Tutela de derechos y exclusión de dosaje etílico

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Datos del autor

Luis F. Aguirre Cierto

Asistente legal en litigios penales del Estudio Jurídico “AguíA & Asociados”

Sumario: 1.Introducción, 2.Definición de la tutela de derechos, 3.Derechos que protege la tutelad e derechos, 4.Derecho a la defesa técnica como principio-derecho y garantía fundamental del debido proceso, 5.Diligencias Preliminares e Imputado, 6.Tutela de derechos en diligencias preliminares y exclusión de prueba ilícita de dosaje etílico, 7.Conclusiones.

Introducción

El presente artículo se basa en la institución de tutela de derechos que se encuentra en el título II “El imputado y el abogado defensor” regulado en el artículo 71 del Código Procesal Penal (CPP) el mismo que trata especialmente sobre la exclusión del dosaje etílico vía tutela de derechos en dirigencias preliminares.

Primero: definición de la tutela de derechos.

La Tutela de Derechos en definición es un mecanismo procesal de protección y/o corrección de derechos en favor del imputado frente a la actividad de investigación de la Policía Nacional y del Ministerio Público, los mismos que pudieren haber vulnerado- dentro de los actos de investigación- algún derecho constitucional, específicamente los que regula el art. 71 del CPP.

“Un aspecto vital que es de destacar es que la tutela de derechos es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del statu quo de los derechos vulnerados, que encuentra una regulación expresa en el NCPP, y que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción -ya consumada- de los derechos que asiste al imputado. Como puede apreciarse, es un mecanismo o instrumento procesal que se constituye en la mejor vía reparadora del menoscabo sufrido, y que incluso puede funcionar con mayor eficiencia y eficacia que un proceso constitucional de habeas corpus [ALVA FLORIRAN, Cesar A. (2004) La Tutela de Derechos en el Código Procesal Penal del 2004. Lima, Gaceta Jurídica, p. 13].                                     

Segundo: derechos que protege la tutela de derechos.

Los derechos del imputado -llamados también derechos informativos- que son pasibles de tutela, se encuentran perfectamente señalados en el art. 71 del CPP  siendo los siguientes: (i) conocimiento de los cargos incriminados, (ii) conocimiento de las causas de la detención, (iii) entrega de la orden de detención girada, (iv) designación de la persona o institución a la que debe avisarse de la detención y concreción inmediata de esto, (v) posibilidad de realizar una llamada, en caso se encuentre detenido, (vi) defensa permanente por un abogado, (vii) posibilidad de entrevistarse en forma privada con su abogado, (viii) abstención de declarar o declaración voluntaria, (ix) presencia de abogado defensor en la declaración y en todas las diligencias que requieran su concurso, (x) no ser objeto de medios coactivos, intimidatorios o contrarios a la dignidad, ni ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren la libre voluntad, (xi) no sufrir restricciones ilegales, y (xii) ser examinado por un médico legista o por otro profesional de la Salud, cuando el estado de salud así lo requiera.

Así también el Acuerdo Plenario 04-2010/CJ-116 nos da un plus, el cual es, la posibilidad de (xiii) excluir material probatorio que haya sido obtenido ilícitamente, entendiéndose ello con vulneración de los derechos que el art. 71 o mediante procedimientos ilegales o viciosos.

Tercero: derecho a la defesa técnica como principio-derecho y garantía fundamental del debido proceso.

El derecho a la defensa desde las primeras diligencias de investigación forman parte de la garantía de un sistema garantista que enarbola nuestro estatuto Procesal Penal, entendiendo así que “La defensa del imputado, “[…] a través del asesoramiento de un profesional abogado, es un derecho constitucionalmente reconocido por el art. 139 de la Constitución Política del Estado, la norma procesal penal novísima la plasma como uno de los principios fundamentales en su art. IX del Título Preliminar” [Tomas A. Gálvez Villegas, Hamilton Castro Trigoso, William Rabanal Palacios; Código Procesal Penal Comentado, comentarios descriptivos, explicativos y críticos, julio 2013]

La intervención del abogado en las distintas etapas del proceso, es trascendente. En las mismas diligencias preliminares a cargo de la policía supone el “control de la legalidad de la actuación policial, y en buena medida, una garantía sobrevenida y por eso, conveniente de cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico” (ORE GUARDIA: 1993, P.305)

Cuarto: diligencias preliminares e imputado

Si bien el Código Procesal Penal del 2004 establece en su artículo 329.1 con el nomen iuris de Formas de iniciar la Investigación, que El fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. Promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes.[1] Ello con la finalidad inmediata de realizar los actos urgentes o inaplazables; mientras que el art. 330.2 del mismo cuerpo legal, señala que la fiscalía inicia sus diligencias preliminares – de manera informal, sin ninguna disposición de investigación preliminar- con dos actos de investigación, una seguida de otra, el primero destinado a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y el segundo acto, es determinar si el hecho es delictuoso, es decir, reviste los caracteres de delito.

Es esa línea de ideas, la Casación 66-2010, Puno deja en claro desde que momento se está dentro de una investigación penal; señalado “Que, el cómputo de plazo de las diligencias preliminares se inicia a partir de la fecha en que el Fiscal tiene conocimiento del hecho punible, y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra”[2]

En cuando a la calificación de “imputado”, lo que nos debemos preguntar es ¿desde cuándo una persona tiene la calidad de imputado?

En un primer momento la Corte Suprema estableció como Doctrina Jurisprudencial Vinculante que “la calidad de imputado se establece desde que existe la atribución de un delito en contra de un ciudadano por una disposición de formalización de investigación preparatoria conforme con el inciso 1 del artículo 336 del Código Procesal Penal. Pudiendo ejercer los derechos que le reconoce la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal”[3]

Ya en el dos mil diecinueve, la Corte Suprema – dentro de un bloque de acuerdos plenarios- emitió el Acuerdo Plenario 3-2019/CJ-116, el asunto fue sobre “La procedencia de la medida de impedimento de salida del país en la investigación preliminar”; lo que nos interesa para este trabajo, lo encontramos en los ff. jj. 36 y 37  donde la Corte Suprema sostiene que:

[…], si normativamente se precisa que las diligencias preliminares también son propiamente investigación preparatoria y que la denominación de “imputado” también alcanza al sujeto pasivo de las diligencias preliminares, no es de recibo sostener la existencia de una interpretación extensiva o analógica. b) Como puede verse, el propio Código Procesal Penal en que trata como imputado al involucrado, de uno u otro modo, en una causa penal de las diligencias preliminares, tan es así que el apartado 4 del artículo 336 de CPP denomina “imputado” a aquel contra quien se dictó las diligencias preliminares, a tal extremo que estipula que puede producirse en determinados supuestos la acusación directa (sin formalización de la investigación preparatoria). Asimismo, dicha calificación como “imputado”, antes de la formalización de la investigación preparatoria, también fluye de la redacción de los artículos 71 y 72 del CPP referidos expresamente a sus derechos.

Y para terminar recalcando ello, la Corte Suprema, citando al Juez Supremo Cesar San Martin Castro, añade que: “[…] La condición de imputado –legitimación pasiva- se adquiere cuando se es objeto de una imputación por la comisión de un hecho punible, directa o indirecta, formal o informalmente. […] La Constitución (art. 139.14) no exige un acto formal de imputación, solo exige que la persona perfectamente identificada y determinada, sea citada o detenida por la autoridad. Su debida identificación ha sido abordada en el Acuerdo Plenario Nº 7-2006/CJ-116, de 13 de octubre de 2006[4].

Con esto queda plenamente marcado que la condición de imputado se adquiere desde las primeras diligencias de investigación, ya sea formal, con una disposición de diligencias preliminares; o con una informal desde que la fiscalía toma conocimiento de una noticia criminal. Tal es así que el propio CPP en los artículos 71 y 72 se les denomina imputados desde las diligencias preliminares.

Quinto: Tutela de derechos en diligencias preliminares y exclusión de prueba ilícita de dosaje etílico.

Siendo este el punto más importante de este trabajo, toca desarrollarlo exhaustivamente.

Se debe dejar en claro que queda expedito la solicitud de tutela derechos ante el juez de investigación preparatoria (juez de garantías) cuando en la etapa de diligencias preliminares se vulnere algún derecho consagrado en el artículo 71 del CPP -dejando en claro que la investigación preliminar puede ser formal o informal-, el problema radica en los actos de investigación informales, donde el fiscal o la PNP tiene conocimiento de un hecho presuntamente delictivo o cuando se realizan actos de investigación con fines de prevención de delitos. Es por ello que el razonamiento de la Corte Suprema en la Casación 168-2016, Huancavelica, llega a ser -en estos tiempos- totalmente errado, al confirmar la resolución del ad quo que basa su decisión esencialmente en lo siguiente: “Por lo que el peticionante de la tutela de derechos, no tiene la calidad de investigado o imputado por el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sino más bien es objeto de un procedimiento administrativo por estar inmerso en un accidente de tránsito, por lo que no le alcanza la garantía prevista en el artículo setenta y uno, inciso cuatro, del Código Procesal Penal; en tal virtud la solicitud de que se excluya la prueba de intoxicación de sangre, resultado de la extracción de muestra de sangre no resulta procedente.[5] Pues ese razonamiento no es aceptable ya que de los mismos hechos se desprende que el representante del Ministerio Público (Fiscal) realizó actos de investigación señalados en los art. 329.1 “El fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste de caracteres de delito. […] y el art. 330.2 “Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosita. […]; es decir, que el solicitante de tutela –Casacionista- ya se encontraba dentro de un proceso penal y por ende se deben aplicar las reglas del Código Procesal Penal y tener expedita la vía de tutela de derechos para que el JIP dicte la medida de corrección solicitada por vulneración al art. 71.2 lit. e) derecho a no sufrir restricciones no autorizada ni permitida por la ley;  y no como señala la Corte Suprema, que pese a la participación del Ministerio Publico –de manera informal, sin disposición- en las diligencias preliminares y haber realizado actos de investigación, se resuelva de que el solicitante de tutela se encontraba dentro de un procedimiento administrativo y es por ello que no le alcanza ninguna institución del sistema procesal penal.

A contrario sensu la interpretación de otro Juez de Investigación Preparatoria es más aceptable en cuanto a la invocación de la tutela de derechos, recayendo dicha interpretación en el Expediente: 00868-2019-2-0201-JR-PE-02 del 29 de mayo del 2019-Huaraz, donde el JIP con mayor criterio se pronuncia sobre el momento en el cual una persona tiene la calidad de imputado y por consiguiente tiene expedita la solicitud de tutela de derechos cuando sus derechos son vulnerados; ya sea en diligencias preliminares con actos urgentes o inaplazables o en la etapa de Inv. Formalizada; desarrollando bajo un criterio bastante aceptable que sí es posible la exclusión prueba de dosaje etílico vía tutela por vulneración al derecho a la defensa en actos urgentes o inaplazables, señalando que […]en tal sentido no se ha dejado constancia que el Representante del Ministerio Público haya notificado a un abogado defensor de libre elección del imputado o […], haya solicitado la presencia de un abogado de la Defensa Publica para garantizar el derecho de defensa del imputado y la regularidad de las actuaciones del personal policial y del Representante del Ministerio Público, evidenciándose una restricción al derecho de defensa del imputado[6], de ello se desprende que si bien es cierto ningun derecho es absoluto y que por tratarse de un acto urgente o inaplazable se debe prescindir de un defensor; también debe tenerse en cuenta que si el imputado solicita expresamente la presencia y asesoramiento de un abogado, ello no se le puede negar por ser un derecho que le es otorgado por la Constitución Política de Perú y el CPP, sin importar el acto de investigación que se realice o trate de realizar.

Se podría decir que la presencia de un abogado defensor en el acto procesal de prueba de dosaje etílico es irrelevante, por no ser este un conocedor en la materia (medicina) y peor aún sería esperar a que dicho defensor llegue hasta el establecimiento de sanidad, ya que en ese lapso podría desaparecer gradualmente el alcohol de la sangre; pero esto no genera mayores problemas, ya que la jurisprudencia nos ha dado una solución para casos parecidos a este, pudiendo aplicarse el Método Wittman para cuando exista demora en la extracción de sangre para obtener un resultado (%) de alcohol en la sangre.

Conclusiones

Finalmente, de lo analizado se sienta una base teórica donde el imputado pueda acudir al Juez de Garantías por medio de la tutela de derechos para solicitar la exclusión de la prueba de dosaje etílico. Ya con pleno conocimiento de que la persona inmersa en una investigación en diligencias preliminares tiene la calidad de imputado, y que, si en el procedimiento de extracción de dosaje etílico se vulneran los derechos que consagra el art. 71 del CPP, se tiene expedito la solicitud de tutela de derechos. 


[1] Código Procesal Penal (2018), editorial RODHAS SAC. p. 508 y509

[2] Casación 66-2010, Puno. SÉTIMO: Que, el cómputo de plazo de las diligencias preliminares se inicia a partir de la fecha en que el Fiscal tiene conocimiento del hecho punible, y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra.

[3] Sentencia Casatoria Nº 134-2015- Ucayali. 16 de agosto del 2016. Vigésimo. Entonces, la calidad de imputado se establece desde que existe la atribución de un delito en contra de un ciudadano por una disposición de formalización de investigación preparatoria conforme con el inciso 1 del artículo 336 del Código Procesal Penal. Pudiendo ejercer los derechos que le reconoce la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal.

[4] Acuerdo Plenario 3-2019/CJ-116. Fundamento jurídico  37 y 38

[5] Casación 168-2016, Huancavelica. Fundamento: 2.2.3. Por lo que el peticionante de la tutela de derechos, no tiene la calidad de investigado o imputado por el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sino más bien es objeto de un procedimiento administrativo por estar inmerso en un accidente de tránsito, por lo que no le alcanza la garantía prevista en el artículo setenta y uno, inciso cuatro, del Código Procesal Penal; en tal virtud la solicitud de que se excluya la prueba de intoxicación de sangre, resultado de la extracción de muestra de sangre no resulta procedente.

[6] EXPEDIENTE: 00868-2019-2-0201-JR-PE-02 del 29 de mayo del 2019-Huaraz.