Tutela de derechos y notificación de las grabaciones autorizadas de comunicaciones [Apelación 80-2021, Corte Suprema]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Tutela de derechos y notificación de las grabaciones autorizadas de comunicaciones 

Sumilla: I. Desde una interpretación de concordancia práctica, el artículo 71.1 del Código Procesal Penal no puede ser entendido como habilitante o amplificado sin límites, para que el justiciable, en cualquier situación o estado de cosas en que considere que se vulneró algún interés propio, acuda al juez de investigación preparatoria, sino solo para aquellas vulneraciones que pertenecen al marco limítrofe de su potencia de interdicción (residualidad), conforme al fundamento jurídico 14 del Acuerdo Plenario número 04-2010/CJ116. II. No es de recibo la interpretación que ofrece el apelante del artículo 231.3 del Código Procesal Penal, en el sentido de que “todo lo actuado” sea entendido como el íntegro de las carpetas fiscales (in totum) solo por estar vinculado a los casos “Castañuelas de Rich Port” y “Cuellos blancos del puerto”, sino que la notificación exigida posee una comprensión acotada a la revelación suficiente; es decir, solo puede referirse a las grabaciones de comunicaciones que fueran pertinentes y concernientes a la imputación penal de la investigación preparatoria del proceso supremo y a su marco fáctico, delimitado por la Fiscalía Suprema. 

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III. Por todo lo referido, el recurso interpuesto resulta infundado, debido a que no corresponde a la jurisdicción del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emitir decisión alguna sobre las actuaciones concernientes a los Expedientes números 2903-2017-84-0701-JR-PE-01, 318-2018-18-0701-JR-PE-01 y 1032-2018-0701-JR-PE-01, o cualquier otra investigación que no esté bajo su competencia y, menos aún, volver a decidir lo que ya ha sido decidido. En consecuencia, debe confirmarse la decisión venida en grado.

Lima, veintidós de agosto de dos mil veintidós.

AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del investigado CÉSAR JOSÉ HINOSTROZA PARIACHI contra la Resolución número 19, del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno (foja 1262-tomo III), dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró improcedente la solicitud de la defensa técnica del recurrente investigado, de notificarle todos los audios obtenidos de la medida limitativa de derechos del levantamiento del secreto de las comunicaciones, autorizada en los Expedientes números 2903-2017-84, 318-2018-18-0701-JR-PE-01 y 1032-2018-0701-JR-PE-01, en la investigación que se le sigue por el delito de organización criminal y otros; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo LUJÁN TÚPEZ.

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CONSIDERANDO

§I. Del procedimiento en primera instancia suprema

Primero. Del pedido del recurrente. Por escrito recibido el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno (foja 1072-tomo III), el recurrente, al amparo del numeral 3 del artículo 231 del Código Procesal Penal, solicitó que –antes de que se lleve a cabo la audiencia de reexamen que se encuentra pendiente de programar–, se ordene a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos que se le notifique todos los audios obtenidos como consecuencia de la medida limitativa de derechos de levantamiento del secreto de las comunicaciones, intervención, control y otros, de números telefónicos en tiempo real e histórico, geolocalización e incorporación del número telefónico celular 952 967 103, autorizado en su contra en los Expedientes números 2903-2017-84, 318-2018-18-0701-JR-PE-01 y 1032-2018-0701-JR-PE-01.

Agregó que, por resoluciones judiciales recaídas en cada uno de los mencionados expedientes, se dispuso que, una vez que se hayan obtenido los resultados de la medida, se le notifique a la parte afectada; a dicho mandato se le dio cumplimiento parcial, por cuanto la medida ya se ejecutó y se recabaron todos los audios, pero no se cumplió con entregar todas las grabaciones efectuadas durante seis meses a la línea telefónica 952 967 103. Precisó que la defensa no tiene todas las grabaciones en su poder, sino que solo se le notificaron algunas de ellas, y que faltan muchas que se vienen utilizando en la Carpeta Fiscal número 8-2018, a cargo de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, así como en otras investigaciones preparatorias y preliminares; lo cual constituye afectación a la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, en su variante de eficacia de las resoluciones judiciales, y al derecho de defensa.

[Continúa…]

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