Transparencia y legitimidad en el procedimiento concursal administrativo [Casación 1618-2011, Lima]

0
309
Transparencia y legitimidad en el procedimiento concursal administrativo

Loading

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

Lima, veintiséis de agosto de dos mil trece.-

LA SALA  DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:

VISTA la causa; con el acompañado, de conformidad con el Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha con los Vocales Supremos Sivina Hurtado – Presidente, Acevedo Mena, Morales González, Rueda  Fernández y Ayala Flores; oído el informe oral; se emite la siguiente  sentencia:

1. MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por et Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –  INDECOPI, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez, obrante a fojas cuatrocientos veintiocho contra la sentencia de vista de fecha seis de agosto de dos mil diez, obrante a fojas trescientos sesenta y nueve, que Revocando is sentencia apelada de fecha doce de mayo de dos mil nueve, obrante a fojas doscientos diez, declara Fundada la demanda de impugnación de resolución administrativa.

[Lee también: Principio administrativo, su transgresión y consecuencias [Casación 8133 – 2013, Lima]   

2. FUNDAMENTOS  POR  LOS  CUALES  SE  HA  DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

Por resolución de fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, obrante a fojas noventa y cinco del cuaderno de casación, esta Suprema Sala ha declarado procedente el recurso de casación formulado por el Instituto Nacional  de  Defensa  de  la  Competencia  y  de  la  Protección  de  la Propiedad  intelectual – INDECOPI  por  las  denuncias  de  infracción normativa   del articulo 24, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado;  los  artículos  V del  Titulo  Preliminar, 42  numeral 42.1 y 38 y numeral      38.5 de la Ley N° 27809 y el articulo 148 de la Resolución de la Superintendencia de Banca y         Seguros N.º 080-98-EF/SAFP; precisándose que dichas denuncias se sustentan, dentro del recurso, en base  a  las  siguientes  alegaciones:

a)  La  aplicación  indebida  del articulo 24 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado y del articulo 42 numeral 42.1 de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal, el impugnante señala que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha aplicado indebidamente dichas normas, toda vez que,  resultan  absolutamente impertinentes para pronunciarse sobre  la validez  de  la  resolución  administrativa  cuestionada.  En  ese  sentido. precisa la Entidad demandada que el fallo de la resolución impugnada se ha sustentado en normas materiales que no tienen correspondencia con lo que el acto administrativo cuestionado resolvió y con lo que es materia de controversia en el presente proceso, por cuanto no ha  negado la preferencia de los créditos laborales o previsionales, sino que tan solo ha señalado  que  los  créditos  provisionales  que AFP  Unión  Vida  solicitó reconocer al interior del procedimiento concursal no corresponde con la realidad, al haber sido calculados tales créditos sobre una base presunta y excesiva  como  lo es  la  remuneración máxima  asegurable  para  los seguros de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio fijados por la Superintendencia de Banca y Seguros; máxime que, no esta demostrada la   existencia de   relación   laboral   alguna   durante   los   periodos correspondientes  a  los  supuestos  aportes  previsionales  impagos;

 b) Interpretación   errónea   del  articulo 148  de  la  Resolución   de Superintendencia N° 80-98-EF/SAFP, alega la Institución demandada que  no se ha tenido en cuenta dicha norma, que determina que las Aseguradoras de Fondos de  Pensiones están obligadas a  iniciar las acciones correspondientes, incluyendo dentro de las mismas, la solicitud de reconocimiento de créditos laborales en un procedimiento concursal, concluyendo a partir de dicha interpretación que ella debía reconocer los créditos laborales; siendo que, una interpretación adecuada de la norma  denunciada importa que la demandante debía determinar el monto exacto de la aportación adeudada, agotando los procedimientos administrativos  y judiciales previos antes de acudir a la via administrativa a solicitar el  reconocimiento de dichos créditos;

[Lee también: ¿Firmar como magíster sin haber convalidado el título configura delito de ostentación de grado académico? [Casación 843-2019, Apurímac]

c) Inaplicación de los artículos V del  Titulo Preliminar y 38 numeral 38.5 de la Ley N° 27809,  Ley  General del Sistema Concursal, aduce el recurrente que Ia Sala Civil  Permanente de la Corte Suprema desconoce el principio de colectividad, afectándose con ello todo el funcionamiento del mecanismo concursal, al permitir que un acreedor, a diferencia del resto de acreedores, ingrese al  procedimiento  concursal  de  su  deudor  con  créditos  que  no  están fehacientemente demostrados, y con la certidumbre absoluta de que aun cuando   dichos   créditos   existieran   su   cuantía   es   manifiestamente excesiva, con lo cual se prioriza el interés individual de cobro de un solo acreedor, perjudicándose a los demás; aduce ademas la inaplicación del articulo 38, de la Ley referida, sostiene el impugnante que dicha norma establece  la  obligación  de  la  Autoridad  concursal  de  investigar  la existencia, origen, legitimidad y cuantía de los créditos controvertidos o dudosos,  a  fin  de  garantizar  la  vigencia  de  la  transparencia  en  un procedimiento  concursal   y de   los   principios   de universalidad, proporcionalidad y colectividad; en consecuencia, el recurrente incide en señalar que  sostener como lo hace la Sala de merito que las AFP están legitimad para solicitar el reconocimiento de créditos ante la Autoridad concursal, sobre la base de una presunta (denominada “remuneración asegurable máxima”), sin atender a que la existencia y cuantía de tales acreencias no están acreditadas, significa obviar las competencias que dicha  Autoridad  tiene  de  investigar  los  créditos  y,  de  ser el  caso, desestimar su reconocimiento, cuando se determine objetivamente que  no existen,  o que carecen de legitimidad, o que siendo existentes y  legitimas, su cuantía es absolutamente irreal y/o desproporcionada.

[Continúa…]

[También te puede interesar: Actuaciones administrativas en el marco del derecho administrativo global]

Descarga el PDF completo aquí