Tutela de derechos: ¿Una indebida acumulación puede afectar el derecho de defensa y debido proceso? [Apelación 8-2022, Ucayali]

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Tutela de derechos Apelación 8-2022, Ucayali

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Tutela de derechos. Acumulación de acciones 

Sumilla: 1. Los cargos objeto de diligencias preliminares están concretados a nueve fiscales que habrían efectuado pagos periódicos al fiscal-presidente Jara Ramírez para que se mantengan en el cargo. Tal delimitación se produjo a raíz de una separación de imputaciones acordada al amparo del artículo 51, del Código Procesal Penal.

2. El remedio procesal de tutela de derechos puede ser ejercitado por el imputado en el curso de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada, siempre que, entre otros supuestos, no se respeten sus derechos. Es evidente que uno de los derechos, de jerarquía constitucional, es el de defensa, desarrollado legalmente, de modo genérico, en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal; y, otro, de semejante jerarquía, es el del debido proceso, en el que uno de sus derechos instrumentales es el respeto de la legalidad procesal en aquellos ámbitos esenciales que determinan la actuación de los sujetos procesales (incluido el juez) y otro la observancia del plazo razonable como consecuencia de una imputación concreta o precisa, circunscripta, que permita el adecuado ejercicio de la defensa procesal y la delimitación más específica del objeto de investigación, uno de cuyos efectos es precisamente el respeto al principio de celeridad procesal [ex artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil]. 

[Lee también: Tutela de Derechos: interpretación del secreto de las investigaciones preliminares [Casación 373-2018, Corte Suprema]

3. Una acumulación de acciones, inicial o sucesiva, pueda afectar el entorno jurídico de un imputado. Ello será posible si y solo si la acumulación vulnera patentemente la ley y produzca una efectiva indefensión material –una merma irrazonable de sus posibilidades de actuación– o importe, por la acumulación misma, un grave retardo, injustificado, en la solución de la causa. 

Lima, cuatro de julio de dos mil veintidós.

AUTOS y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por el encausado NOE PANTIGOSO MEDRANO contra el auto de primera instancia de fojas ochocientos cincuenta y uno, de quince de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró improcedente la solicitud de tutela de derechos que planteó; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal que se le sigue por delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado. Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

§ 1. DE LOS CARGOS OBJETO DE IMPUTACIÓN 

PRIMERO. Que los hechos que dieron lugar al procedimiento penal del encausado NOÉ PANTIGOSO MEDRANO, a mérito de la disposición fiscal once, de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, son como siguen: 

∞ 1. Caso “Cuota trimestral” En el Distrito Fiscal de Ucayali, entre los meses de enero y marzo de dos mil diecinueve, se produjo un cese de contratados de suplencia de asistentes administrativos, un total de veinte puestos. Se atribuyó que los asistentes administrativos y de función fiscal fueron apartados del trabajo por no cancelar la cuota trimestral que debían proporcionar al presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Luis Alberto Jara Ramírez, la cual ascendía, según los casos, entre tres, cinco, seis y doce mil soles, monto que era recibido por diferentes intermediarios del indicado fiscal–presidente Jara Ramírez. 

[Lee también: ¿Se puede apartar al fiscal mediante una tutela de derechos? [Casación 1232-2018, El Santa]

∞ 2. Sub Caso: “Cuota Goycochea Silva, Valles Murrieta Pantigoso Medrano y Ramírez Tuanama” El fiscal Luis Alberto Jara Ramírez, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali, según los cargos, realizó cobros en cuotas, durante el año dos mil diecinueve y los primeros meses de dos mil veinte, a varios trabajadores del Ministerio Público por haber sido designados asistentes en función fiscal, administrativos o, incluso, fiscales. Es el caso, entre otros, del asistente administrativo Steven Badyr Goycochea Silva y de los Fiscales Adjuntos Provinciales Jean Carlos Valles Murrieta –propuesto por el presidente de la Junta de Fiscales de Ucayali, mediante oficio 145-2019-MPPJFS-DF-UCAYAI, de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, para cubrir la plaza correspondiente y designado fiscal mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 938-2019 MP-FN–, Noé Pantigoso Medrano –designado por Resolución de la Fiscalía de la Nación 410-2018-MP-FN, de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho– y Henry Ramírez Tuanama. Estas personas, para mantenerse en su cargo, realizaban dichos pagos. El registro de los pagos era apuntado por Jara Ramírez en un cuaderno en el que consignaba a alguna de las personas que debían efectuarlos por su designación. Concretamente uno de los nombres que figuraba anotado era “Noe”.

[Continúa]

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