Titulación de Comunidades Campesinas: ¿Cuál es su normativa?

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Muchas comunidades campesinas aún no cuentan con un título de propiedad debidamente saneado, lo que genera una situación de inseguridad jurídica porque las hace más vulnerables a situaciones conflictivas. Por ello, en esta nota te explicaremos sobre la normativa de la titulación de comunidades campesinas.

¿En qué consiste la normativa de la titulación de comunidades campesinas?

La normatividad sobre titulación de territorios comunales son las reglas y principios que se han desarrollado sobre la existencia legal y personería jurídica de estas comunidades. Esta normatividad es amplia. Sin embargo, cabe precisar que muchas de esas normas brindan un tratamiento similar a la titulación colectiva y a la individual, sin evaluar los efectos de una y otra sobre los territorios comunales.

[Lee también: Titulación de Comunidades Campesinas: ¿Qué es y para qué sirve?]

Principales normativas de titulación de comunidades campesinas

Las principales normas que debemos considerar son las siguientes: 

• Constitución Política del Perú de 1993: específicamente los artículos 88 y 89. A diferencia de la Constitución de 1979 —que reconocía a los territorios comunales el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles—, la Constitución de 1993 solo reconoce a estos territorios un carácter de imprescriptibilidad relativa. 

• Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (aprobado en el Perú por Resolución Legislativa N° 26253, del 2 de diciembre de 1993): específicamente los artículos 13 al 19. 

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas – DNUDPI (aprobado por el Perú a través de la Resolución 61/295 de la ONU, del 13 de septiembre de 2007): específicamente los artículos 25 al 32. 

• Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas (13 de abril de 1987): específicamente los artículos 7 al 15. Garantiza la autonomía de la comunidad para la gestión, disposición y aprovechamiento de su territorio, señalando que las decisiones respecto al territorio deben ser acordadas por las dos terceras partes de la asamblea comunal. 

• Ley N° 24657, que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del Territorio de las Comunidades Campesinas (13 de abril de 1987): impulsa el saneamiento y la titulación de las comunidades campesinas y considera estos procesos como temas de interés nacional. 

[Lee también: Lineamientos para el deslinde y titulación del territorio de comunidades campesinas]

• Ley N° 26505, Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas (17 de julio de 1995): también conocida como “Ley de Tierras”, reitera que 12 las decisiones respecto al territorio deben ser acordadas por las dos terceras partes de la asamblea comunal. 

• Ley N° 26845, Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa (23 de julio de 1997): aplicable sólo para comunidades campesinas ubicadas en la costa. Sienta un precedente negativo al establecer que las decisiones sobre el territorio pueden ser tomadas sólo por el 50% de los miembros de la asamblea comunal. 

• Decreto Legislativo N° 667, Ley de Registro de Predios Rurales (12 de setiembre de 1992): promueve la parcelación de las tierras de propiedad de las empresas campesinas asociativas o empresas comunales (arts. 17 al 19). 

• Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 343-2013-SUNARP-SN, que aprueba la “Directiva 010-2013-SUNARP-SN, que regula la Inscripción de los actos y derechos de las Comunidades Campesinas”: establece las pautas y uniformiza los criterios a seguir por los funcionarios de la SUNARP para efectuar la inscripción de los títulos de propiedad colectivos e individuales de las comunidades campesinas.

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