¿Tiene fundamento constitucional la expropiación o la intervención de las clínicas privadas, como consecuencia de los millonarios cobros a los afectados por Covid 19?

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Por: Juan Carlos Ruiz Molleda -Abogado de IDL

En un Estado constitucional como el nuestro, no toda restricción de derechos es en primera instancia ilegitima e inconstitucional. Para que sea constitucional una restricción de derechos fundamentales, deberá el Estado demostrar que esta restricción es idónea, necesaria y proporcional, de acuerdo con el “test de proporcionalidad” reconocido en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución. Es decir, deberá demostrar que esta restricción es para proteger bienes jurídicos (derechos fundamentales o principios constitucionales), de mayor relevancia constitucional. En este caso, se esta restringiendo el derecho de propiedad de las clínicas, para proteger la salud. Acá algunas razones que pueden sustentar estas restricción.

1. La expropiación de las clínicas a propósito de los altos cobros de las clínicas por Covid 19, tiene fundamento constitucional en el artículo 70 de la Constitución que reconoce la expropiación de la propiedad privada. Para que la expropiación sea constitucional, se exigen fundamentalmente dos cosas, que haya una real y verdadera “necesidad pública”, y siempre que haya un pago del precio de mercado del bien, o pago del justiprecio.

2. El artículo 7 de la Constitución reconoce el derecho a la salud. El artículo 9 obliga al Estado a elabora políticas públicas que protejan este derecho. De igual manera, tratados internacionales de derechos humanos exigen proteger la salud de las personas. El derecho a la salud hay que interpretarlo junto con el artículo 2.1 que conoce el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, el que puede verse afectado sino se recibe una atención sanitaria.

3. El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos exigen a los Estados, remover todos los obstáculos que impiden la vigencia de los derechos fundamentales. Ojo debe remover no solo los obstáculos normativos, sino en general, que impiden la real vigencia del derecho a la salud.

4. El párrafo 166 de la sentencia Velásquez Rodríguez de la Corte IDH, exigen al Estado organizar el aparato público para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. En palabras de la Corte “Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.”

5. El artículo 44 de la Constitución, reconoce de manera categórica que la razón de ser del Estado es “garantizar plenamente” los derechos fundamentales. Esta posición de garante de los derechos fundamentales le obliga a garantizar de forma efectiva el derecho a la salud.

6. También encuentra fundamento en el artículo 59 de la Constitución, que reconoce que si bien el Estado promueve la creación de la riqueza, y reconoce las libertades de empresa, comercio e industria, están tienen como limites el derecho a la salud. Jamás se pueden invocar estos derechos para justificar una afectación del derecho a la salud.

7. Además, el Estado en el mismo artículo 59 de la Constitución reconoce el principio de favorecer a aquellos sectores que sufren exclusión. Esta norma debe interpretarse de conformidad con el artículo 2.2 de la Constitución, que reconoce el derecho a la igualdad, el cual proscribe no solamente, tratar diferente a los iguales, sino tratar igual a los que están en diferente situación. Las personas afectadas por el covid merecen una atención especial, en atención a su afectación a la salud.

8. El Estado social de derecho, reconocido en el artículo 43 de la Constitución, es otro fundamento, según el cual, el Estado tiene que tomar en cuenta y atender a aquellos sectores que sufren desigualdad y vulnerabilidad en sus derechos. No estamos ante el Estado liberal del siglo XVIII, donde el Estado es el árbitro y no interviene. El Estado social le obliga a promover sectores que sufren vulnerabilidad en sus derechos.

9. El artículo 58 de la Constitución reconoce el principio de “economía social de mercado”, según el cual, “Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

10. El Estado debe proteger los intereses y los derechos de los consumidores. Este es un mandato que se desprende del artículo 65 de la Constitución. El Estado no puede ponerse de costado cuando se afectan los derechos de los consumidores. Dos cosas exige el artículo 65 de la Constitución, garantizar de manera especial la información y en segundo lugar la salud de los consumidores.

11. Cuando no hay correspondencia entre las prestaciones en un contrato, como ocurre con los contratos donde clínicas han cobrado una suma millonaria, el TC ha señalado que el Estado no puede quedarse cruzado de brazos debe entrar a proteger a los sectores más débiles. (DSTC No 00858-2003-AA/TC, f.j. 22)

12. La libertad contractual no es sagrada e intocable como parece sugerir una lectura literal u asilada del artículo 62 de la Constitución. Esta norma debe ser interpretada de conformidad con el artículo 2.14 de la Constitución que establece el derecho “A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”. La libertad contractual no puede disponer los derechos fundamentales. No se puede pactar contra los derechos humanos.

13. Los contratos no son intocables. El artículo 103 de la Constitución luego de una reforma constitucional, ha superado la teoría de los derechos adquiridos, según la cual no se pueden tocar los contratos, y ha asumido la teoría de los hechos cumplidos, según la cual, el Estado puede modificar las consecuencias actuales de contratos pasado, siempre que hay un interés público claro y evidente.