia es la reparación integral en favor de la agraviada o perjudicada, desde una perspectiva global que ha de tomar en cuenta la conducta desarrollada y el número de intervinientes en su comisión, cuya regla es la solidaridad conforme al artículo 95 del Código Penal y, en lo pertinente, el artículo 1983 del Código Civil. 3. Es de partir de los daños patrimoniales y, luego, definir los daños extrapatrimoniales. El Estado ya se resarció por el conjunto de ilicitudes perpetradas por los encausados colaboradores y, en especial, por lo ocurrido, respecto de la propia obra “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco”. El monto global que representó, en su esencia, la colusión agravada por ese proyecto, ya está definido, aprobado y en plena ejecución. Sin embargo, como este monto (daño patrimonial y daño extrapatrimonial) no incluyó la conducta dañosa de los encausados en la causa judicial 33-2017, distinta incluso del proceso por colaboración eficaz –causa judicial de la que se ha desprendido el proceso de terminación anticipada del encausado recurrido Carlos José Campusano Dulanto–, circunscripta a la cantidad que, de lo cobrado al Estado, Odebrecht entregó finalmente a los hermanos Campusano Dulanto: novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintitrés soles con siete céntimos, que internamente se repartió conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, punto cuarto, en consecuencia, es de rigor determinarlo. 4. El resarcimiento por el daño extrapatrimonial no incide en la reintegración del patrimonio afectado, sino en la satisfacción por el mal sufrido y también es consecuencia de la comisión de un hecho antijurídico. El perjuicio puede ser incluso el perjuicio social, de suerte que es posible entender que el Estado también puede ser titular del derecho al resarcimiento al resultar afectado como consecuencia de las funciones públicas que desempeña y de su consideración desde su eficiencia para la comunidad y la tutela del patrimonio estatal, que deben garantizarse por el ordenamiento. Estos daños no son susceptibles de cuantificarse con criterios objetivos aplicados en atención a la demostración o prueba de lesiones materiales –fluye lógicamente del suceso delictivo–, pero han de basarse mayormente en un criterio de reparación basado en el sentimiento social de los daños producidos por la ofensa. 

[Lee también: Razonabilidad del acuerdo de terminación anticipada [Expediente N.° 03244-2021-PHC/TC]

Se ha de acudir a la equidad y, siguiendo sus dictados, debe tomarse en consideración la magnitud del hecho delictivo, la afectación al Estado –su entidad real o potencial–, la contextualización de los daños en relación al conjunto de hechos que lo determinaron, la relevancia social y repulsa de los mismos, y las circunstancias institucionales del Estado cuando se produjo la conducta. 5. La suma que ha de fijarse debe ser significativa. El daño está más allá de un sometimiento al principio del consenso, responde al principio del daño causado y su debido y justo resarcimiento. La indemnización, como se sabe, es el efecto jurídico del nacimiento de la obligación legal de indemnizar, que surge del deber genérico de no dañar, cuya cuantía debe estimarse razonada, prudente y razonablemente. Así las cosas, en función a esta relación entre el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial, y a los factores de cuantificación de este último, citados up supra, el monto por este último ha de ser quinientos mil soles, más los intereses legales devengados desde la fecha en que se produjo el daño, conforme al artículo 1985, in fine, del Código Civil. No puede haber una diferencia relevante entre los montos por daño patrimonial y daño extrapatrimonial, además debe atenderse a la cantidad de involucrados en la comisión del hecho antijurídico y a una justa proporción entre ellos, según la calidad y cantidad de su aporte. 

Lima, veintiséis de abril de dos mil veintitrés.

[Continúa…]

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