¿Trabajador público con rehabilitación penal puede reincorporarse a su puesto de trabajo? [Informe 001276-2021-Servir-GPGSC]

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Autoridad Nacional del Servicio Civil
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil
Informe Técnico 001276-2021-Servir-GPGSC

Lima, 30 de junio de 2021.
Para: ADA YESENIA PACA PALAO
Gerenta de Políticas de Gestión del Servicio Civil
De: ANGEL AUGUSTO BASTIDAS SOLIS
Coordinador de Soporte y Orientación Legal

Asunto: a) Sobre la ejecución de destitución automática por condena penal a docente de instituto superior público antes de la vigencia de la Ley N° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
b) Sobre la rehabilitación de la pena dispuesta por los órganos jurisdiccionales

[Lee también: Convenios colectivos deben interpretarse siempre a favor del trabajador [Casación 10406-2016, Lima] 

Referencia: Oficio N° 395-2021-GR/GREMO-DRAJ

I. Objeto de la consulta:

Mediante el documento de la referencia, el Gerente Regional de la Dirección Regional de Educación de Moquegua consulta a SERVIR sobre la ejecución de destitución automática por condena penal a docente de instituto superior público antes de la vigencia de la Ley N° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y otros.

II. Análisis:

Competencias de SERVIR

2.1 La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es un organismo rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo el Estado. No puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones individuales que adopte cada entidad.

2.2 Debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa aplicable al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos.

Por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

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2.3 Considerando lo señalado hasta este punto resulta evidente que no corresponde a SERVIR –a través de una opinión técnica– emitir pronunciamiento sobre alguna situación concreta. Por ello el presente informe examina las nociones generales a considerar sobre las materias de la presente consulta.

Delimitación del presente informe

2.4 En atención a lo señalado, teniéndose en cuenta la fecha de los hechos materia de consulta, solo se emitirá pronunciamiento general, a través del presente informe, sobre la ejecución de la destitución automática por condena penal y sus efectos en el marco de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado (norma vigente al momento de ocurridos los hechos materia de consulta), y en el marco de la Ley N° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes; así como sobre la rehabilitación de la pena dispuesta por los órganos jurisdiccionales.

Sobre la ejecución administrativa de la destitución automática por condena penal en el marco de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado aplicable a profesores de institutos superiores públicos

2.5 Al respecto, en primer lugar, debe señalarse que la antigua Ley N° 24029, Ley del Profesorado, establecía el régimen del profesorado como carrera pública y como ejercicio particular, de acuerdo con el artículo 41° de la Constitución Política del Perú. Incluía a los respectivos profesores cesantes y jubilados, a los profesores de los Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas de Educación Superior, y regulaba la situación de los no profesionales de la educación que ejercían funciones docentes.

2.6 Bajo este marco legal, se dictó el Reglamento Especial para docentes de Educación Superior, aprobado por Decreto Supremo N° 39-85-ED, el cual regulaba los aspectos relacionados con la jornada laboral, estructura de cargos, titulación profesional, remuneraciones y demás obligaciones y derechos de los docentes en el nivel de Educación Superior, en armonía con el artículo 65°[1] de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado.

2.7 Siendo así, en cuanto al régimen disciplinario aplicable en dicho contexto a la carrera pública magisterial (y por ende a los profesores de los Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas de Educación Superior), el último párrafo del artículo 27° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, ha establecido lo siguiente: “[…] La inhabilitación profesional [al profesor] es impuesta por la sentencia judicial que sanciona un delito común”.

[Continúa…]

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