Tutela de derechos y la imputación concreta [Apelación 173-2023, Suprema]

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Tutela de derechos y la imputación concreta

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Sumilla. 1. El remedio procesal de tutela de derechos, según el artículo 71, apartado 4, del CPP, se justifica cuando, entre otras razones, sus derechos, de rango constitucional u ordinario, no son respetados en el curso de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada. Uno de ellos es el derecho al conocimiento de los cargos, que integra la garantía de defensa procesal (artículos IX, apartado 1, del Título Preliminar y 71, apartado 2, literal ‘a’, del CPP). 

[Lee también: TC: Cosa Juzgada en Procesos de Tutela de Derechos [Expediente N.º 03471-2016-PA/TC]

2. El artículo 336, aparado 2, del CPP estipula, como requisito material, que la disposición de formalización de la investigación preparatoria contendrá los hechos y la tipificación específica correspondiente, tras la previa determinación de los mismos y de su delictuosidad (artículo 330, apartado 1, del CPP); además, es un presupuesto para la acusación y la procedencia del juicio oral. Por lo demás, en una línea progresiva, compatible con la dinámica de la acción penal, del ineludible avance de las investigaciones, la acusación debe contener una relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores (artículo 349, apartado 1, literal ‘b’, del CPP) –ha de relatarse el hecho tal y como lo vería un observador imparcial, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la conducta se realizó, así como, en la medida de lo posible, desde una perspectiva evolutiva los hechos o circunstancias previas, concomitantes y posteriores–. 3. La disposición, aprobada judicialmente, dio cuenta de los hechos relevantes ocurridos el siete de diciembre de dos mil veintidós, de lo que habría realizado el recurrente Castillo Terrones y, desde el tipo delictivo de rebelión, de las órdenes que habría emitido a la Policía Nacional –cerrar el Congreso y detener a la Fiscal de la Nación– y de lo que podría subsumirse en el concepto de alzamiento en armas para variar la forma de gobierno y modificar el régimen constitucional –el contenido del mensaje a la nación, detallado en la disposición, objetivamente, importaba la ejecución de un plan en ese sentido–. 

[Lee también: TC: Finalidad de los procesos de tutela de derechos [Expediente N.° 02526-2015-PHC/TC]

De tal modo que no es atendible estimar que la relación de los hechos es vaga o genérica –lo nuclear se consignó– y que, por ello, no era posible estructurar una defensa eficaz. En la disposición se detalló el comportamiento del imputado en una razonable línea de tiempo e, incluso, se hizo referencia, a los elementos investigativos que aportaron la información con la que se construyó la formalización de la investigación preparatoria.

Lima, veintidós de enero de dos mil veinticuatro.

AUTOS y VISTOS; en audiencia pública: el recurso de apelación interpuesto por el encausado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES contra el auto de primera instancia de fojas ciento cuarenta y uno, de doce de junio de dos mil veintitrés, que declaró infundada la solicitud de tutela de derechos que presentó; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal incoado en su contra por delitos de rebelión y otros en agravio del Estado. Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO 

§ 1. DE LOS CARGOS OBJETO DEL PROCESO PENAL 

PRIMERO. Que, según la disposición de la señora Fiscal de la Nación de fojas dieciséis, de trece de diciembre último, los hechos penalmente relevantes serían los siguientes:

[Continúa …]

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