Una revisión a la cadena perpetua en el Perú. A propósito del proyecto de Ley 5744-2020 ¿Viabilidad?

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Yordi Torres Almeyda[1]

Angie Jiménez Aburto[2]

Resumen                                           

El presente artículo la aplicación de la cadena perpetua en el Perú, a raíz del proyecto de ley 5744-2020 presentado ante el congreso; debido a la alta incidencia de criminalidad antes y durante los tiempos de confinamiento por el Covid-19, por ello, analizaremos su viabilidad como sanción penal de los delitos de homicidio calificado, feminicidio, sicariato y violación sexual.

Palabras claves

Cadena perpetua, proyecto de ley 5744-2020, modificación, Código Penal, alta criminalidad.

Introducción

En el mundo, la violencia predomina en la convivencia social, según cifras de criminalidad, el índice de la paz global del 2020 brindado por el Institute for Economics and Peace, donde determina que la conflictividad en el mundoha aumentado un 244% en la pasada década y que lo seguirá haciendo tras la crisis de la COVID-19[3]

El Perú, no solo afronta la pandemia, ante lo cual, prevalece la imperiosa necesidad de salvaguardar el derecho fundamental a la salud de las personas, sino, que hace muchos años lucha contra los altos índices de criminalidad por delitos de violencia contra la mujer, violencia familiar, feminicidios, homicidios, sicariatos, violaciones sexuales contra menores de edad, robos agravados con subsecuencia de muerte, entre otros, y que son presenciados a través de los titulares de noticias diariamente, resultando indignante para la sociedad, pero hasta común, debido a la frecuencia de su concurrencia.

Las cifras escalofriantes de criminalidad son un fiel reflejo de la “cruda” realidad del país, y analizando el panorama del contexto vivido durante los tiempos de aislamiento social obligatorio, entendiéndose que, la violencia se encuentra improntada en nuestra realidad, pues, ni la situación actual pudo evitar la criminalidad, ni tampoco eludir que los propios hogares continúen convirtiéndose en escenarios de crímenes. 

Al respecto, se han realizado modificaciones normativas orientadas al endurecimiento de penas e inclusive para delitos de mayor concurrencia se acoge la aplicación de cadena perpetua considerada una pena tasada, objeto de revisión cada 35 años. Tema que ha generado gran controversia jurídica, respecto del análisis de las ventajas y desventajas de su impacto o repercusiones socio-jurídicas, considerando que un Estado social de derecho tiene como prioridad la tutela de derechos fundamentales, y la no afectación del fin resocializador del condenado como principio consagrado constitucionalmente.

Situación distinta ha merecido la adopción de la pena de muerte, estimada como la mayor de las sanciones penales en una nación, por ello, analizaremos en contrario sensu con la cadena perpetua a fin de determinar entre ellos el remedio punitivo más viable encaminado a evitar el incremento de la criminalidad en país.

Finalmente, la regulación actual admite la aplicación de la pena de cadena perpetua para delitos específicos, los mismos que se pretenden ser modificados por el proyecto de ley Nº5744-2020, a su vez, resulta menester analizar la viabilidad de dicha reforma, debido a que implica contemplar como pena única por la gravedad de los hechos, y la necesidad de decisiones judiciales que se rigen en base en los principios de proporcionalidad, razonabilidad, siendo necesario dotar de instrumentos jurídicos  para aplicar debidamente la extrema pena, en un estado de derecho.

  1. La cadena perpetua en el ordenamiento jurídico peruano

Dentro del ordenamiento jurídico peruano, el Código Penal Peruano contempla a la cadena perpetua en su artículo 29, estableciendo que “La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años”.

Por otro lado, en el Título III, Capítulo II, artículo 50° del mismo cuerpo legal, nos encontramos a lo que se refiere al concurso real de delitos: “Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente está.

De la lectura del mencionado artículo, recogido en la parte general del código sustantivo, es entendida como la máxima expresión de imposición del ius puniendi por la comisión de un delito, debido a la gravedad de los hechos que estas puedan ocasionarse. Además, en el caso del concurso de delitos, y cuando se encuentra contemplado como pena solo se podrá aplicar la cadena perpetua. Es decir, en la determinación judicial de la pena, luego del desarrollo de un proceso penal en el marco de las garantías procesales, se impondrá la sanción correspondiente, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, la concurrencia de los supuestos establecidos por el Código positivo, es decir, el juez en base a un criterio fáctico y jurídico podrá aplicar la cadena perpetua  para los delitos establecidos y cuando el procesado merece  dicha sanción, por la gravedad de los hechos, las repercusiones del daño generado a la víctima, y porque representa un peligro para la sociedad.

Actualmente, la cadena perpetua se viene aplicando en el Perú por la comisión de las siguientes conductas delictivas:

El delito de robo agravado regulado en el artículo 189 del Código Penal, donde señala dos supuestos para la aplicación de cadena perpetua: (i) Cuando el autor del delito sea integrante de una organización criminal, (ii) Cuando se cause la muerte o lesiones subsecuentes del robo agravado

El delito de sicariato, contemplado en el artículo 108-C del Código Penal cuando concurran los siguientes supuestos: (i) Cuando la víctima menor de edad, (ii) Cuando sea por cumplimiento de una organización criminal, (iii) Cuando haya la participación de dos o más sicarios esto se contaría como crimen organizado, (iv) Cuando se presente la muerte de dos o más personas, (v) Cuando se utilicen armas de guerra.

En el delito de secuestro, siendo también un delito grave, se condena con cadena perpetua en los siguientes casos: (i) Cuando se trate de un menor de edad o mayor de setenta años, (ii) Cuando sufre discapacidad, (iii) Cuando se causa lesiones graves o muerte al agraviado.

Ahora bien, mediante la promulgación de Ley Nº 30819 en julio del año 2018, se implementa al código penal peruano la pena de cadena perpetua para el delito de feminicidio, ante la concurrencia de dos o más agravantes, entre ellos: (i) Cuando la víctima sea menor de edad, (ii) Cuando la víctima se encontraba estado de gestación, (iii) Cuando la  víctima alguna discapacidad, (iv) Cuando la víctima fue sometida para fines de trata de personas, (v) Cuando la víctima sufrió previamente una violación sexual o algún acto de mutilación, (vi) Cuando el autor del delito era el tutor de la víctima. 

Asimismo, tratándose del delito violación sexual, también será posible la aplicación de cadena perpetua, bajo los siguientes supuestos: (i) Realicen trata de personas y producto de ello un agravado fallece, (ii) Cuando la víctima sea menor de 10 años, (iii) Cuando la víctima sea menor de 14, el autor del delito sea su tutor, (v) Cuando la víctima sea menor de 14 años con subsecuencia de muerte o lesión grave. 

Y finalmente es posible su aplicación por el delito de extorsión contra un menor de edad. 

Según el Decreto Legislativo Nº 921 se establece el régimen jurídico de la cadena perpetua y dispone su revisión de parte o de oficio, cuando el condenado haya cumplido 35 años de privación de libertad, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo V del Código de Ejecución Penal, por orden del órgano judicial al Consejo Técnico Penitenciario en un plazo de 15 días expediente y solicitará se le practiquen exámenes correspondientes al condenado.

En todos los supuestos antes mencionados, cabe la aplicación de la pena de cadena perpetua, considerando las distintas modificaciones del Código Penal Peruano que se han venido realizando durante los últimos años, enfatizando en los delitos contra la vida, cuerpo y la salud, para dotar de herramientas jurídicas acordes al contexto actual, aunque parte del sector doctrinario discrepa con dichas variaciones normativas, pues considera que afecta el fin resocializador del condenado. Sin embargo, la problemática que nos aqueja hoy en día y de la cual hemos sido gravemente afectados además de la aparición de esta terrible enfermedad del Covid-19, es sin duda la criminalidad del feminicidio y la violencia en un contexto de relación familiar, dados en tiempos de aislamiento social obligatorio.

  • Cifras de criminalidad en tiempos de coronavirus
  • Cifras de feminicidio en el Perú
Cuadro N°1: Comparativo de los casos con características de feminicidio atendidos por los servicios del Programa Nacional AURORA  
 
 
Mes / año   2020 2019
Enero   20 15
Febrero   12 14
Marzo   5 13
Abril   10 13
Mayo   10 11
Junio   9 17
Total   66 83
 

Según la Revista France 24, se señala que dentro de nuestro país en los meses de marzo a mayo del presente año se registraron 12 feminicidios y 225 violaciones sexuales, de las cuales 132 eran menor de edad, todas ellas se encontraban en aislamiento, confinadas y desprotegidas ante sus asesinos o violadores. Aunado a ello, el 60% de los casos de feminicidio ocurren en el hogar, de acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público[4].  Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha establecido que entre el 16 de marzo y el 15 de mayo, se registraron 13 feminicidios consumados, 10 tentativas y 8 muertes violentas aún no esclarecidas. El MIMP, entre el 16 de marzo al 5 de mayo, reportó 12 feminicidios y 20 tentativas de feminicidios; y el Ministerio Público, por su parte, entre el 16 de marzo y el 26 de abril, en base a detenciones, registró 7 feminicidios y 19 tentativas[5].

Años   Feminicidio              
2009   139              
2010   121              
2011   93              
2012   83              
2013   131              
2014   96              
2015   95              
2016   124              
2017   121              
2018   149              
2019   166              
2020 a/   66
Total   1,384

(*) MIMP. Reporte estadístico de casos con características de feminicidio1/ atendidos por los servicios del programa nacional AURORA.

Ahora bien, uno de los principales factores que acarrea el acontecimiento de estos índices delictivos en nuestro suelo patrio es lo que expresa la CIDH, la Corte IDH y la ONU: la cuarentena, el aislamiento o distanciamiento social y las restricciones de movilidad exacerban la violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes al interior de una vivienda, pues las obliga a convivir con su agresor.

  • Cifras de los delitos violencia familiar y violación sexual

En un segundo plano, encontramos la estadística de la fiscalía donde resulta, igualmente, valiosa para identificar el número de detenidos por esta violencia. Así, por agresiones y lesiones graves contra la mujer o integrantes del grupo familiar, durante el período antes referido, son 3,763 y en el caso de violación sexual, son 346 detenidos. Si esto se compara con las llamadas a la Línea 100 del MIMP, que, al 10 de mayo, registró cerca de 28,000 casos de violencia, el desfase es evidente.

Desde el 16 de marzo hasta el 15 de julio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendió al menos 900 casos de violación sexual en el país. De todas las víctimas, el 71% fueron menores de edad: 600 niñas y adolescentes mujeres y 40 niños y adolescentes varones. Es decir, cinco menores ultrajadas cada día en los últimos cuatro meses[6].

Como se puede apreciar, a pesar de las limitaciones sanitarias en las que nos encontramos, existe una cruda realidad de violencia familiar y los números revelan importantes aspectos sobre esta materia. En el panorama general, tenemos que la inseguridad ciudadana no sólo está en las calles, sino en los hogares. En muchas oportunidades, el agresor es un familiar o alguien cercano a la víctima. Lo segundo, es que, si en tiempos ordinarios, la cifra oculta es alta, en este contexto de pandemia, se agudizan los obstáculos para denunciar. Esto se constata en el increíble desfase entre las denuncias que recibe la fiscalía (y las detenciones a los agresores) y las llamadas que recibe la Línea 100, que según declaraciones de la ministra Gloria Montenegro, en comparación al mismo período analizado en 2019, ha aumentado casi el doble.

Otro punto estadístico y que pone en alerta nuestro marco social versa en el análisis comparativo de la cifra de fallecidos por contagio del COVID-19 en función al sexo, un 71.92% son hombres y un 28.08%, mujeres. Esto se vincula a la inclinación de los primeros a interacciones de riesgo, y a un menor cuidado respecto de sí y su entorno (Mannarelli et al., 2020), lo que, tiene un correlato en mandatos de masculinidad (ergo, en el sistema de género). En el caso de las mujeres, la letalidad viene más por los efectos secundarios de las medidas adoptadas para contener la expansión del virus. La violencia anclada en esta estructura de género no sólo no cesa, sino que se confina en espacios cubiertos por el velo de la privacidad, pero, además, se encuentra desplazado en el orden de prioridades ante una emergencia que pone en jaque a la humanidad.

En consecuencia, claramente nos encontramos en un escenario muy complicado donde no solo es inevitable combatir la propagación, contagio y recuperación del Covid-19 en nuestro país, sino que además, tenemos otra pandemia por batallar que es la lucha contra el feminicidio, violencia en contexto de violencia familiar y violaciones sexuales en todas sus modalidades. Las cifras ya descritas solo conllevan a tomar las riendas del asunto siendo necesario y por la urgencia de la situación adoptar ciertas medidas severas y de carácter riguroso para frenar así definitivamente esta ola de crímenes que acarrea en nuestro país.

Y, asumiendo la realidad peruana, esto último representa el otro tipo de pandemia que hasta la fecha sigue cobrando muchas víctimas en todo lo ancho de nuestro territorio nacional.

  • Proyecto legislativo 5744-2020-CR

El 9 de julio del presente año, el parlamentario Jesús del Carmen Núñez Marreros presentó ante el congreso el proyecto legislativo 5744/2020-CR que propone la pena de cadena perpetua para violadores y asesinos, ello implica la modificación de los artículos 107°, 108, 108°-b, 108°- c, 170°, 171°, 172° y 177° del Código Penal vigente, el cual se encuentra en la Comisión de justicia y Derechos Humanos.

El proyecto de ley presentado se fundamenta en la necesidad de hacer frente a la criminalidad, puesto que considera que la regulación actual no cumple los estándares propuestos. Además, precisa entre sus fundamentos:

  • La aplicación de la máxima sanción que nuestro ordenamiento jurídico propone.
  • La vulneración de derechos fundamentales de la víctima. 
  • Los efectos de las secuelas del daño generado a las víctimas.
  • Fortalecimiento del sistema normativo peruano.
  • Herramientas jurídicas proporcionales a la realidad peruana.

El proyecto legislativo propone que el reo permanezca toda su vida en prisión, lo que implica la dureza de la sanción, parte del sector doctrinario considera que afecta la resocialización del condenado, inclusive la califican de extrema, cruel; sin embargo, ante el contexto actual merece especial tratamiento, debido a que se estaría dotando de instrumentos jurídicos necesarios y acordes a la coyuntura actual.

  • La pena de muerte en el Perú
  • Concepción y alcances generales

La cadena perpetua y la pena de muerte, figuras punitivas tasadas, calificadas de severas, representan las máximas sanciones que un estado social y democrático de derecho pueda aplicar, radicando su fuerza intimidatoria sobre la gravedad de los hechos delictivos cometidos.

De esta forma, consideramos que resulta necesario abordarse el tema de la pena de muerte en su sentido social, criminal y legal para llegar a comprender con mayor profundidad la naturaleza de estas medidas y/o sanciones penales en un contexto general.

En un primer plano, diremos que dentro del amplio mundo lingüístico existen muchas nociones sobre lo que se entiende por Pena Muerte –y que no es para menos– ya que valga decirlo es un asunto muy debatido en todas las ramas de las ciencias. Es por ello que, desde el ámbito jurídico, la pena de muerte es la sanción jurídica más drástica, destructiva e irreparable, las más rigurosa de todas, que se aplica al sujeto que ha infringido la ley penal. En otras palabras, consiste en quitar la vida de un condenado, previo proceso judicial y con las debidas garantías que exige el ordenamiento legal.

En otra opinión, JESCHECK señala que la Pena de Muerte desde el punto de vista político- criminal, no es necesaria, pues no tiene eficacia intimidatoria a diferencia de la prisión perpetua. Y en ese mismo sentido se encuentra Cessare Beccaria, destacado jurista penal, que señala lo siguiente: “No es, pues, la pena de muerte derecho, cuando tengo demostrado que no puede serlo, es sólo una guerra de la nación contra un ciudadano, porque juzga útil o necesaria la destrucción de su ser”[7].

Desde otra apreciación, Raúl Carranca Trujillo, concibe que la Pena de Muerte es un tratamiento que el Estado impone a un sujeto que ha cometido una acción antisocial o que representa una peligrosidad, pudiendo ser o no ser un mal para el sujeto[8].

En virtud de lo anterior, podemos decir que esta medida punitiva, representa si no, la mayor de las sanciones penales que existe alrededor del mundo, que se da ante la comisión de un hecho delictivo considerado grave y antisocial, la cual es adoptado por castigar con la muerte de la persona.

Ahora bien, dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional la pena de muerte se encuentra regulado en el artículo 140º de nuestra Carta Constitucional de 1993, la cual versa de la siguiente manera: “La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.

Dicha concepción fue fundado y radica indudablemente a los múltiples tratados internacionales de Derechos Humanos donde el Perú ha formado parte, siendo el más emblemático el de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)  ratificado  por nuestro país en Julio del año 1978; asimismo, a raíz de este acuerdo, en el apartado 2 del artículo 4 se establece que los países que forman parte respeten el Principio de Progresiva Supresión de la pena de muerte, ¿qué es lo que significa? que no se podrá modificar, regular y aplicar esta medida para otros casos diferentes a los señalados en la Constitución Política del Perú, es decir solo en situación que una persona haya incurrido en traición  a la patria en tiempo de guerra o en terrorismo se podrá sancionar con esta medida, quedando excepto de regular hacia otras circunstancias.

De modo que, adoptar esta sanción punitiva dentro de nuestro propio marco normativo ha significado connaturalizar con nuestra propia cultura social, convenciones globales de carácter humanitario y sobre todo de buscar otros remedios de menor gravedad para alcanzar así el tan anhelado orden social.

  • ¿Cuál de estas sanciones punitivas resulta viable?

Teniendo en cuenta el panorama general de la realidad del país que afronta la lucha contra la violencia contra la mujer, la violencia familiar, feminicidios, homicidios, violaciones sexuales, conforme han sido contrastados con las alarmantes cifras del antes y durante el confinamiento debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la nación por la aparición del Covid-19, representan el otro lado de la pandemia que aún no logramos erradicar. Muy por el contrario, hasta la fecha, no se evidencia mayor sanción penal que logre en concreto disminuir esos índices delictivos, pese a que ya se aplica la cadena perpetua para algunos delitos de dicha envergadura, pero como alternativa de pena aplicable, es decir, solo ante la concurrencia de algunos supuestos.

En el ordenamiento jurídico peruano, respecto de las sanciones aplicables a los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, considerando la gravedad de los hechos, la magnitud del daño y la vulneración  del bien jurídico protegido se presentan dos dilemas jurídicos a resolver en el tema materia en cuestión, el primero versa en la necesidad de determinar el remedio punitivo aplicable acorde al contexto actual y el segundo versa en analizar la viabilidad de la cadena perpetua como posibilidad de modificación del Código Penal vigente.

De la problemática esbozada, se entiende del primer dilema jurídico, que, aunque por mucho tiempo, la pena de muerte fue el centro de debate considerándose como el remedio eficaz para hacer frente a esta problemática, sin embargo, experiencias pasadas y el contexto de formar parte en un nuevo marco constitucional, así como convencional, rechazan totalmente la posibilidad de su aplicación en todos sus extremos, es decir, puede considerarse resuelto.

Pero, ante la necesidad de que se ciñen nuevos caminos y la adopción de medidas severas al respecto, surge la llamada “cadena perpetua”, que como hemos mencionado, tiene una regulación tasada en nuestro ordenamiento jurídico penal para ciertos casos específicos. Bajo este supuesto y siguiendo la línea de pensamiento por parte del legislador, lo que se busca es adoptar esta medida para persuadir al delincuente y evitar la comisión de estos delitos que lamentablemente siguen en aumento sin importar las circunstancias en que nos encontremos ahora.

Ubicándonos de esa forma, ante el segundo dilema jurídico, sobre la aplicabilidad de la cadena perpetua, modificando la regulación de los mismos delitos en los que ya se aplica, pero, ahora sería la única sanción a imponerse, cuando se hubiera comprobado la responsabilidad penal, considerando  que existen posiciones en contra de la cadena perpetua, aduciendo que dicha sanción punitiva transgrede principios constitucionales y penales como el fin resocializador de la pena y sus alcances generales; resulta necesario señalar al mismo tiempo, que el principio defensa de la persona humana y el respeto de dignidad como pilar de los derechos conexos en nuestro país resultan gravemente vulnerados por las olas de crímenes (feminicidios, violaciones sexuales, violencia familiar) que se cometen diariamente, valiéndose los delincuentes del confinamiento social obligatorio para llevar a cabo sus bajos instintos delictivos.

Dicho esto, observamos como parte de la criminalización primaria y dentro de la política criminal de un Estado Social y Democrático de Derecho, que existe un claro mensaje de enfrentar a la criminalidad, en todos sus aspectos. Situándose, la cadena perpetua como aquella alternativa oportuna para hacer frente a la criminalidad en los delitos considerados graves. No olvidemos que la persona humana es el fin supremo de toda sociedad y estado, y bajo ese contexto, se tiene que adecuar las decisiones judiciales, siempre dentro de las garantías del debido proceso.

Finalmente, la propuesta legislativa se sitúa dentro ese lineamiento, dotar de herramientas eficaces hacia los operadores de justicia (en este caso a los jueces penales) de castigar severamente a los culpables mediante la aplicación de cadena perpetua, aplicando un criterio regido por los principios de proporcionalidad, razonabilidad ante la comisión de delitos dados en mención líneas arriba, para así alcanzar el orden social que como país debemos aspirar de ahora en adelante; aunque pueda parecer una medida extrema dicha modificación del Código penal.

Estamos conscientes de la complejidad que reviste la aplicación de la cadena perpetua específicamente en delitos comunes, sin embargo lo consideramos “viable”, no solo en la búsqueda del restablecimiento del orden social, y de esa forma una convivencia social pacifica, erradicar la tan arraigada criminalidad no será tarea de un día, sino que se trata de intensificar el proceso de la lucha contra la problemática jurídica mediante la implementación de instrumentos jurídicos, quedando en manos de los jueces la aplicación correcta en los casos que resulte necesario, considerando el sistema garantista y los derechos y garantías procesales que le asisten a los investigados durante el desarrollo de la investigación penal, todo ello, dirigido a la obtención de una sentencia judicial justa y acorde a derecho, que imponga una sanción proporcional a los hechos, producto de un análisis jurídico en un estado social y democrático de derecho.

Conclusiones

 La presente investigación permite concluir los siguientes términos:

  1. En el Perú, las cifras escalofriantes de criminalidad son un fiel reflejo de la “cruda” realidad del país, y analizando el panorama del contexto vivido durante los tiempos de aislamiento social obligatorio, entendiéndose que la violencia se encuentra tan improntada en nuestra realidad, pues, ni la situación actual pudo evitar la criminalidad, ni tampoco eludir que los propios hogares continúen convirtiéndose en escenarios de crímenes. 
  2. En el ordenamiento jurídico peruano, respecto de las sanciones aplicables a los delitos contra la vida el cuerpo y la salud, considerando la gravedad de los hechos, la magnitud del daño y la vulneración  del bien jurídico protegido se presentan dos dilemas jurídicos a resolver en el tema materia en cuestión, el primero versa en la necesidad de determinar el remedio punitivo aplicable acorde al contexto actual y el segundo versa en analizar la viabilidad de la cadena perpetua como posibilidad de modificación del Código Penal vigente.
  3. La pena de muerte y la cadena perpetua, consideradas las máximas expresiones de punibilidad que puede establecer un estado de derecho, se distinguen, la primera implica vulnerar el derecho a la vida del condenado, resultando inconcebible a todas luces su aplicación en el país, a diferencia de la cadena perpetua que implica mantener de por vida al reo en prisión, ya se viene aplicando para algunos delitos.
  4. El proyecto legislativo 5744-2020 dota de herramientas eficaces hacia los operadores de justicia (en este caso a los jueces penales) de castigar severamente a los culpables mediante la aplicación de cadena perpetua, aplicando un criterio regido por los principios de proporcionalidad, razonabilidad ante la comisión de delitos dados en mención líneas arriba, para así alcanzar el orden social que como país debemos aspirar de ahora en adelante; aunque pueda parecer una medida extrema dicha modificación del Código penal, en el marco de un Estado social de derecho.

Referencias normativas:

Constitución Política del Perú de 1993

Código Penal Peruano de 1991

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)

Proyecto legislativo 5744-2020-CR


[1]Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

[2]Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

[3]Ser. Estos son los países más peligrosos del mundo para vivir en 2020. Recuperado de: https://cadenaser.com/ser/2020/06/15/internacional/1592196857_862354.html

[4]https://www.france24.com/es/20200509-repunte-feminicidios-durante-pandemia-aislamiento-covid19

[5]             QUESADA GAYOSO, Josefina Miró. Asesora de la Alta Dirección de la Defensoría del Pueblo. Artículo “Violencias de Género contra mujeres en tiempos de COVID-19”. Edición Nº 31, 27/05/2020.

[6]PEREYRA COLCHADO, Gladys.  Diario “El Comercio”.19 de Julio del 2020. Recuperado de:https://elcomercio.pe/lima/sucesos/cinco-menores-son-violadas-cada-dia-desde-que-empezo-el-estado-de-emergencia-violencia-contra-la-mujer-mimp-noticia/

[7]BECCARIA, Cessare, Tratado de los delitos y las penas. Traducido al español por D. Juan Antonio De las Casas, Edición 1774, Madrid.

[8]ARROYO FOCIL, Rafael, la pena de muerte, tesis, México, 2002, división de ciencias penales, departamento de derecho, P.p. 13-15.