Tráfico ilícito de drogas. Cambio de juez. Ovise. Pericia fonométrica [Casación 453-2021, Ayacucho]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Tráfico Ilícito de Drogas. Cambio de juez. OVISE. Pericia fonométrica. Motivación 

Sumilla: 1. Una de las reglas que integra el régimen jurídico del juicio oral es la presencia ininterrumpida de los jueces del órgano judicial colegiado en todo el curso del plenario (ex artículo 359, numeral 1, del CPP). Empero, el propio precepto procesal, en el numeral 2, autoriza expresamente el reemplazo de un solo juez del Colegiado, cuando se advierta que la ausencia de éste será prolongada o que le surgió un impedimento, el cual ha de continuar interviniendo con los otros dos jueces restantes. Desde luego esta regla de excepción, como tal, debe interpretarse restrictivamente, en la esfera de su ordenamiento, y esencialmente ha de garantizar un juicio justo y equitativo, así como que el reemplazo se produzca en los momentos iniciales de la actividad probatoria propiamente dicha.

2. La videovigilancia es un medio tecnológico de investigación utilizado en las indagaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones delictivas. Se realizan sin conocimiento del afectado, y bajo control del Ministerio Público, siempre que resulte indispensable para cumplir los fines de esclarecimiento. 

[Lee también: Ne bis in idem y el tráfico ilícito de drogas [Expediente 01536-2017-PHC/TC]

Así lo prevé el artículo 207, numeral 1, del CPP. El procedimiento de investigación realizado en el sub judice por efectivos PNP del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) ORION, fue lo que se conoce como “Observación, Vigilancia y Seguimiento” (OVISE), que incluyó tomas fotográficas y de video, a partir del apoyo de interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente –el CD conteniendo las tomas de video se acompañaron a los Informes del personal de Inteligencia GEIN ORION–.

3. El órgano de enjuiciamiento debe tener clara la autenticidad y la atribuibilidad de las voces cuando se trata de audios que contienen las interceptaciones telefónicas, pero su convicción no tiene por qué obtenerse necesariamente mediante el formato de una pericial o una comparecencia previa de audición. La atribución a una persona determinada de las conversaciones telefónicas que han sido intervenidas puede hacerse mediante el reconocimiento que ésta haga de su participación en las mismas, mediante una prueba pericial sobre las voces o mediante otras pruebas que lo permitan, como el testimonio de los policías que efectuaron las vigilancias y seguimientos derivados del contenido de las conversaciones intervenidas, incluso puede hacerse por el propio órgano judicial en virtud de su propia y personal percepción y por la evaluación ponderada de las circunstancias concurrentes o a través de elementos probatorios de carácter indiciario. No existe ningún precepto legal que imponga la pericia fonométrica y, en todo caso, rige el principio de libertad de prueba (ex artículo, 157, apartado 1, del CPP).

4. El derecho a la motivación no supone que el órgano judicial esté obligado a realizar una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes o una exhaustiva descripción del proceso intelectual que lo lleva a resolver en un determinado sentido, basta con que exprese las razones de derecho probatorio y material en que se apoya para adoptar su decisión; es decir, su ratio decidendi –ello no es incompatible con una economía de razonamientos ni con una motivación concisa, escueta o sucinta–. Los errores que pueden cometerse solo tienen trascendencia constitucional en cuanto son determinantes de la decisión adoptada. La razonabilidad de la motivación estriba en que la resolución, desde la perspectiva lógica formal, sea coherente, así como, adicionalmente, si la motivación, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, permite comprobar que parte de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de magnitud significativa.

Lima, treinta de enero de dos mil veintitrés.

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VISTOS; en audiencia pública: los recursos de casación, por las causales de inobservancia de precepto constitucional, quebrantamiento de precepto procesal y violación de la garantía de motivación, interpuestos por los encausados ADDERLY GUTIÉRREZ ORIUNDO, TEÓFILO CARBAJAL ROJAS, JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERCADO, HERSAEL RAMOS MUÑOZ y ABSALÓN CÓRDOVA AGUILAR contra la sentencia de vista de fojas seiscientos cincuenta, de veintitrés de setiembre de dos mil veinte, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas cuatrocientos ocho, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, los condenó como coautores del delito de tráfico ilícito de drogas con agravantes en agravio del Estado, a las siguientes penas: a Córdova Aguilar diecisiete años y siete meses de privación de libertad, a Ramos Muñoz dieciséis años y cuatro meses de privación de libertad, a Fernández Mercado dieciséis años y cinco meses de privación de libertad, a Gutiérrez Oriundo –por mayoría– dieciséis años y cuatro meses de privación de libertad, Carbajal Rojas dieciséis años y cinco meses de privación de libertad, y a Correa Rojas a diecisiete años y siete meses de pena privativa de libertad; de igual manera, a todos, cinco años de inhabilitación, y multa –doscientos treinta y cinco días multa que abonará Córdova Aguilar, doscientos veinte días multa que abonarán Fernández Mercado y Gutiérrez Oriundo, y doscientos quince días multa que abonarán Ramos Muñoz, Rojas Carbajal y Correa Mendoza–, así como al pago de solidario de ciento veinte mil soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Preliminar. Que las sentencias de instancia declararon probado que los encausados recurrentes ADDERLY GUTIÉRREZ ORIUNDO, TEÓFILO CARBAJAL ROJAS, JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERCADO, 

[Continúa…]

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