Vulneración de normativa procesal al otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal actuada en primera instancia [Casación 2156-2019, La Libertad]

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Casación 2156-2019

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Sumilla: Vulneración de la normativa procesal al otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal actuada en primera instancia. (i) Existe una limitación impuesta al juzgador de segunda instancia, descrita en el artículo 425, numeral 2, del Código Procesal Penal a fin de no vulnerar el principio de inmediación, esto es, no se puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia.

(ii) En el caso concreto, la vulneración de la citada normativa procesal se ha materializado —es patente—, pues, sin la existencia de nuevo medio probatorio, en la etapa procesal se desvirtuó el valor probatorio de la declaración del testigo impropio y se enervó el valor probatorio otorgado a dicha declaración en primera instancia, la cual fue recabada con las garantías de inmediación y contradicción. Evidentemente, estos detalles configuran la causal 2 del artículo 429 del Código Procesal Penal.

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(iii) Así, de acuerdo con la competencia de este Supremo Tribunal —estipulada en el artículo 433, inciso 1, del Código Procesal Penal—, resulta necesario llevar a cabo un nuevo juicio de apelación por otro Tribunal Superior, con plena observancia de las normas procesales, y adoptar una decisión con arreglo a ley.

Lima, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista, del veinticinco de junio de dos mil dieciocho (foja 193), que por mayoría revocó la sentencia de primera instancia, del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, que condenó al encausado Anthony Jeanpier Barreto Gonzales por la comisión del delito contra el patrimonio-extorsión agravada en grado de tentativa, en agravio Félix Alberto Guevara Miñano, a diez años de pena privativa de libertad y fijó en S/1500 (mil quinientos soles) el monto por concepto de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado; y, reformándola, absolvió al encausado por el delito y agraviado citados; con lo demás que al respecto contiene.

Intervino como ponente la jueza suprema ALTABÁS KAJATT.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Itinerario del proceso en etapa intermedia

1.1. Mediante requerimiento de acusación fiscal del dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 1 y 15, integradas a fojas 17 a 22 del cuaderno de juzgamiento común), la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo formuló acusación fiscal contra Anthony Jeanpier Barreto Gonzales y Daniel Alejandro Barreto Cruzado, como coautores del delito contra el patrimonio-extorsión agravada en grado de tentativa; previsto y sancionado en el artículo 200, inciso b, del Código Penal, concordado con el artículo 16 del citado cuerpo legal, en agravio Félix Alberto Guevara Miñano.

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En cuanto a la determinación de la pena, solicitó catorce años de pena privativa de libertad.

Los hechos materia de imputación son:

1.1. Se imputa a Daniel Alejandro Barreto Cruzado y Anthony Jeanpier Barreto Gonzales haber planificado la extorsión al agraviado Félix Alberto Guevara Miñano, a quien le realizaban llamadas amenazantes y envío de cartas extorsivas, así como atentados materiales a su domicilio (quemado la puerta de su domicilio), en los cuales le exigían el pago de diez mil soles (S/ 10 000) a cambio de no matarlo o atentar contra él y su familia.

Se precisa que Daniel Alejandro Barreto Cruzado fue el sujeto que realizaba las llamadas al agraviado y fue intervenido con el cupo extorsivo inmediatamente después de haber recibido parte de éste.

Siendo la función de Anthony Jeanpier Barreto Gonzales el de haber puesto la visión (identificación de la víctima), ubicación de domicilio del agraviado, planificar y participar en el incendio con gasolina de la puerta de la vivienda del agraviado, e inducir al agraviado a efecto que pague el cupo extorsivo señalando que los extorsionadores eran de la agrupación criminal “La Jauría”.

[Continúa…]

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