Tutela de derechos: ¿Cómo tener éxito?

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Tutela de derechos

HERNAN RUIZ BRAVO

(Abogado litigante)

La tutela de derechos es una institución del proceso penal peruano, reciente, nueva, que no existía en Código de Procedimientos penales de 1940, fue creada con la finalidad de proteger derechos constitucionales y legales de los sujetos al interior del proceso penal –etapa de investigación preparatoria y de manera excepcional en la etapa intermedia cuando existe acusación directa, para de esta manera evitar que las partes acudan al proceso constitucional (acción de amparo, habeas corpus). La tutela de derechos es un mini proceso constitucional, si se quiere llamarlo, que está a cargo de un Juez de Investigación preparatoria (JIP), denominado también juez de garantías.

En doctrina y jurisprudencia ha existido discusión respecto de los derechos que se protege mediante esta institución, siendo posible identificar dos posturas: (a) cerrada y (b) amplia o abierta. La primera sostenía que mediante tutela solo es posible proteger derechos informativos ¿Cuáles? Los previstos en el numeral 3 del artículo 71° del Código Procesal Penal (CPP); la segunda sostenía que es posible proteger otros derechos distintos a los previstos en el Art. 71° del CPP, siempre que no tengan una vía procedimental propia para exigir su protección ¿Cuáles no podrían ser objeto de tutela? El control de plazo de diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada, inadmisión de diligencias sumariales solicitadas por la defensa técnica, reexamen de la intervención de las comunicaciones telefónicas.


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La postura que ha ido ganando terreno actualmente ha sido la abierta, porque entendió desde sus inicios que la tutela de derechos surgió para tutelar derechos constitucionales y legales de los sujetos procesales al interior del propio proceso penal, porque si la tutela solo sirviera para proteger derechos informativos los sujetos del proceso van a terminar acudiendo al proceso constitucional y eso es lo que se ha querido evitar siempre. Para poner en evidencia que esta postura ha ido ganando terreno conviene hacer referencia al Acuerdo Plenario 4-2010/CJ-116 que permite vía tutela de derechos excluir material probatorio obtenido ilícitamente, por otro lado, la Sala Especial de la Corte Suprema ha establecido el derecho al fiscal y juez predeterminado por ley, y últimamente la inclusión de la mesa pericial de trabajo.

Una de las características de la tutela de derechos es la residualidad y la subsidiaridad, ello significa que se debe recurrir a ella solo cuando existe una infracción de parte del fiscal o la Policía que ya fue consumada y que esa vulneración no tiene un mecanismo especifico propio para ser denunciado o controlado por el imputado (formal o material –lqrr). Entonces, la primera advertencia para acudir en vía de tutela es verificar que no existe otro mecanismo especifico en el CPP que permita la defensa del derecho vulnerado, porque si existe otro mecanismo, el investigado tiene que acudir a éste en vez que a la tutela. 

Es importante precisar que mediante la tutela se busca el restablecimiento del status quo del derecho vulnerado con el requerimiento o la disposición fiscal, para garantizar dicho restablecimiento existen tres modalidades de tutela: (a) la tutela correctiva, que permite poner fin al agravio; (b) tutela reparadora, que procura reparar el derecho vulnerado ya sea por la acción u omisión, como por ejemplo subsanar una omisión y (c) tutela protectora. Resulta importante conocer esta distinción porque si se trabaja desde la defensa técnica hay que precisar al juez de investigación preparatoria de manera clara cuál es nuestra pretensión en nuestro escrito de tutela.


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Para formular una tutela de derechos el Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116 ha precisado el iter procedimental que se debe cumplir primero, en un primer momento hay que acudir con el fiscal y solicitarle que realice las subsanaciones correspondientes de su disposición, sin embargo, si es fiscal no atiende el pedido oportunamente o la desestima, entonces se tiene que acudir ante el juez de investigación preparatoria. Acudir ante el fiscal es un requisito de procedibilidad; el segundo momento tiene lugar cuando se acude ante el JIP, quien luego de revisar los requisitos de procedibilidad y conforme a la naturaleza del derecho vulnerado considerará programar día y hora para llevar acabo la audiencia de tutela de derechos o simplemente resolver sin necesidad de llamar a una audiencia.

Por último, para tener éxito en nuestra tutela de derechos es importante: (a) identificar el acto lesivo realizado por la Fiscalía o la Policía, (b) determinar el derecho especifico que ha sido vulnerado mediante la disposición o requerimiento fiscal o la actuación de la PNP, no el derecho genérico como el debido proceso o la tutela jurisdiccional sino el derecho en específico; (c) identificar que el derecho vulnerado no tenga un mecanismo propio para su reclamación –residualidad y,  por ultimo (d) precisar si nuestro pedido de tutela conforme a naturaleza del acto lesivo debe ser correctivo, de reparación o de protección.