Usurpación: ¿cuándo se protege la posesión pacífica? [Revisión de Sentencia 330-2020, Cajamarca]

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Usurpación posesión pacífica Revisión de Sentencia 330-2020, Cajamarca

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Título. Revisión. Usurpación 

Sumilla: 1. Lo relevante del caso es que se trata de un delito de usurpación, de suerte que el examen probatorio está circunscripto a establecer si se cumplieron las exigencias del tipo delictivo en cuestión. Este delito tutela la posesión pacífica de un bien inmueble, no la propiedad; ni siquiera el mejor derecho de propiedad, solo el pacífico y tranquilo disfrute de un bien inmueble, entendido como ausencia de perturbación en el ejercicio de la posesión o de cualquier otro derecho real sobre el mismo. Luego, no es de recibo examinar elementos probatorios destinados a probar la propiedad o a descartarla. 2. Varias de las pruebas presentadas por el demandante fueron excluidas de la valoración probatoria la Sala de Apelaciones por ser extemporáneas. Asimismo, corrían en autos la copia certificada del documento “hijuela” en papel sello sexto y la declaración jurada del impuesto predial del año dos mil quince y el pago realizado por la agraviada, por lo que no son prueba nueva. De otro lado, la sentencia presentada por el demandante por delito contra la fe pública por la que se condenó al hermano de la agraviada, William Leoncio Pando Salazar, no puede ser valorada porque es una copia simple y, además, no consta que es una sentencia firme. 

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3. Según las resoluciones del Ministerio de Agricultura el predio cuestionado fue afectado con fines de reforma agraria y entregado a la Cooperativa Agraria de Producción “El Rescate” –no se sabe, por falta de pruebas, qué paso con dicha Cooperativa y lo ocurrido con el predio cuestionado tras ese hecho–. Y, según diversas pericias grafotécnicas realizadas en el marco de un proceso judicial los documentos referidos a la posesión invocados por la agraviada serían falsificados. Empero, como estas pericias se realizaron en el curso de un proceso judicial, la determinación de la falsedad debe ser materia de la sentencia firme correspondiente. Esta sentencia, según el material probatorio disponible, no corre en autos; luego, no es posible afirmar la falsedad de los mismos. 4. Si bien las sentencias de primera y segunda instancia cuestionadas en revisión también sustentaron la condena en los documentos cuestionados por el demandante, lo esencial para la legitimidad de la condena es la prueba de cargo exigible desde el tipo delictivo. Y, aun cuando se descarte o excluya dicha prueba por falsedad, lo que se declaró probado por los jueces de mérito tiene como pruebas esenciales, no cuestionadas, las constancias policiales y fiscales, y la declaración de la víctima y del propio imputado, según se indicó en el fundamento jurídico tercero, segundo párrafo.

Lima, veinte de enero de dos mil veintidós.

VISTOS; en audiencia pública: la demanda de revisión interpuesta por el condenado LUIS ALDO CABANILLAS ESPINOZA contra la sentencia de vista de fojas doscientos diecinueve, de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, que confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia de fojas doscientos y seis, de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, lo condenó como autor del delito de usurpación con agravantes en agravio de Martha Vilma Pando Salazar a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de tres años, así como al pago de tres mil soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. 

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Ha sido ponente el señor San Martín Castro. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Que el condenado LUIS ALDO CABANILLAS ESPINOZA por escrito de fojas uno, de nueve de noviembre de dos mil veinte, interpuso demanda de revisión contra la sentencia de vista de fojas doscientos diecinueve, de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, que confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia de fojas doscientos seis, de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, lo condenó como autor del delito de usurpación con agravantes en agravio de Martha Vilma Pando Salazar a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de tres años, así como al pago de tres mil soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. ∞ Invocó como causa de pedir los motivos de prueba falsa y prueba nueva, señalados en el artículo 439, incisos 3 y 4, del Código Procesal Penal –en adelante, CPP–. Sostuvo que, meses después de la condena dictada en su contra, se probó que los documentos presentados por la agraviada Martha Vilma Pando Salazar en el curso del procedimiento de investigación preparatoria seguido en su contra, con las que pretendía probar que era poseedora del terreno cuestionado, habían sido falsificados. En efecto, (1) el certificado domiciliario de veintinueve de agosto de dos mil seis es falso, lo que se acreditó con una pericia oficial y otra de parte – realizadas en la investigación fiscal quinientos treinta y cuatro guión dos mil dieciocho–, de suerte que la firma atribuida al Teniente Gobernador Catalino Cueva Chuquimango no proviene de su puño gráfico.

[Continúa…]

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