Tráfico ilícito de drogas: Intervención policial sin participación del Ministerio Público e insuficiencia de notas de inteligencia [Recurso de Nulidad 1563-2021, Callao]

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Tráfico ilícito de drogas-Intervención policial-Ministerio Público-insuficiencia de notas de inteligencia

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

IN DUBIO PRO REO

Sumilla: La actuación probatoria realizada durante el proceso no genera convicción de culpabilidad en el juzgador sobre la responsabilidad penal del encausado en el ilícito que se le imputa, sino que origina cognitivamente una duda insuperable. Es de aplicación el principio universal del in dubio pro reo.

Lima, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Jhonatan Raúl Tolentino Meza contra la sentencia del once de marzo de dos mil veintiuno (folios 620 a 633), expedida por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones (Ex-Segunda Sala Penal Liquidadora Permanente) de la Corte Superior de Justicia del Callao. Mediante dicha sentencia se le condenó como autor del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. En consecuencia, se le impuso seis años de pena privativa de libertad efectiva, ciento veinte días multa y fijó en dos mil soles el monto de la reparación civil; con lo demás que contiene.

Con lo expuesto por la Fiscalía Suprema en lo Penal. Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López.

[Lee también: Tráfico ilícito de drogas: Coautoría y complicidad [Casación 566-2020, Loreto]

CONSIDERANDO

El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante, C de PP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano1. Está sometido a motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331) efectos suspensivos, de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del C de PP.

Segundo. IMPUTACIÓN FÁCTICA

2.1. De acuerdo con el dictamen acusatorio (folios 218 a 227), los cargos atribuidos a Jhonatan Raúl Tolentino Meza, consisten en lo siguiente:

El once de febrero de dos mil dieciséis, aproximadamente a las 17:00 horas, personal policial del Departamento de Inteligencia del Callao con conocimiento de que en el interior de la vivienda del lote 24 de la manzana D de la calle Ayacucho del pueblo joven Miguel Grau Dulanto en el Callao se vendía y distribuía drogas, se realizó un operativo en el inmueble donde se intervino en el interior a Jhonatan Raúl Tolentino Meza y se halló en el ambiente del dormitorio, sobre la cama, una bolsa de plástico que contenía 205 gramos de pasta básica de cocaína y envuelto en papel higiénico 183 gramos de cannabis sativa, cantidad que tenía por finalidad su comercialización.

2.2. Estos hechos fueron subsumidos en el delito de tráfico ilícito de drogas2, previsto en el segundo párrafo del artículo 296 (modificado por el artículo único del Decreto Legislativo N.° 1237, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil quince) del Código Penal.

[Lee también: Tráfico ilícito de drogas: prueba, traslado, huida y arrojo [Recurso de Nulidad 904-2018, Lima]

Tercero. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNANTE

La defensa del sentenciado, al fundamentar el recurso de nulidad (folios 638 a 647), sostuvo que:

3.1. No se realizó un control serio y formal sobre la violación de derechos fundamentales, si existió flagrancia delictiva o un allanamiento ilegal el día de la intervención policial; por lo que esta carencia, desde la perspectiva de la obtención de la prueba, acarrea una grave afectación a la motivación de las resoluciones judiciales.

3.2. Se utilizaron pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales; lo que contraviene el artículo VIII del Código Procesal Penal que es de aplicación inmediata, conforme con el artículo VII del mismo Código.

3.3. En los hechos no existió flagrancia delictiva, pues no se cumplió con los requisitos de inmediatez temporal ni personal; lo que se puede apreciar del contenido del acta de intervención policial.

3.4. No existe flagrancia en delitos clandestinos de ejecución permanente.

3.5. Se debió coordinar con el Ministerio Público para que solicite la autorización de allanamiento de domicilio; asimismo, la necesidad de urgente intervención al no concurrir peligro en la demora.

3.6. Resulta evidente el allanamiento ilegal y que los efectivos policiales únicamente podían evitar la cárcel sembrando especies. No se tiene seguridad de que los hechos sean ciertos.

3.7. El estado de emergencia no significa que la policía trasgreda cualquier derecho constitucional, sino únicamente cuando medie flagrancia delictiva. En ese sentido, sustentar la intervención es arbitrario.

3.8. En la oralización de piezas se realizaron las siguientes observaciones:

a. El acta de intervención es un formato que “debe haber” sido llenado en la DEPINCRI CALLAO y pese a que indica un ítem para “garantías y derechos” no se consignan los derechos.

b. El acta de registro personal que se efectuó a Tolentino Meza, a quien no se leen sus derechos, se encuentra en blanco en gran parte y no genera certeza.

[Continúa…]

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