Violación a la Tutela Jurisdiccional Efectiva y Derecho de Defensa [Casación 3239-2010, Lima]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE

Lima, diecisiete de enero de dos mil doce.-

LA  SALA  CIVIL  PERMANENTE  DE  LA  CORTE  SUPREMA  DE  JUSTICIA DE  LA  REPÚBLICA; vista  la  causa  número  tres  mil  doscientos  treinta  y nueve –dos mil  diez, en audiencia pública  el  día  de  la fecha  y  producida  la votación,con arreglo a ley, se emite la siguiente resolución.


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1.-MATERIA DEL RECURSO:

Que  se  trata  del  recurso  de  casación  interpuesto  por el  Abogado  de  Héctor Augusto Arakawa Kohatsu, representante de la demandante Consuelo Gladis Arakawa  Kohatsu, a  través del  escrito  de  fojas ochocientos  cuarenta  y  dos, contra  la  resolución  de  segunda  instancia -resolución  número tres-de  foja ochocientos  treinta  y  uno,  de  fecha  doce de  enero  de  dos  mil  diez,  que pronunció la Sétima Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó el auto de primera instancia que declaró concluido el proceso.

2.-FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

Que  el  recurso  extraordinario  se  declaró  procedente  por  resolución  del  diez de octubre de dos mil once, por la primera causal del artículo 386 del Código Procesal  Civil -modificado  por  la  Ley Nº  29364,  publicada  el veintiocho de mayo  de dos  mil  nueve-,  ya  que  el  recurrente  invocó  la: a)Infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil e inciso  3  del  artículo  139  de  la  Constitución Política del  Estado,  y  alega que la resolución de la Sala tergiversa el sentido del petitorio, por cuanto éste se refería específicamente a la suspensión del acto procesal de la audiencia de pruebas, que se regula en el artículo 317 del Código Procesal Civil y no a la  suspensión  convencional  que  el  Juez  señaló  en  la  resolución  número treinta  y  cuatro,  que  prevé  el  artículo  319  del Código Procesal Civil.


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Aduce, que   en el   hipotético   negado   que   fuera   una   solicitud   de   suspensión convencional,  se  vulneraría  su  derecho  al  debido  proceso,  porque  en  la resolución  número treinta  y  cuatro,  se  señaló  una  observación  para  que  se subsane   el   incumplimiento,   que   a   su   criterio   se   refería   al   acuerdo convencional,  pero  no  estableció  plazo  para  la  subsanación  o  para  denegar el  pedido;  agrega,  que  la  resolución  tampoco  señaló  que  la  audiencia programada  para  el quince de  julio  de dos  mil  nueve,  se  llevaría  a  cabo indefectiblemente. Además la resolución aludida, se le notificó el veintiuno de julio  de dos  mil  nueve,  es  decir,  sin  mediar  tiempo,  ni  plazo  para  realizar  la subsanación   dispuesta   por   el   Juzgado,   por   lo   que   dentro   de   ésta circunstancia procesal, no se tendría por válida la audiencia, por el tenor de la resolución número treinta y cuatro aludida; menos aún, se podía aplicar la sanción  de  dar  por  concluido  el  proceso  por  inconcurrencia  de  las  partes; toda  vez,  que  la  impugnada  resolución  número treinta  y  cuatrono  señaló plazo   para   su   cumplimiento,   razón   por   la   que,   señala   que   se   debió requerírsele  el  cumplimiento  y  no  pasar  a  otra  etapa  procesal.  Finalmente refiere que no sólo se dejó de resolver su pedido, sino que además no se le notificó,  lo  que  determina  la  vulneración  de  su  derecho  de  defensa,  porque cualquiera  que  hubiera  sido  la  decisión  de  su  pedido,  tenía  expedito  su derecho para poder alegar o contradecir lo resuelto en su oportunidad, razón por  la  que  se  vulneran  las  normas  glosada,  y  además  invoca  que  se  debió aplicar el principio iuria novit curia.


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