Últimos alcances sobre la detención domiciliaria [Casación 484-2019, Corte Especializada]

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Últimos alcances sobre la detención domiciliaria

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SALA PENAL PERMANENTE

Sumilla

Alcances sobre la detención domiciliaria

La detención domiciliaria es una medida de coerción procesal personal alternativa a la prisión preventiva. Su imposición se produce por sustitución de aquellos casos en los que corresponda la medida más gravosa, atendiendo a las condiciones personales del investigado que lo sitúen como vulnerable, y por el manifiesto riesgo para su integridad física en caso de que se disponga su internamiento en una cárcel pública.

La resolución de un mandato de detención domiciliaria no es una decisión que se adopte por descarte ante la falta de elementos o insuficiencia de alguno de los presupuestos materiales de prisión o su baja intensidad. En ambas medidas de coerción se exige la acreditación suficiente de los peligros, diferenciando su régimen en virtud de las circunstancias personales del investigado, en relación con el principio de humanidad de las penas. Así pues, sin tener una condena de primera instancia, no se puede enviar a prisión a una persona mayor de sesenta y cinco años, a quien padece una enfermedad grave e incurable, a quien sufra incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento o a una madre gestante; sino, alternativamente, a su domicilio, salvo que se demuestre que tales características no constituyen impedimento para que una persona sometida a investigación o proceso eluda u obstruya la acción de la justicia.


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–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, diecinueve de diciembre de dos mi diecinueve

VISTOS: en audiencia pública, el recurso de casación por inobservancia de norma procesal interpuesto por Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés contra el auto de vista, expedido el catorce de febrero de dos mil diecinueve  por los  jueces  que  integraron la  Segunda  Sala  Penal  de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, en el extremo en el que confirmó la resolución de primera instancia, emitida el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho por el juez del Primer Juzgado   de   Investigación   Preparatoria   Nacional,   que   declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva e impuso a la recurrente el mandato de arresto domiciliario por el plazo de treinta y seis meses bajo reglas de conducta y fijó el pago de una caución de S/ 20 000 (veinte mil soles).

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Fundamentos de la impugnación

El auto de calificación emitido el seis de septiembre de dos mil diecinueve1 da cuenta de que el recurso fue concedido para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial de las siguientes materias: i) determinar si la procedibilidad para confirmar una detención domiciliaria debe estar sustentada en elementos de convicción que no guardan relación con el delito de lavado de activos, y ii) precisar si la declaración de un testigo protegido, que sustenta una detención domiciliaria, debe ser corroborada con otros elementos de convicción, y señalar el estándar o test de corroboración/verificación exigible para evaluar la declaración de un testigo.

Denuncia que se habría producido la inobservancia de normas legales sancionadas con nulidad, toda vez que se expidió un mandato de detención domiciliaria sin la debida evaluación de sus presupuestos materiales, previstos en los artículos 268 y 290 del Nuevo Código Procesal Penal –en adelante, NCPP–.

Segundo. Imputación fáctica y origen de responsabilidad

Se imputa a Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés la presunta comisión del delito de lavado de activos en su forma agravada por haber realizado actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero consistente en la suma de USD 1 200 000 (un millón doscientos mil dólares americanos) provenientes de fondos ilícitos producto de actos de corrupción de la empresa Odebrecht, en su condición de tesorera alterna del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

Por ello, haciendo uso de sus atribuciones como tesorera alterna y con las tesoreras titulares, y por disposición de la presidenta de dicho partido, Keiko Fujimori, habría realizado actos de lavado de dineros entregados por la empresa Odebrecht a través de sus líderes y colaboradores. En tal virtud, recibió de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Cámere la suma de USD 1 000 000 (un millón de dólares americanos), de cuyo origen ilícito tenía conocimiento porque se trataba de una empresa que recurría, de gobiernos anteriores del Perú y otros países, a actos de corrupción para verse beneficiada por los regímenes de turno para hacerse de obras públicas sobrevaluadas; por lo que habría usado la estructura, nombre y organización de Fuerza 2011 para el lavado de activos provenientes de Odebrecht en el contexto de las elecciones generales realizadas en el Perú entre los años dos mil diez y dos mil once.

Asimismo, la imputada recibió la suma de USD 200 000 (doscientos mil dólares americanos) de Odebrecht con la participación de José Ricardo Briceño Villena, como expresidente de la Confiep, quien también solicitó dinero a la empresa brasileña para que ingresara de forma indebida en su campaña del año dos mil once.

En tal sentido, como secretaria nacional de actas y tesorera de Fuerza 2011, Tarazona Martínez de Cortés conocería la realidad sobre las actividades proselitistas, como por ejemplo la Gran Rifa y Los Cocteles, en las que supuestamente se habrían recaudado grandes sumas de dinero. También se tiene conocimiento de que habría realizado los depósitos de S/ 140 000 (ciento cuarenta mil soles) y USD 88 140 (ochenta y ocho mil ciento cuarenta dólares americanos) tanto el cinco como el once de mayo de dos mil once a las cuentas del partido liderado por Keiko Fujimori. Para ello, habría elaborado los informes de rendición de cuentas del partido Fuerza 2011, los cuales fueron modificados suspicazmente en diversas ocasiones con la finalidad de ocultar los dineros de procedencia ilícita, en que se ha advertido la existencia de personas que transportaban el dinero y también de personas que niegan haber realizado aportes,  que  no  tienen  capacidad  para  hacerlo  o  que  no  han  justificado  los montos y aquellas que han fraccionado o “pitufeado” sus puestos aportes.

Finalmente, se ha recurrido a actos contra la fe pública, toda vez que se realizaron depósitos con suplantaciones y falsedad material en los recibos de aportación. Se advierte que Tarazona Martínez de Cortés tuvo mayor participación en la organización de las actividades proselitistas, en las cuales –se sospecha– se ingresaron al tráfico de dinero ilícito los dineros de Odebrecht, dado que se ha identificado con declaraciones testimoniales que la procesada tuvo en su poder dinero en efectivo producto de “aportes”, y sería ella quien, con la colaboración de personas aún no identificadas, materializó la colocación de los dineros ilícitos en las cuentas del partidos Fuerza 2011 mediante la suplantación de aportantes.

En cuanto a la forma agravada de lavado activos, el Ministerio Público sostiene que Tarazona Martínez de Cortés actuó como integrante de una organización criminal, específicamente como administradora de los activos ilícitos, fungiendo de tesorera alterna desde el dos mil nueve.


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Tercero. Itinerario del proceso

3.1.     El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho el señor fiscal representante del primer despacho del “Equipo especial de fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros” formuló el requerimiento de prisión preventiva, entre otras personas, contra Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés.

3.2.     Efectuada la audiencia de primera instancia ante el Primer Juzgado de Investigación    Preparatoria    Nacional    de    la    Ex    Sala    Penal    Nacional, mediante resolución del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva antes mencionado;  sin  embargo,  se  declaró  el  impedimento  de  salida  por  el periodo de treinta y seis meses, así como el arresto domiciliario por el mismo periodo.

3.3.     Esta decisión fue impugnada tanto por el representante del Ministerio Público como por la defensa de Tarazona Martínez de Cortés, conforme da  cuenta  el  auto  de  calificación  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  – obrante en los folios 924 a 932–, lo cual determinó el avocamiento de los jueces    de    la    Segunda    Sala    Penal    de    Apelaciones    de    la    Corte Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, quienes luego de llevada a cabo la vista de la causa para el quince de diciembre de dos mil dieciocho expidieron el auto confirmatorio en el que ratificaron la vigencia del mandato de detención domiciliaria.

3.4.     Inconforme  con  la  determinación  de  segunda  instancia,  únicamente  la abogada de Tarazona Martínez de Cortés interpuso recurso de casación, el cual fue declarado bien concedido mediante el auto de calificación del seis de septiembre de dos mil diecinueve –folios 103 a 107 del cuaderno de casación–. Luego se concedió a las partes la oportunidad para presentar alegatos ampliatorios, sin que ninguna los hubiera propuesto. En cumplimiento de lo establecido en el inciso 1 del artículo 431 del NCPP, se señaló como fecha para la audiencia de casación el doce de diciembre pasado, y en ella intervino únicamente la abogada Fanny Paola Uchuya Donayre en representación de Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, quien oralizó su pretensión casatoria. Culminada esta, se produjo la deliberación de la causa en sesión privada, en la que fue debatida. Tras la votación respectiva y al obtener el número de votos necesarios, este Colegiado Supremo acordó pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura se dará en audiencia pública en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Motivo casacional y objeto de pronunciamiento

1.1.     El inciso 2 del artículo 429 del NCPP prevé el siguiente motivo casacional:   “Si    la    sentencia    o    auto    incurre    o    deriva    de    una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad”.


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